El pleno Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene previsto este miércoles el visto bueno a la reapertura de la central nuclear de Garoña, la más vieja de España y que está cerrada desde hace cuatro años. Y antes de que se apruebe esa decisión, PSOE, Podemos y Ciudadanos exigieron que el presidente del organismo, Fernando Marti Scharfhausen, explicara en el Congreso de los Diputados el expediente.

Pero Marti ha preferido esquivar la comparecencia -ya lo hizo en varias ocasiones en anteriores legislaturas- y no pasará este martes por la ponencia de la Cámara que se encarga de las relaciones con el supervisor nuclear. El pleno del CSN, convocado esta tarde a una reunión de urgencia, ha aprobado que sea la vicepresidenta del centro, Charo Velasco, la encargada de acudir al Congreso.

En cualquier caso, los partidos de la oposición que reclamaron la comparecencia sospechan que Velasco evitará centrar su intervención en explicar las razones del organismo para avalar la reactivación de Garoña, y que se escudará para sortearlo en que la convocatoria oficial del Congreso establece que el CSN debe dar cuenta de los informes de su actividad correspondientes a 2014 y 2015 (tal y como estableció la presidencia de la ponencia de la Cámara, en manos del PP).

La vicepresidenta del CSN, Charo Velasco –nombrada a propuesta del PSOE-, comparecerá pues un día antes de la reunión del pleno en que se aprobarán los informes técnicos que avalan la reactivación de la central nuclear propiedad de Endesa e Iberdrola.

El Consejo de Seguridad Nuclear dará su visto bueno a la renovación de licencia de explotación de la central más vieja de España, que se mantiene cerrada desde finales de 2012 y que ha solicitado reabrir hasta 2031, justo cuando cumplirá 60 años. La dirección técnica del CSN aboga en esos informes por avalar la reapertura de Garoña,  pero imponiendo nuevas condiciones y exigiendo la ejecución de más inversiones para adaptar la central a los criterios de seguridad para operar a largo plazo.

"Exención encubierta" de requisitos a Garoña

La asociación de técnicos de seguridad nuclear (ASTECSN) denuncia que el CSN exigió en 2015 a los propietarios de Garoña reformas para actualizar su nivel de seguridad (nuevo sistema de tratamiento de gases, separación de cables eléctricas, nuevos aislamientos...) y las planteó como condición previa a dar el dictamen favorable a la reapertura. Sin embargo, ahora el organismo se dispone a dar su visto bueno sin que esas modificaciones hayan sido implementadas en la central nuclear.

"La emisión por parte del CSN de un dictamen favorable a la explotación de la central supondría un cambio de criterio del que se desconocen sus fundamentos, dado que no ha habido debates públicos ni las actas del pleno permiten conocer esas deliberación", apuntan los técnicos, lo que "supone de facto una exención encubierta al cumplimiento de los requisitos previos".

De hecho, el propio presidente del CSN en su última comparecencia en el Congreso el pasado noviembre -la anterior se había producido en diciembre de 2014- subrayó que el expediente sobre Garoña en la práctica estaba congelado a la espera de que Nuclenor -la sociedad a través de la que Endesa e Iberdrola controlan la central- no acometiera las modificaciones de seguridad exigidas.

La decisión de avalar la puesta en marcha de Garoña puede acabar siendo crucial para el sector nuclear español al completo, porque el ‘sí’ del CSN supone establecer que no existen impedimentos técnicos para que las centrales funcionen a largo plazo, e incluso hacerlo hasta los 60 años como ya sucede en otros países.