García-Castellón: "La sociedad vasca no se ha curado del trauma de Miguel Ángel Blanco"

Miguel Ángel Blanco bajaba de un tren en Eibar cuando un comando de ETA lo introdujo en un coche: pocas horas más tarde la organización terrorista anunció que había secuestrado al concejal del PP en Ermua y que el Gobierno disponía de 48 horas para trasladar a todos los presos de ETA a las cárceles del País Vasco. El asesinato del joven edil de 29 años marcó un punto de inflexión en la lucha contra ETA y en la respuesta de la sociedad española frente al terrorismo. Veintinueve años después, el periodista Jon Sistiaga regresa a aquellos días en el documental Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo que se estrena este viernes en Netflix.

Manuel García-Castellón, el juez encargado de la investigación que llegó a firmar hasta tres autos rechazando la prescripción de los hechos, recuerda todavía con precisión las horas posteriores al secuestro de Miguel Ángel Blanco. En conversación con El Independiente, el magistrado rememora cómo, en pleno dispositivo de búsqueda, recibió una llamada del entonces consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa.

"Me dijo que, para esperar la hora, me invitaba a comer algo en un restaurante en Durango, porque realmente llevábamos dos días sin comer. Fuimos a un restaurante y, estando allí –tampoco comimos porque no teníamos ganas–, le llamaron por teléfono a él y me lo dijo. Cogimos un helicóptero y fuimos a San Sebastián", donde Miguel Ángel Blanco acababa de entrar en una camilla en el hospital de Nuestra Señora de Aránzazu, actual Hospital Universitario Donostia.

El relato de García-Castellón también forma parte de la participación en el documental dirigido por Sistiaga y Juanjo López. El juez reconoce que aquellos acontecimientos marcaron de manera definitiva su trayectoria personal y profesional. "Tengo perfectamente claro lo que pasó esos días. El día que ocurrió fue uno de los peores de mi vida".

El magistrado compara aquella sensación con la vivida años antes durante la investigación del caso de Olga Sangrador –la niña de 9 años violada y asesinada en 1992 por Valentín Tejero– cuando todavía existía la esperanza de encontrar a la joven con vida. “Pensé que quizás era posible con una labor intensiva –que duró los dos días enteros–, prácticamente sin dormir y sin comer, para hacer registros en todos aquellos sitios donde la gente, de forma anónima, comunicaba que había algún movimiento sospechoso o alguna persona rara".

Sin embargo, asegura que el momento que más le marcó no estuvo relacionado ni con la investigación ni con la presión del operativo, sino con el encuentro con el padre del concejal de Ermua. El 10 de julio de 1997, cuando regresaba de trabajar, y tal y como recogieron las cámaras de televisión, fueron los periodistas quienes le comunicaron el secuestro de su hijo a las puertas de su domicilio. "Me impresionó profundamente el rato que estuve con él. Fue algo tan grande que nunca lo olvidaré", recuerda el magistrado. "Llegaba de la obra y fueron los periodistas quienes se lo comunicaron. Subió a la casa y yo llegué después. Me lo encontré en una situación de absoluto desconcierto, de no entender qué era lo que estaba pasando. Mis posibles palabras de consuelo eran como hacer una raya en el agua. Nada".

La muerte en directo

García-Castellón vuelve entonces al recuerdo de Olga Sangrador, un caso que, según admite, ya había cambiado su forma de entender la profesión y la vida. Pero sostiene que el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco tuvo una dimensión completamente distinta por la forma en la que el país entero vivió aquellos acontecimientos prácticamente en tiempo real. "Fue la retransmisión de un secuestro y un asesinato en directo, porque realmente lo vivió todo el país desde el minuto uno, prácticamente desde que se conoció que había desaparecido. La tensión emocional en todo el país se fue generando de forma absolutamente geométrica. El problema fue cuánto duró. Pero es verdad que también fue el inicio de algo que vino muchos años después. Esto fue en el año 1997 y ETA no depone las armas hasta septiembre del año 2011. Por tanto pasaron todavía muchos años, muchas víctimas y mucho salvajismo".

