La jueza Beatriz Biedma, que ha instruido la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha rechazado el recurso interpuesto por su defensa y ha confirmado el auto en el que propuso juzgarle por prevaricación y tráfico de influencias en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017. En su resolución, la magistrada insiste en que existen “claros indicios de criminalidad” y sostiene que hay pruebas que muestran que el puesto de coordinador de actividades de conservatorios fue creado a dedo. También envía a juicio a diez trabajadores de la Diputación, entre las que se incluye el líder del PSOE en Extremadura y presidente de la administración pacense, Miguel Ángel Gallardo, que ayer paso ser miembro de la Asamblea de la Comunidad Autónoma y, de esta forma, pasar a ser aforado.

Así consta en el documento, al que ha tenido acceso El Independiente. La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz subraya la existencia de “claros indicios de criminalidad” en la creación y adjudicación del puesto de coordinador de Conservatorios que ocupó el hermano de Pedro Sánchez. También indica que la jefatura de Sección de Programas y Actividades Transfronterizas de la Diputación se creó posteriormente para facilitar la incorporación del extrabajador de Moncloa Luis María Carrero, quien colaboraba con David Sánchez desde años antes, y al que le unía una amistad previa.

Asimismo, Biedma expone que tanto Carrero como el hermano del jefe del Ejecutivo daban por hecho el nombramiento del primero antes incluso de que se publicaran las bases de la plaza, lo que refuerza la tesis de una apariencia de legalidad para cubrir decisiones previamente adoptadas. La instructora desmonta los argumentos del recurso de la defensa de David Sánchez y concluye que el procedimiento seguido se ajustó a derecho, reiterando que las dudas sobre la legalidad no residen en los trámites administrativos que siguió la Diputación, sino en la finalidad personal para la que fueron utilizados estos puestos públicos.

El nuevo auto dictado este jueves acuerda ya formalmente la apertura de juicio oral, a petición exclusiva de la acusación popular. La jueza recuerda que, conforme a la doctrina del Supremo, cuando el delito afecta a intereses colectivos y el fiscal no acusa, como ha sido en este caso, la acusación popular puede ejercer la acción penal en solitario.

La magistrada también precisa que la admisión de los recursos de apelación —presentados por varios de los investigados— no suspende el procedimiento. Biedma atribuye a Gallardo un papel central en la creación del puesto que terminó ocupando Sánchez, junto a la entonces diputada de Cultura, Cristina Núñez, y la directora del área, Elisa Moriano. En ese momento, recuerda la jueza, David Sánchez se encontraba en búsqueda activa de empleo y sabía de antemano que iba a ser el destinatario de la plaza.

La acusación popular solicita tres años de prisión tanto para el hermano de Pedro Sánchez como para Miguel Ángel Gallardo. El procedimiento seguirá ahora en la Audiencia Provincial de Badajoz, a la espera de que se aclare la situación procesal de Gallardo, que como aforado, sólo puede ser juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Además de los ya mencionados, serán enjuiciados el diputado delegado del Área de Cultura de la Diputación, Ricardo Cabezas, y el director del mismo departamento, Manuel Candalija; la directora del Área de Cultura, Emilia Parejo, y el diputado del mismo ámbito, Francisco Martos; el jefe del Servicio de Gestión de Recursos Humanos, Félix González; y la directora del Área de Recursos Humanos, Juana Cinta.