Puigdemont tendrá que esperar

La ponencia de sentencia sobre el recurso del PP contra la ley de amnistía, elaborada por la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, establece, básicamente, que dicha ley, aprobada por una exigua mayoría (177 votos a favor, 172 en contra) por el Congreso el 30 de mayo de 2024, no incumple la Constitución.

Sólo me detendré en tres aspectos de la ponencia para analizar después cuál será el efecto de la sentencia, en caso de que sea coherente con el escrito de Montalbán, respecto al protagonista y promotor de la norma, el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

El primero de ellos es el argumento de que la Constitución es una "norma abierta". Pero no en el sentido de que la Carta Magna prevé su propia reforma y para ello establece uno mecanismos reglados, sino en que se puede interpretar en función de las distintas mayorías políticas. Estamos, según esa tesis, ante una Constitución flexible.

El segundo punto es que la ponencia renuncia a entrar en la motivación que dio lugar a la ley (el pacto entre el PSOE y Junts), ya que, argumenta, "una cosa el porqué de la ley, esto es, de las motivaciones, razones o transacciones políticas que llevaron a su aprobación, y otra muy distinta es lo que la norma es". Ese razonamiento establece implícitamente una diferencia cualitativa entre la ley de amnistía de 1977, que tenía como fin la reconciliación nacional, no una finalidad partidista, con esta ley, que sólo obedece al interés de las fuerzas que firmaron el pacto.

Por último, la ponencia establece que "el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente". Luego, como la Constitución no prohíbe una nueva ley de amnistía, se supone que da luz verde a que se puedan promulgar nuevas normas de perdón siempre y cuando cumplan con un único requisito: una mayoría parlamentaria, aunque sea mínima.

El TC tendrá que resolver en los próximos meses el recurso de amparo por el delito de malversación, por el que hay orden de detención contra el ex presidente de la Generalitat

La ponencia no aborda el delito de malversación, por el que Carles Puigdemont, y el resto de implicados como cabecillas del procés, están condenados por el Tribunal Supremo. En resumen, que si el ex presidente de la Generalitat decidiera volver a España una vez que el TC declare la constitucionalidad de la ley de amnistía (a finales de este mes) sería detenido.

El TC tiene que resolver en sentencia a parte si la ley de amnistía cubre o no el delito de malversación, modificado a instancias del gobierno para adecuarlo a las necesidades del prófugo. Puigdemont todavía no ha presentado recurso de amparo ante el TC por ese delito. Dado que todavía quedan recursos por resolver sobre la propia ley de amnistía, esa decisión, cuando se presente el recurso, llevará meses. Pongamos que no se resolverá, al menos, hasta primeros de 2026.

Sin embargo, el TC tiene sobre la mesa un primer recurso de amparo por el delito de malversación, el presentado por el ex consejero de presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, que se resolverá el próximo mes de octubre.

El TC tendrá entonces dos opciones: la primera es resolverlo individualmente; la segunda, acumular todos los recursos -entre los que estarían el del propio Puigdemont o el de Oirol Junqueras- y dictaminar en conjunto.

Si el TC se inclina por la primera opción y da la razón al recurrente, nos encontraríamos ante la eventualidad de que Puigdemont podría volver a España en otoño, ya que la orden de detención quedaría de facto suspendida. Pero, si decide acumular todos los recursos, el plazo para el regreso del prófugo se dilataría, al menos, hasta comienzos de 2026.

¿Qué hará el TC? Teniendo en cuenta que, hasta ahora, el presidente del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, ha hecho todo lo que le ha interesado al gobierno, lo que tendríamos que plantearnos es qué le interesa ahora a Pedro Sánchez. ¿Que vuelva Puigdemont y así perder su principal baza de negociación con Junts? ¿O aplazar la decisión unos meses más para garantizarse la estabilidad de la legislatura?

Otra cuestión interesante es qué le interesa al propio Conde Pumpido. ¿Le beneficia el hecho de que una decisión suya vaya ligada inmediatamente a la vuelta a España de Puigdemont? No parece.

En todo caso, lo sabremos en octubre. No hay que perder de vista que todo lo que tiene que ver con la amnistía y el prófugo líder de Junts está condicionado por los intereses puntuales del presidente del Gobierno. No es extraño que el ex president se sienta "engañado".