El 30 de octubre de 2017 Carles Puigdemont salió de España escondido en un coche y nunca más volvió a pisar su casa. Si lo intentara a la Policía española le aparecería un aviso en los controles del aeropuerto por la orden nacional de detención que el Tribunal Supremo mantiene vigente contra él. El juez Pablo Llarena está cerca de activar nuevamente la orden internacional --a la espera de los últimos flecos sobre su inmunidad como europarlamentario-- por lo que su estancia en Europa también podría complicarse. Pero la amnistía puede cambiarlo todo.

Cuando se va a cumplir el sexto año de que el expresident catalán no haya regresado a Cataluña, quizás su vuelta está más cerca que nunca. Según fuentes del alto tribunal, Puigdemont podría regresar a España al día siguiente de que la ley de amnistía estuviera en vigor. Una vez publicada en el BOE comenzaría la cuenta atrás independientemente de que el Supremo iniciara un camino para tratar de paralizarla.

Ese mismo 30 de octubre de hace seis años, la Fiscalía General del Estado se querelló contra el expresident por considerarlo uno de los ideólogos del referéndum independentista del 1-0 que fracturó Cataluña. Los delitos que se le imputaban en ese momento eran rebelión, sedición y malversación. Dos de ellos se cayeron por el camino, pero el último se mantiene hasta día de hoy.

La rebelión no quedó probada en el juicio que presidió el magistrado presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, contra el resto de líderes del procés que no se fugaron de la Justicia pero que ya han sido indultados parcialmente. Llarena eliminó entonces la rebelión y en enero de este año volvió a cambiar el procesamiento después de que el Gobierno de coalición borrara del Código Penal el delito de sedición. A pesar de que buscaban desinflar sustancialmente la acusación contra los cabecillas independentistas, el delito de desvío de fondos públicos sostuvo el grueso de la pena.

El juez instructor mantiene por tanto la malversación más grave contra Puigdemont y otros dos exconsellers huidos, Lluis Puig y Toni Comín. Pero como ya no se puede aligerar nada más en el Código Penal, lo único que queda es borrar todo rastro de lo ocurrido durante el procés es una amnistía. Y en eso se centran ahora las negociaciones que no esconden ya en el Gobierno de Pedro Sánchez y que admiten en Junts incluso con intercambio de papeles.

"Podrán volver al día siguiente", señala una fuente del alto tribunal con respecto a la situación en la que quedarían los prófugos. Si lo negociado sale adelante, habrá que leer la letra pequeña del texto, pero la ley es ley y como tal se debe aplicar por mucho de que posteriormente se declare inconstitucional como ya ha ocurrido en otras ocasiones de la Democracia. "La ley una vez se publique es eficaz", explican. El Supremo tiene armas para tratar de dilatar los procesos que podrían llegar a Europa, como explicó este periódico, pero mientras tanto los jueces deben poner en marcha lo que el legislador decida.

Tanto el Supremo como los tribunales que tengan flecos de causas relacionadas con el independentismo podrán plantear cuestiones de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional y esto, eventualmente, paralizaría la posibilidad de ser amnistiados. "El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión", expone la Ley de este órgano.

Pero en ese impás y hasta que se resuelva todo el proceso, Llarena no podría mantener activo nada que tenga que ver con el procedimiento y por tanto la orden de detención quedaría sin efecto, según creen citadas fuentes jurídicas. Esto podría suponer que aunque el Constitucional resolviera finalmente sobre el rechazo de una hipotética amnistía, Carles Puigdemont podría pasear libremente por el territorio durante ese tiempo hasta que se decida si el juez instructor tiene que archivar todo el procedimiento contra él o puede seguir adelante y reactivar todas las banderas de captura. Igualmente, todas las voces se muestran cautas ya que el terreno es inexplorado y la situación podría variar por momentos.

A la espera de la euroorden

El periplo judicial del expresident ha sido enrevesado y sigue enrocado en distintos puntos de la Justicia europea. El 5 de noviembre de 2017 se entregó a los jueces belgas que lo pusieron en libertad con medidas cautelares. El 25 de marzo de 2018 fue detenido en Alemania cuando cruzaba la frontera desde Dinamarca e ingresó en la cárcel de Neumünster, pero semanas después los tribunales alemanes lo dejaron en libertad bajo fianza y permitieron su entrega a España por malversación pero no por rebelión.

En ese momento, Llarena lo rechazó porque en juego estaban acusaciones mucho más gruesas que ahora ya han sido eliminadas. El 2 de enero de 2020 la Justicia belga paralizó la entrega del expresident al considerar que gozaba de la inmunidad propia de los eurodiputados y desde entonces todo el proceso se ha enredado en esta cuestión.

El pasado 15 de septiembre la defensa del expresident Gonzalo Boye presentó el último recurso que queda por resolver sobre la inmunidad y será cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida sobre las medidas cautelares, cuando Llarena pueda reactivar la orden de detención (tanto europea como internacional) contra él que ya ha solicitado la Fiscalía.