El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, está citado este miércoles como imputado por un delito de malversación por el juez Juan Carlos Peinado para esclarecer qué papel desempeñó, en julio de 2018, en la contratación en Moncloa de Cristina Álvarez, la asesora de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, principal investigada en esta causa. En aquel momento, Martín Aguirre era el director del gabinete técnico de la Secretaría General de la Presidencia. Además, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid tomará declaración como testigo, entre otros empresarios, al vicepresidente de Telefónica, Rosauro Varo, en el marco de la investigación sobre el software vinculado a la cátedra que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

Peinado trata de aclarar si la contratación de Álvarez a cargo de los presupuestos públicos como asesora personal de la esposa de Pedro Sánchez se hizo legalmente y hasta dónde llegaban sus funciones en Moncloa. Sospecha que pudo incurrir en una ilegalidad al haber apoyado las actividades privadas de Gómez como, por ejemplo, cuando buscó financiación para la cátedra de la Complutense.

El magistrado imputó a Martín Aguirre tras admitir a trámite una querella presentada por Vox —personado como acusación popular— que señalaba su posible implicación en la contratación de Álvarez, que también está imputada. La denuncia del partido político pone el foco en el nombramiento y funciones que desempeñó Álvarez en relación con Begoña Gómez, así como la participación que pudo haber tenido Martín Aguirre “por su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021”. Vox sostiene que era su responsable directo y superior jerárquico.

No obstante, en el momento de la contratación, el ahora delegado en Madrid no ocupaba ese cargo, sino que ejercía como director del gabinete técnico de la Secretaría General. No fue hasta tres años después, en julio de 2021, tras el nombramiento de su predecesor Félix Bolaños como ministro de la Presidencia cuando asumió el puesto de secretario general. Precisamente, el pasado 16 de abril, el juez Peinado tomó declaración como testigo a Bolaños, quien defendió la legalidad de la contratación de Álvarez. Durante su intervención, se desvinculó del nombramiento y aseguró que nunca fue su superior.

Tras conocerse su imputación, Martín Aguirre, cuya defensa ha asumido la Abogacía del Estado, aseguró que tiene la conciencia "muy tranquila" y confió en que todo quedará "en nada". La Fiscalía, por su parte, recurrió a la Audiencia Provincial de Madrid pidiendo que corrigiera a Peinado, al considerar que es "incomprensible" que se le investigue. El Ministerio Público argumenta "que no puede pretenderse" la participación de Martín Aguirre en un nombramiento que se realizó tres años antes de que fuese nombrado secretario general de Presidencia.

En el marco de esta línea de investigación, está previsto que hoy también declare como testigo Raúl Díaz Silva, coordinador de personal de Moncloa en 2018. El juez acordó su citación después de que Bolaños lo identificara durante su declaración, a petición del propio instructor.

El software de la Complutense

También están citados este miércoles a declarar ante Peinado, en calidad de testigos, el vicepresidente de Telefónica, Rosauro Varo; el responsable institucional y de políticas públicas de Google, Miguel Escassi; el jefe de proyecto de la misma compañía, Miguel Rodríguez Bueno; y el consejero ejecutivo y director general de Indra, Luis Abril. El instructor quiere profundizar en las inversiones que estas empresas realizaron en el desarrollo del software vinculado a la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que codirigía Gómez y de la que, presuntamente, se apropió.

Comparecen después de que otros directivos y ex altos cargos de las tecnológicas explicaran que, por su rango, no conocían los detalles del proyecto y facilitaran al juez los nombres de los empleados que sí estaban implicados directamente. Según consta en el sumario, Google invirtió 110.000 euros, Indra 128.000 y Telefónica destinó 55.000 al desarrollo de dicho software.

Peinado sospecha que estas aportaciones se realizaron de manera altruista debido a que la solicitud partía directamente de la esposa del presidente del Gobierno. Además, investiga si Gómez registró la marca asociada al software a título personal, y no a nombre de la Universidad. De confirmarse ambos extremos, el juez tendría indicios adicionales para sostener los delitos de apropiación indebida y tráfico de influencias por los que mantiene imputada a la esposa del jefe del Ejecutivo.

Seis imputados

Con la incorporación de Martín Aguirre a la lista de investigados, ya son seis las personas imputadas por Peinado en la causa. La lista la completan la propia Gómez; su asesora, Cristina Álvarez; el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache; el empresario Juan Carlos Barrabés; y el directivo del IE Business School, Juan José Güemes.

La causa, que arrancó en abril de 2024 tras una denuncia de la asociación Manos Limpias, ha ido ampliándose con nuevas querellas presentadas por Hazte Oír y Vox, y actualmente se ramifica en seis líneas de investigación. Entre ellas, destacan el presunto tráfico de influencias de Gómez en favor de Barrabés —beneficiario de contratos públicos tras recomendaciones de la esposa del presidente— y su papel en la captación de fondos e impulso de una cátedra y dos másteres en la Universidad Complutense, de la que también habría registrado de forma irregular el software.

A estas se suman la contratación de Gómez como directora del África Center —entidad dependiente del IE Business School—, el nombramiento de Álvarez como su asesora en Moncloa, y la presunta implicación de la mujer del presidente del Gobierno en el rescate de la aerolínea Air Europa.