La ex consejera catalana Clara Ponsatí se ha entregado minutos antes de las 12 horas en una comisaría de Edimburgo (Escocia) para cumplir con la euroorden de detención emitida por el Tribunal Supremo. Lo ha hecho después de reunir más de 80.000 libras a través de una campaña de crowdfunding iniciada en CrowdJustice.
Ponsatí pedía inicialmente 40.000 libras esterlinas --unos 45.485 euros-- para poder pagar su defensa, una cifra que ha alcanzado en apenas una hora. Posteriormente ha incrementado la cifra pedida a 100.000 libras.
Ha puesto en marcha la campaña en Internet para lograr de forma "urgente" fondos para sufragar su defensa. Lo ha anunciado ella misma a través de un mensaje de Twitter, en el que ha explicado que durante la mañana de este miércoles acudirá a una comisaría con su abogado: "Seré detenida y llevada a los tribunales mientras España intenta extraditarme".
Please RT, share & contribute 2 my crowdfunder - Later on this morning I will attend police station with my lawyer @AamerAnwar & will b arrested & taken 2court as Spain tries 2extradite me, I need ur support #DefendClara #Catalonia❤️https://t.co/9wQKd4ZeW4 … pic.twitter.com/TM0tL3t7mQ
— Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) March 28, 2018
Ponsatí explica en la página de su campaña de crowdfunding, iniciada en el portal CrowdJustice, que "siempre es difícil estimar los costes de un caso de extradición internacional complejo, pero los costes de enfrentarse al Estado español serán considerables durante varios meses".
Se opondrá a la extradición
Asegura que tiene intención de oponerse a la extradición "firmemente" y agradece el apoyo recibido por parte de la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, y de varios políticos de formaciones diversas.
Ponsatí, que se define como una "ex consellera del Govern catalán ahora en el exilio tras el referéndum de octubre de 2017", afirma que no ha cometido nunca ningún delito y que lo que hizo fue promover una votación pacífica y democrática incluida ahora en una causa por presunta sedición y rebelión.
Critica que "no hay ninguna garantía de un juicio justo en España" y lamenta que miembros del Gobierno catalán cesado ya se encuentren en prisión preventiva por orden del magistrado Pablo Llarena. "Si regreso, creo que es probable que acabe sujeta al trato degradante e inhumano de las autoridades" por la forma de actuar del Gobierno español, arguye.
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