La Guardia Civil de Granada ha puesto a disposición judicial a una mujer de 25 años por acudir conduciendo su vehículo a la Jefatura Provincial de Tráfico para realizar el examen que le permitiría recuperar el carné, retirado previamente por la pérdida total de puntos.

Según informa Europa Press, el suceso, ocurrido el 27 de mayo de 2025, ejemplifica un delito contra la seguridad vial tipificado en el artículo 384 del Código Penal, que conlleva penas de prisión, multa o trabajos comunitarios.

La mujer llegó al centro de exámenes al volante de su turismo, ignorando que la pérdida de vigencia del permiso le prohibía conducir. Agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) la identificaron al entrar al aula y esperaron a que finalizara la prueba teórica para intervenir.

Tras verificar que carecía de autorización legal para conducir —al haber agotado su saldo de puntos por infracciones previas—, la detuvieron como presunta autora de un delito contra la seguridad vial.

Este método de vigilancia en centros examinadores es habitual, ya que las fuerzas de seguridad priorizan la detección de conductores que intentan recuperar sus permisos vulnerando la ley. Solo en 2025, se han registrado casos similares en Santa Cruz de Tenerife y Huesca, donde individuos acudieron a exámenes conduciendo vehículos a pesar de tener el carné suspendido.

El artículo 384 del Código Penal castiga con penas de 3 a 6 meses de prisión, multas de 12 a 24 meses o trabajos comunitarios de 31 a 90 días a quienes conduzcan tras perder la vigencia del permiso por pérdida total de puntos, privación judicial o nunca haberlo obtenido. 

La defensa válida se limita a demostrar que el conductor desconocía la retirada del carné o que no recibió notificación fehaciente, aspectos que en este caso no aplican.

La joven enfrenta ahora un juicio rápido, procedimiento habitual en delitos flagrantes con penas máximas inferiores a 9 años. Este mecanismo agiliza la resolución judicial, aunque reduce las opciones de recurso.

El incidente refleja un patrón recurrente: en 2024, el 30% de las detenciones por conducción ilegal en España estuvieron vinculadas a intentos de recuperar el carné mediante métodos irregulares. 

Las autoridades subrayan que, para recuperar puntos, es obligatorio completar un curso de reeducación vial de 12 horas y superar un examen teórico, sin conducir durante el proceso.

Organizaciones como la DGT insisten en la importancia de estos cursos para reforzar la concienciación, ya que el 45% de los infractores reinciden en conductas de riesgo tras recuperar el permiso. 

No obstante, casos como este evidencian fallos en la percepción de gravedad entre algunos conductores, quienes priorizan la comodidad sobre el cumplimiento legal.

Este suceso no solo ilustra las consecuencias legales de ignorar las restricciones administrativas, sino que también resalta la necesidad de intensificar campañas educativas sobre los riesgos de la conducción ilegal.

La intervención policial en centros examinadores sigue siendo clave para disuadir prácticas que ponen en peligro la seguridad vial y socavan la eficacia del sistema de puntos.