El ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonzalez, detenido este miércoles en el marco de la Operación Lezo, declarará este viernes en la Audiencia Nacional. Se le atribuye el liderazgo de una organización criminal en el PP regional y la responsabilidad directa sobre un agujero económico de más de 60 millones de euros provocado por su mandato al frente de la empresa pública de gestión de aguas del Canal de Isabel II.

Junto con el ex presidente de la Comunidad de Madrid, fueron detenidas 12 personas este miércoles y de las siete que continuaban arrestadas, dos han pasado a disposición judicial, pero aún se desconocen sus identidades.

Uno de los detenidos es el hombre clave de la trama, Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica y cesado hace un año como presidente de Inassa, filial colombiana del Canal, que gestiona contratos de agua en el resto de países sudamericanos.

Fue arrestada también María Fernanda Richmond, ex directora financiera del Canal, así como el hermano del ex presidente y director de Operaciones de la empresa pública Mercasa, Pablo González, detenido por participar en un supuesto amaño de contratos públicos. No es el único familiar de González arrestado, ya que también se encuentra su cuñado Juan José Caballero por su vinculación en la trama familiar.

El empresario brasileño Sebastiao Cristovam, fundador de Emissao Engenharia e Construçoes y Diego García Arias, gerente de Inassa, cierran la lista de detenciones. Para éste último se ha decretado una orden de extradición al estar radicado en Colombia.

Y en esas pesquisas, además de las detenciones y registros ordenados, el juez ha citado como testigos a cinco personas, incluida la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el consejero de Presidencia y responsable del Canal, Ángel Garrido.

A Garrido le ha tomado declaración por la tarde en la Consejería de Presidencia, mientras que a Cifuentes le ha entregado las preguntas para que conteste por escrito, como permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La denuncia de la Comunidad de Madrid

Ellos llevaron a la Fiscalía en julio de 2016 sus sospechas sobre las presuntas prácticas fraudulentas en la gestión del Canal en la etapa anterior. La Fiscalía Anticorrupción investigaba los hechos desde octubre de 2015, pero en verano del año pasado se judicializó el caso.

Poco después de la presentación de esa denuncia, el actual presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, ordenó el cierre de una decena de empresas que en Latinoamérica tenían poca actividad o ésta no se correspondía con las relativas al ciclo integral del agua.

Una de esas empresas fue la brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, en este caso comprada en 2013. Según una denuncia presentada este mismo año por PSOE, Podemos y Ciudadanos, la empresa Emissao se compró por 21,4 millones de euros, un mes después su patrimonio neto era de 10,6 millones y otro año después tan solo de 5,3 millones.

Otra de las medidas que tomó el Gobierno de Cifuentes fue cesar a Edmundo Rodríguez Sobrino como responsable de la filial del Canal en Latinoamérica al aparecer su nombre en los “papeles de Panamá”.

Los otros citados por el juez como testigos son la jefa de Gabinete de Cifuentes, Marisa González, el actual director general del Canal, Rafael Prieto, y el presidente del grupo Atresmedia y de Planeta, José Crehueras.

Los tres han declarado este miércoles mañana. Ni Marisa González ni Rafael Prieto han querido hacer declaraciones a la salida de la Audiencia Nacional por tratarse de un caso que está bajo secreto sumarial, pero el responsable del Canal ha confirmado que ha explicado al juez la información que en su día aportó a la Fiscalía.

Casals y Marhuenda, en la Audiencia este jueves

El juez también ha citado como investigados al director de La Razón, Francisco Marhuenda, y al presidente de este mismo periódico, Mauricio Casals, a quienes tomará testimonio el jueves. Edmundo Rodríguez Sobrino es consejero de Audiovisual Española 2000, editora de ese periódico.

Está previsto que también comiencen a comparecer ante el juez algunos de los arrestados en esta operación, que ha supuesto la suspensión de militancia de González en el PP.