¿Está España obligada a convertir a los interinos en fijos tras la sentencia del TJUE?

Los interinos del sector público son empleados temporales que ocupan plazas de la Administración mientras no se cubren de forma definitiva o mientras dura una necesidad excepcional. En España, este colectivo ha crecido mucho durante años por el uso prolongado de contratos temporales. Estos se han ido haciendo para cubrir necesidades estructurales, lo que ha generado una bolsa de precariedad muy amplia.

El problema no es solo que sean temporales, sino que muchos encadenan nombramientos durante años, incluso en puestos que en realidad son permanentes. Por eso el debate jurídico no gira tanto en torno a si han trabajado, sino a si la Administración ha abusado de esa temporalidad para cubrir necesidades estables.

Su situación actual

La situación de estos trabajadores sigue siendo delicada porque conviven varias vías. Entre ellas, los procesos de estabilización, posibles indemnizaciones, conversiones a indefinidos no fijos y litigios individuales o colectivos. El Gobierno insiste en que ha impulsado reformas y que la temporalidad ha bajado. Sin embargo, los tribunales europeos siguen cuestionando si esas medidas sancionan de verdad el abuso.

En la práctica, muchos interinos siguen esperando una solución definitiva, porque la respuesta administrativa no ha sido uniforme. El propio debate judicial demuestra que no existe hoy una conversión general y automática de todos los interinos en fijos en España.

Qué dijo el TJUE

La nueva sentencia del TJUE, dictada este martes y conocida públicamente en estos días, vuelve a poner en duda el sistema español para sancionar el abuso de temporalidad en el sector público. El tribunal considera insuficientes medidas como convertir al trabajador en indefinido no fijo, dar una indemnización o confiar en determinados procesos selectivos como remedio suficiente en todos los casos.

El punto clave es que Luxemburgo entiende que la figura del indefinido no fijo sigue manteniendo una relación laboral temporal. Por tanto, no elimina por completo la precariedad. Aun así, también recuerda que no le corresponde decidir exactamente cómo debe interpretarse el derecho interno español, y deja esa tarea en manos del Tribunal Supremo y de los jueces nacionales.

Qué reclamaban

Lo que reclamaban los interinos afectados, en esencia, era una sanción real frente al abuso de temporalidad. En muchos casos pedían el reconocimiento de una situación equiparable a la fija o, al menos, una protección efectiva que impidiera que la Administración se beneficiara de años de temporalidad irregular sin consecuencias serias.

También buscaban que no bastara con una indemnización limitada o con soluciones intermedias que no cambian de verdad su situación profesional. El fondo de la reclamación es claro. Si la Administración abusa durante años de una contratación temporal, la respuesta no puede quedarse en un castigo débil o meramente formal.

Entonces, ¿está obligada España?

La respuesta corta es no, no hay hoy una obligación automática y general de hacer fijos a todos los interinos del sector público. Esa es precisamente la posición que ha defendido el Gobierno al valorar el fallo; sostiene que la sentencia no impone esa conversión directa y que la Constitución española sigue exigiendo igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

Pero tampoco puede decirse que España tenga libertad total. El TJUE vuelve a advertir de que el sistema español no parece sancionar de manera suficiente el abuso de temporalidad. Por ello, el país deberá seguir buscando una solución que sea realmente efectiva, proporcionada y compatible con el Derecho de la Unión.

Qué puede pasar ahora

Lo más probable es que aumenten las reclamaciones y que los tribunales españoles tengan que afinar mucho más cada caso. Los expertos ya apuntan a que puede haber más pleitos sobre abuso de temporalidad, impugnaciones de vacantes estructurales y nuevas discusiones sobre qué remedios son aceptables.

En otras palabras, el fallo no cierra el problema, sino que lo vuelve a abrir con más presión sobre el Estado y sobre los jueces. La gran cuestión de fondo sigue siendo la misma: cómo castigar de verdad el abuso sin chocar con las reglas constitucionales de acceso al empleo público.