El titular del Juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado por iniciativa propia iniciar unas diligencias para saber si el gran apagón de la red eléctrica de toda la Península este martes fue un sabotaje informático. "Resulta necesaria la apertura de una investigación judicial por si tales hechos pudieran ser constitutivos de un delito de terrorismo", indica el escrito del juez. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia de este martes no ha descartado ninguna causa todavía, pero los responsables de Red Eléctrica sí han desechado el ciberataque como motivo del cero eléctrico.

El juez Calama ha acordado requerir al Centro Criptológico Nacional --dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)-- y a Red Eléctrica Corporación S.A. la elaboración de dos informes para que en un plazo improrrogable de diez días indiquen la o las causas que motivaron el apagón. Además, ha encomendado la investigación a la Comisaría General de Información de Policía Nacional a quien pide, igualmente, que presente un informe preliminar en el mismo plazo.

El escrito del magistrado refleja al detalle que las sociedades actuales se basan "cada vez más en un complejo sistema de infraestructuras en el que se sustentan los sectores productivos, gestión de servicios, sistema financiero y desarrollo de la vida ciudadana en general", por lo que alterar cualquiera de los elementos de la cadena del suministro eléctrico puede generar "una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos".

"Estas infraestructuras son independientes entre sí, lo que puede desencadenar problemas de seguridad en cascada a través del propio sistema, con la posibilidad de ocasionar fallos inesperados y graves en servicios básicos para la población, como sucedió ayer", añade. Por eso, dice, estas infraestructuras son "especialmente atractivas" para el terrorismo.

El magistrado ha redactado un extenso auto nutrido de los acuerdos y las directivas que ha firmado España en materia de infraestructuras críticas y ataques "con origen en estados extranjeros". "Los grupos terroristas tratan de aprovechar las vulnerabilidades del ciberespacio para realizar ciberataques. Íntimamente relacionado con ello, se halla la amenaza contra las infraestructuras críticas, con la posibilidad cierta de causar un colapso a través de la redes mediante la caída en cadena de los servicios esenciales", indica el togado.

El escrito se hace eco de la explicación que dio ayer por la noche el presidente del Gobierno e indica que sobre las 12:30 horas "todo el territorio peninsular" sufrió un apagón porque se perdieron "de forma súbita" durante cinco segundos unos 15 gigawatios de la energía que se estaba produciendo en ese momento. Lo que equivale al 60% de la luz que se estaba consumiendo, siendo "algo que no había ocurrido jamás".

El magistrado se va a centrar en esos cinco segundos y ha pedido informe a los expertos sin darles la posibilidad de que puedan alargar el plazo de los diez días. "Todos los informes acordados deberán emitirse, aun cuando sea con carácter preliminar, en el improrrogable plazo de diez días".

Terrorismo informático

Siguiendo la regulación internacional, España incluyó los delitos de sabotaje de datos informáticos por primera vez en el Código Penal en el año 2010, pero apenas ha habido jurisprudencia sobre el tema. El juez recuerda, por ejemplo, el conocido como 'virus de la policía' en el que fueron juzgado varios ciudadanos rusos que en 2011 atacaron a varios países y hubo más de 300 afectados en España; o el caso de la cúpula de Anonymous.

El artículo 573 del Código Penal es, precisamente, el que permite calificar como terrorismo los delitos informáticos cuando su finalidad sea desestabilizar gravemente el orden constitucional o el funcionamiento de los servicios esenciales. Por eso, quiere determinar las consecuencias de lo ocurrido.