Es una infraestructura estratégica cuya gestión estos días está siendo puesta en cuestión. Cada vez más las miradas recaen sobre quien lidera la infraestructura que debe garantizar el suministro que le aportan las operadoras energéticas. Transcurrida más de una semana desde el apagón, el Gobierno continúa sin desvelar una posible causa, pero también sin descartar ninguna –incluida el ciberataque- en un intento por buscar culpables que después deban asumir las consecuencias en forma de reclamaciones millonarias. Lo hizo primero con las operadoras eléctricas, sobre las que está centró su discurso, y demás agentes “privados”. Por ahora, aunque cada vez con mayor dificultad, intenta salvar a Red Eléctrica de España y sus responsables. Una entidad que tildó de “privada”, pese a poseer la SEPI el 20% de la propiedad, y ser el propio Ejecutivo quien designa a su presidenta.

Además de un gestor estratégico, la red eléctrica española y sus filiales son un negocio atractivo para no pocos inversores. Pese a que el accionista mayoritario es una sociedad pública, el accionariado de nuestra red de distribución y suministro está en manos fundamentalmente extranjeras. El 60% de la propiedad la poseen accionistas minoritarios extranjeros, accionistas institucionales fundamentalmente de EEUU y Reino Unido. Compañías de ambos países controlan el 27% de de la sociedad.

El más relevante es BlackRock, el fondo de inversión norteamericano que horas después del apagón optó por desprenderse de la condición de segundo mayor inversor al reducir su participación levemente del 5,020% al 4,99%. Fue suficiente para dejar a Amancio Ortega, a través de Pontegadea y el 5% de propiedad, como el segundo en peso tras la SEPI en la larga lista de propietarios. Este miércoles, el fondo norteamericano volvió a superar el umbral del 5% en el capital de Redeia.

Sólo el año pasado los beneficios netos de Red Eléctrica alcanzaron los 505 millones de euros –excluido el impacto de la venta de su participación en Hispasat-. En los tres primeros meses de este 2025 el beneficio neto alcanzó los 137 millones de euros, un 4,2% más que el ejercicio anterior.

Revés bursátil

Sin embargo, todo cambió el lunes: la credibilidad, el futuro y la estabilidad que se podía presuponer a la sociedad se tambaleó a la espera de acontecimientos. En pocos días su horizonte se ha oscurecido de modo significativo. Muestras de ello es que al apagón le siguió la pérdida de valor de la acción. Desde entonces, el valor de los títulos de Redeia ha caído un 7,5%. Una devaluación que pese a todo sigue situando la acción en niveles superiores a los del cierre del año pasado. Este lunes el mercado apenas hizo variar su cotización, al cierre del mercado el título de Redeia alcanzaba los 17,83 euros, por encima de los 16,5 euros en los que cerró el 2024.

Pero estos días los accionistas viven con incertidumbre el futuro próximo de la compañía que tiene previsto a corto plazo celebrar su Junta de Accionistas. Lo hará antes del 30 de junio, según confirman fuentes de Redeia. En primer lugar está por ver si el Gobierno continúa sosteniendo a Beatriz Corredor como presidenta del organismo al frente del cual le renovó hasta 2027 y gobierna desde 2020. También si intentará salvar a Redeia de las responsabilidades que se puedan derivar del apagón y que se traducirían en demandas millonarias que podrían dar un vuelco total a las expectativas financieras de la entidad.

La tensión en el seno del operador también comienza a tener un origen político, después de que trascendiera que la actual dirección de Red Eléctrica completó la salida de un consejero próximo al PP el mismo día del apagón, José María Abad, a quien ya se ha trasladado que no se le renovará. La SEPI también habría aprobado proponer la entrada de la exministra socialista, Arancha González Laya como nueva 'consejera dominical' de Redeia en sustitución de Ricardo García Herrador. La sociedad asegura que se opta por González Laya por su experiencia geopolítica, su conocimiento de las instituciones europeas y su experiencia internacional.

El temor que se empieza a instalar entre los populares es que el Gobierno intentará con este movimiento reforzar su peso y desbancar al principal partido de la oposición del Consejo, como tradicionalmente se había hecho. Una salida que por el momento no tiene propuesta para ser cubierta o que incluso algunas fuentes temen que se pudiera intentar cubrir con un consejero afín a alguna de las formaciones que da apoyo al Gobierno. Desde Redeia señalan que aún no se ha procedido a cubrir la vacante que dejará Abad porque no se han celebrado las sesiones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ni el Consejo de Administración. Recuerdan que es un paso previo al traslado de las propuestas de nombramiento a la próxima Junta General de Accionistas.

De los 12 consejeros que conforman el Consejo de Administración, tres pertenecen a la SEPI (Sociedad Española de Participación Industrial), por tanto controladas por el Gobierno, a los que suman la presidenta y el CEO de la compañía. El Consejo se completa con siete miembros externos. Un control del Gobierno que viene reforzado además por la condición de servicio esencial que tiene la gestión de la red eléctrica nacional y que limita la participación de los accionistas a un máximo del 5%.

Control del Consejo de Administración

Al revés bursátil y de credibilidad le ha seguido esta semana la publicación de la advertencia que Red Eléctrica hizo al Gobierno a finales de enero pasado y que el Ejecutivo habría desoído. En el documento alertaba de los problemas y riesgos que acarreaba al sistema la mayor presencia de energías renovables en una red diseñada fundamentalmente para transportar energía convencional como la nuclear, hidráulica o térmica. En el documento remitido al Ministerio para la Transición Energética el operador reconocía que los sistemas de protección de la red debían ser mejorados y actualizados ante el cambio de modelo energético. Un equipamiento que debía ser capaz de “minimizar el alcance las perturbaciones del sistema para garantizar la continuidad del suministro y mejorar la calidad del servicio”.

El ministerio Transición Ecológica se defendía este lunes asegurando que la propuesta con recomendaciones que recibieron el 24 de enero pasado hablaba de cambios para “el futuro” y que Red Eléctrica hablaba de periodos de cinco años. Sin embargo, en el citado documento sí se incluyen recomendaciones de actualizaciones y protecciones para la red que deberían aplicarse “a corto plazo”.

En los 40 años transcurridos desde su fundación, el operador único del sistema eléctrico español ha ido ampliando su campo de actuación y su volumen como compañía hasta situarse como un operador global de infraestructuras. En 1997 Red Eléctrica creó Reintel como el mayor operador de óptica oscura de España, con 52.000 kilómetros de cable. En 1989 nace Hispasat como proveedor de soluciones y servicios por satélite de Redeia, participación del 89,68% que vendió el pasado 31 de enero. Red Eléctrica ha continuado su expansión como operador con presencia internacional a través de su filial Rediter, con presencia hoy en Brasil, Chile y Perú. Por último, la sociedad en 2019 creó la plataforma Elewit para el desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector eléctrico y de telecomunicaciones.