El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avanzó este martes a los sindicatos de la función pública que, de no ser posible la aprobación de los nuevos Presupuestos para 2017, habría que dar continuidad a la prórroga de los de 2016, lo que plantearía un problema legal a la hora de actualizar la Oferta Pública de Empleo (OEP) de funcionarios del Estado para este año.

Esto abre un escenario de incertidumbre entre miles de personas que, según los sindicatos, se encuentran pendientes de qué oposiciones pueden convocarse para por fin presentarse y optar a una plaza de funcionario.

Y es que, entre otras cosas, la OEP establece las necesidades de personal de la Administración General del Estado de cada año y también los límites de reposición de funcionarios en todos los niveles administrativos.

Actualmente, la tasa de reposición es del 100% en el caso de servicios esenciales como la educación, la sanidad o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y del 50% para el resto.

No obstante, la situación también inquieta a los colectivos de maestros o los policías nacionales, pues, aunque no vieron prácticamente congeladas sus plantillas (como se hizo con carácter general) en 2011, sí arrastraron hasta 2015 tasas de reposición de los funcionarios jubilados inferiores al 100%.

No se han repuesto todas las plazas de jubilados durante la crisis

Esto hace que, según los sindicatos, no se haya recuperado todo el empleo perdido en estos ámbitos. Empleo que, sin embargo, habría sido compensado con miles de trabajadores interinos para cubrir los servicios públicos.

En este sentido, la OEP de este año está condicionada por este otro elemento que complica aún más las cosas. La necesidad de consolidar miles de empleos de interinos al calor de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE), que ha puesto en alerta sobre la precariedad de muchos empleos en la Administración.

En otro orden de cosas, los sindicatos suman a sus demandas que las plantillas dentro de la AGE están muy envejecidas, con lo que el ‘agujero’ de personal se puede hacer mucho más grande si no se convocan nuevas oposiciones.

Según datos de CSI-F, actualmente hay 230.000 personas mayores de 65 años en el sector público después de la pérdida de unos 300.000 puestos por la amortización de jubilaciones desde 2011.

Por todo ello, desde la educación, la Policía, pero también la Sanidad y el área de la Seguridad Social vienen clamando por una ampliación de plantillas y  han redoblado las presiones al Gobierno en los últimos días.

Demandas desde la educación

La respuesta no se ha hecho esperar por ejemplo en el ámbito de la educación. Fuentes de FSC-CCOO avisan de que uno de los sectores más necesitados de nuevos efectivos es el de la docencia no universitaria del ámbito estatal, que al mismo tiempo es uno de los que tradicionalmente soportan los mayores niveles de interinidad.

Al mismo tiempo, el sector de educación del sindicato de funcionarios CSI-F "considera inaceptable la incertidumbre que se está trasladando a los miles de interinos y opositores que están esperando noticias para optar a un puesto en la Función Pública Docente".

CSI-F considera "inaceptable" la incertidumbre

El sindicato denuncia una "parálisis en los procedimientos para la aprobación de las correspondientes ofertas de empleo en las comunidades autónomas", ante la ausencia de presupuestos.

En esta situación, el sindicato remitirá en breve al Ministerio de Educación y a los principales partidos políticos con representación parlamentaria un escrito instando a que trabajen con el objetivo de dar una respuesta inmediata a los miles de ciudadanos "que tienen su futuro profesional pendiente de un hilo y que esperan que las ofertas de empleo público docente para el año 2017 sean una realidad".

 La Policía hace horas extras

Otro caso llamativo es el de la Policía Nacional. La renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) acumula esperas de más de dos meses en una docena de provincias españolas debido a la falta de personal.

A finales del pasado mes de octubre, la Dirección General de la Policía ofreció la realización de horas extraordinarias de forma voluntaria a agentes y funcionarios de los cuerpos generales para tratar de desatascar el servicio de expedición del DNI, dado el notable incremento constatado en la renovación de documentos.

La enfermería también pide más efectivos

En el caso de la enfermería, como en la educación, el sector tiene menor peso en el Estado central que en las comunidades autónomas, pues estas competencias están transferidas. Por ello, este colectivo está representado a nivel estatal en Ceuta y Melilla y dentro del colectivo de enfermería de instituciones penitenciarias.

Sin embargo, la responsable de Sanidad de UGT, Gracia Álvarez, explica que la enfermería también está a la espera de lo que pueda ocurrir con la OEP de 2017, puesto que necesita con urgencia más personas en las comunidades autónomas, que aún arrastran las bajas tasas de reposición de años pasado.

Las enfermeras se plantean movilizarse

Según datos del sindicato de enfermería Satse, España se encuentra a la cola de los países de nuestro entorno en lo que a efectivos se refiere, con 5,2 enfermeras por 1.000 habitantes, mientras que la media es de  8,4 en la UE.

Al respecto, Satse reclamará a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, un refuerzo de plantillas y avisa de que está listo para llevar a cabo “distintas acciones de presión y reivindicación a nivel político, administrativo y profesional a lo largo de los próximos meses”.

También hay demandas en Seguridad Social

Pero estos nos son los únicos colectivos afectados por la escasez de personal. El sindicato CSI-F ha denunciado el cierre de 9 oficias de la Seguridad Social en Madrid, Huelva, Valladolid y Valencia por la falta de trabajadores.

El último de estos casos habría tenido lugar este miércoles. Se trata de una oficina situada en el barrio de Tetuán de Madrid, donde cerca de 20 personas atendían al distrito situado en la zona norte de la capital.

"Es solo la punta del iceberg", según el sindicato que dirige Miguel Borra. Según las cifras que maneja, la Seguridad Social pierde un empleado cada cuatro días desde 2012 --un total de 333--, bien porque se han jubilado, bien porque se han trasladado a otro destino por el deterioro de las condiciones laborales.

Si no se pone remedio, avisa el sindicato, la situación empeorará debido al progresivo envejecimiento de las plantillas: de aquí a 2019 saldrán de las plantillas públicas 1.500 empleados, y solo en la Seguridad Social hay 27 oficinas gestionadas por 1,2 o 3 empleados públicos.

Por todo ello, CSI-F, FSC-CCOO y FeSP-UGT demandan la elaboración cuanto antes de una oferta de empleo público, dentro del marco presupuestario, o a través de un Real Decreto. "Rechazamos que una cuestión vital para el mantenimiento de los servicios de nuestro Estado del Bienestar quede al albur de las negociaciones del Presupuesto", lamentan desde CSI-F.