El príncipe Harry se ha encontrado con una nueva traba legal para continuar con sus planes tras haberse "emancipado" de la Casa Real británica. El hijo del rey Carlos III ha presentado una serie de demandas para conseguir protección policial cuando está en Reino Unido. Este mismo martes el juez Justice Chamberlain le ha denegado la posibilidad de pagar él mismo el coste extra de esta clase de dispositivo.
El veredicto ha llegado una semana después del incidente que Harry y Meghan vivieron en Nueva York. Los duques de Sussex aseguraron que habían vivido una "persecución casi catastrófica" con una serie de paparazzis por las calles de la Gran Manzana. Alegaron haber sido víctimas del acoso de los fotógrafos mientras estos cometían todo tipo de infracciones de tráfico.
Sin embargo, el posible riesgo a su seguridad no parece haber inclinado la balanza a su favor. Otro caso permanece activo en los tribunales británicos: el príncipe Harry quiere que se revise la decisión de retirarle la protección policial pagada por los contribuyentes.
La seguridad es uno de los miedos que más paraliza al duque de Sussex, y así lo ha expresado en múltiples ocasiones. Asegura tener estrés postraumático y sentir ansiedad en una persecución con paparazzis, o cuando escucha el click de las cámaras en un evento. Es por eso que considera una prioridad conseguir que haya un dispositivo especial cuando viaja con su familia a Reino Unido.
Que se sepa solo ha estado con Meghan y los niños en Londres por el Jubileo de la reina Isabel II. Los festejos ocurrieron en junio del pasado año, y se alojaron en Frogmore Cottage, donde no podrán quedarse desde la coronación de Carlos III.
El otro juicio que tiene en marcha
Pero el asunto de su seguridad no es el único por el que batalla en Reino Unido. Se espera que el mes que viene vuelva a Londres para continuar con el juicio contra The Mirror por el hackeo de su teléfono y el de otros famosos.
El primer día del juicio, que empezó el 10 de mayo, la publicación pidió perdón al duque de Sussex por usar métodos ilegales para conseguir información sobre su vida privada entre 1991 y 2011. Sin embargo, alegan que muchas de las acusaciones han prescrito y que no hay pruebas del supuesto hackeo.
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