El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha resuelto plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley del Gobierno catalán del pasado 30 de mayo con el que se buscó la fórmula para no aplicar la sentencia de los jueces catalanes, confirmada por el Tribunal Supremo, que obliga a que el castellano se imparta al menos un 25% en las aulas catalanas.
Dicho decreto, aprobado un día antes de que acabara el plazo de 15 días que el TSJC dio al Govern para aplicar la sentencia, fijaba la «inaplicación» de porcentajes concretos de lenguas en la enseñanza y reafirmaba el catalán como «lengua vehicular» en la educación pública y el castellano como «lengua curricular».
La Sala de lo Contencioso Administrativo ya advirtió de la inconstitucionalidad de dicho decreto y la ley resultante de éste y pidió a la Fiscalía y las partes interesadas que se manifestaran al respecto, tras lo que anunció que decidiría si presentaba un recurso de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal. Una vez ha recibido todos los informes, la Sección Quinta ha resuelto recurrir ante el Constitucional.
Normas avaladas por el Gobierno de Sánchez
Lo hace justo un día después de que el Gobierno socialista acordara este miércoles, con los representantes del Govern, mirar hacia otro lado sobre la posible inconstitucionalidad de las normas aprobadas por el Ejecutivo de Pere Aragonés y comprometiéndose a dejar vía libre a su política lingüística que implica que todas las asignaturas de los centros públicos se impartan en catalán salvo la de lengua castellana, como han denunciado asociaciones de padres, llegando a obtener una sentencia favorable del Supremo a su reivindicación para que el castellano tenga un porcentaje mayor en la educación pública catalana. Es el primer paso de la "desjudicialización" a la que el Ejecutivo de Sánchez se ha comprometido con la Generalitat.
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