El Gobierno ha pactado este jueves con EH-Bildu subir todas las pensiones no contributivas un 15%. Las pensiones no contributivas son aquellas de las que son beneficiarias las personas con discapacidad o aquellos trabajadores mayores de 65 años que no han cotizado o no lo han hecho lo suficiente para tener derecho a una pensión contributiva. También subirán en la misma medida las pensiones de viudedad, orfandad o invalidez.
A cambio, el Ejecutivo ha conseguido la abstención del grupo vasco al proyecto de ley de impulso de planes de pensiones de empleo del ministro Escrivá, que este jueves se ha debatido en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, que finalmente ha salido adelante con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, PNV y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), más la abstención de EH-Bildu y Vox.
Aparte, Bildu ha logrado la garantía del Gobierno de que el nuevo fondo público de pensiones no se financiará con fondos de la Seguridad Social. Los partidos de la izquierda temían que los incentivos fiscales a estos nuevos planes de pensiones de empresa, que ha propuesto Escrivá para impulsarlos frente a los planes individuales, fuesen en detrimento de la caja de la Seguridad Social. Podemos, en ese sentido, también ha decidido votar a favor después de obtener esta "garantía" por parte del Ejecutivo.
"Gracias a este acuerdo, los pensionistas verán incrementadas entre 60 y 100 euros", ha asegurado el diputado de Bildu Iñaki Ruiz de Pinedo, quien ha apuntado a que esta medida protegerá a "los sectores más vulnerables". "Este incremento supondrá un enorme beneficio para miles y miles de pensionistas, especialmente para las mujeres y personas con invalidez que cobran pensiones de miseria. En una situación de crisis y alza de precios como la actual, estas pensionistas son uno de los sectores más vulnerables a los que proteger", han apuntado desde el partido.
La formación ha explicado su postura en un comunicado, asegurando que el acuerdo contempla que la subida pactada del 15% se incluya en el próximo decreto ley para prorrogar las medidas de respuesta económica a la crisis provocada por la guerra en Ucrania hasta el 31 de diciembre de 2022. Después, los presupuestos generales del Estado determinarán la revalorización de las mismas.
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