Mascarillas Béjar ha ignorado dos oficios de Sanidad que desde el 20 de julio ha pedido a la compañía que deje de producir sus quirúrgicas. La alerta sanitaria se hizo pública el 28 de julio, como desveló El Independiente, pero la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) había retirado la licencia de fabricación a la compañía una semana antes.

Sanidad halló "deficiencias en la fabricación y trazabilidad de los productos y explicó a El Independiente en aquel momento que "la instalación de fabricación no reúne los requisitos que garanticen las condiciones ambientales para la fabricación de productos sanitarios y el sistema de calidad no permite identificar la trazabilidad de los materiales de acondicionamiento utilizados en la fabricación".

Más de un mes después del requerimiento oficial de Sanidad la compañía sigue vendiendo quirúrgicas en su web e ignorando dos requerimientos oficiales. Fuentes del Ministerio de Sanidad indican a El Independiente que "la AEMPS el pasado 20 de julio remitió oficio a la empresa fabricante solicitando el cese de comercialización y retirada de las mascarillas quirúrgicas. A principios de agosto se volvió a contactar con la empresa al haber comprobado  que las mascarillas se seguían ofertando y comercializando en su página web".

Casi un mes después del segundo aviso, que coincidió con la publicación de El Independiente sobre las irregularidades de la empresa, la compañía sigue comercializando las mascarillas y se expone cada vez más al procedimiento sancionador. Así, este viernes desde el Ministerio de Sanidad aseguran que "al no haber retirado a día de hoy la informacion de su página web, se remitirá nuevo oficio a la empresa informándole que si no se procede al cese de la comercialización de las mascarillas fabricadas en sus instalaciones y a la retirada de su web de todas las referencias a mascarillas quirúrgicas, se  iniciará el procedimiento sancionador".

La sanción a la que se expone la compañía, explica Sanidad, puede oscilar entre 30.000 y 90.000 euros en función de criterios relacionados con la negligencia e intencionalidad del sujeto infractor, fraude, connivencia, incumplimiento de las advertencias previas, cifra de negocios de la empresa, número de personas afectadas, perjuicio causado, beneficios obtenidos a causa de la infracción, permanencia o transitoriedad de los riesgos y reincidencia. Se trata de una infracción administrativa en virtud de lo establecido en la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

Además de estas irregularidades en la fabricación de quirúrgicas, El Independiente ha podido comprobar que la compañía manipuló certificados CE de al menos dos modelos de mascarillas FFP2 y que enviaba mascarillas chinas a clientes que habían comprado sus mascarillas, presuntamente fabricadas en Salamanca.