Para el magistrado, la imagen del joven edil permanece asociada a una de las heridas más profundas de la historia reciente española.

"Cuando ves una salvajada de ese tamaño, aunque ya había habido muchas, ver cómo a un chico de esa edad unos salvajes le cortan la vida y verlo además en directo, es tremendo. De ese trauma yo creo que la sociedad vasca todavía no se ha curado; no de este asunto solo, sino de tantos. Esa capa ahí está".

"Hay que cuidar la democracia, y cuidarla significa saber, y saber es recordar"

García-Castellón considera imprescindible mantener viva la memoria de aquellos años, y agradece que el documental de López y Sistiaga contribuya a ello. Recuerda, en este sentido, una encuesta realizada en 2020 según la cual el 60% de los menores de 35 años no sabía quiénes eran Ortega Lara o Miguel Ángel Blanco. Por eso cree que es importante que una plataforma como Netflix emita este tipo de trabajos, "para que quien lo desconoce tenga un acercamiento a un hecho que fue absolutamente brutal y que marcó el destino de este país. Se hartaron de matar a gente corriente –guardias civiles, policías nacionales, taxistas, obreros– y cuando decidieron escalar e ir a por los políticos, y a por algún juez también, subir el nivel, lo hicieron de forma bestial".

Para el juez, recordar sigue siendo una obligación democrática y una herramienta contra la repetición de la violencia. "Darse cuenta de lo fácil que es que un grupo de fanáticos coja unas armas y decida que, por ejemplo, Palencia debe ser independiente y que por eso matamos. Hay que cuidar la democracia, y cuidarla significa saber, y saber es recordar".

Retazos de ETA

A juicio del magistrado, las consecuencias sociales y emocionales del terrorismo siguen presentes décadas después del final de la violencia. "Es lo mismo que con una guerra civil, cuyos efectos no se borran cuando acaba la guerra, sino que duran muchos años, incluso cien años, y de hecho lo estamos viendo reflejado en algunas actitudes políticas. El terrorismo, que fue un trauma que se prolongó desde los años 60 hasta 2011, que se dice pronto, claro que ha dejado costuras rotas dentro de la sociedad, y son muy difíciles de curar. Muchas actitudes personales que son normales en el resto de España, en el País Vasco no lo son todavía. Eso me lo cuenta la gente que vive allí y, cuando yo voy, también lo veo. Ha quedado un cierto miedo a opinar de determinados temas de los que sí se puede opinar libremente en el resto de España".

Durante aquellas 48 horas, casi tres días para una sociedad pendiente del reloj, España y, especialmente, Ermua vivieron aferradas a una cuenta atrás marcada por la incertidumbre y la angustia. El 12 de julio se confirmó que el Gobierno no cedería al chantaje de una organización que ya había asesinado a centenares de personas. Cumplido el ultimátum, los secuestradores trasladaron a Miguel Ángel Blanco a una zona próxima a Lasarte, donde Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, le disparó dos balas en la cabeza.

"Los herederos no pidieron perdón"

Quien vivió aquellos acontecimientos desde el centro mismo de la investigación considera que quedó pendiente un gesto hacia las víctimas y sus familias. "Lo que me queda es que los herederos no hayan pedido perdón públicamente. El perdón tampoco sirve para nada, porque a esta gente la privaron de sus familiares y amigos, y nunca más estarán. Los presos han ido saliendo de las cárceles o saldrán de ellas; las víctimas ya no saldrán de la tumba".

Julio de 1997 se llenó de manos blancas alzadas contra el terrorismo. Miles de personas, de todas las edades y procedencias, tomaron las calles del País Vasco y del resto de España para romper el silencio y el miedo que ETA había impuesto durante décadas. De aquellas movilizaciones nació el denominado espíritu de Ermua, convertido desde entonces en símbolo de unidad democrática frente al terror. También la Ertzaintza protagonizó un gesto inédito: muchos de sus agentes se desprendieron del verduguillo que ocultaba su identidad y mostraron públicamente sus rostros tras años viviendo bajo la amenaza terrorista. La sociedad española dejó entonces de esconderse y comenzó a perder el miedo.