¿Sabe usted que Acciona fue multada y el Gobierno no se escandalizó?

Pedro Sánchez probablemente descubriera hace un tiempo que amplios sectores de la economía española están gobernados por un capitalismo de amiguetes que se ha forjado con complicidades inconfesables y con dinero público. Sobre todo con lo segundo: con impuestos destinados a agrandar tripas y redes clientelares. El presidente seguramente descubrió todo esto hace un tiempo, pero no ha actuado contra ello, quizás porque le parecía un problema menor... o quizás porque en su entorno se lo desaconsejaban. O a lo mejor no lo hizo porque todavía no habían pillado a altos cargos de su partido con las manos en la masa y no necesitaba escenificar indignación.

Él ya era presidente cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso multas de 204 millones de euros a las seis principales constructoras de este país por alterar durante 25 años decenas y decenas de concursos públicos para infraestructuras y obra civil. Acciona fue sancionada con 29,4 millones de euros. Digamos que Sánchez no pareció escandalizarse de los comportamientos de esos empresarios. Con algunos -como José Manuel Entrecanales- se reunió después en Davos. Sus propagandistas celebraron la buena sintonía de Moncloa con el Ibex. "Y les llamaban socialcomunistas", ironizaron algunos tertulianos.

La ley de contratos públicos (9/2017) regula en su artículo 71 la prohibición de participar en licitaciones -hasta varios años- para las empresas que hayan formado parte de este tipo de cárteles, que expulsan a otros competidores del mercado, impactan sobre el bolsillo de los ciudadanos y ayudan a configurar el caldo de cultivo en el que germinan el favor político, las mordidas, la prevaricación y el pago en especie. ¿Qué sucede? Que las buenas intenciones de esa normativa -aprobada con el PP en Moncloa, no con el PSOE- se han visto sepultadas por una mezcla de burocracia insoportable y sospechosa cobardía, cuando no absoluto desinterés... o total interés en que así sucediera, según se mire.

María Jesús Montero, de perfil

La CNMC reclamó en un principio esa competencia, pero el Gobierno aseguró que debía pasar el filtro de la Junta Consultiva de Contratación Pública para determinar la duración y el alcance de las sanciones impuestas a las empresas sancionadas. Este órgano no es ni mucho menos independiente, dado que forma parte del Ministerio de Hacienda. El de María Jesús Montero, tan dado a consentir todo tipo de excentricidades en cuestiones como la gestión de las empresas público-privadas (SEPI). Así que la intensidad de su actuación con las entidades multadas fue, por así decirlo, escasa o directamente inexistente.

A esto se unió el hecho de que la inmensa mayoría de las empresas sancionadas por Competencia recurren por sistema, ante la Audiencia Nacional, con la consiguiente petición de medidas cautelares, lo cual demora cualquier prohibición de participar en procesos de contratación pública y podría perfectamente extender la actividad de los 'corruptores'. Los litigios son largos y suelen tener un segundo asalto en el Tribunal Supremo. El criterio del Gobierno ha sido, hasta el momento, el de esperar a la sentencia firme para tomar medidas.

La CNMC publicó una comunicación en 2023 por la que se atribuyó la competencia de determinar las condiciones de la sanción, sin esperar el dictamen de Hacienda y más allá de la paralización cautelar que pudieran determinar los tribunales. Pese a todo, las grandes empresas que han formado parte de grupos organizados no han sido apartadas de los procesos de licitación, lo que no ha eliminado cierta sensación amarga de que en España hay un latrocinio protegido por el BOE. En otras palabras: un capitalismo de amiguetes que viene de largo y que el PSOE no sólo no ha desmontado, sino que ha alimentado con corruptelas que se han descubierto dentro del partido y que encontraron un filón en el Ministerio de Transportes y en Ferraz.

Las grandes empresas que han formado parte de grupos organizados no han sido apartadas de los procesos de licitación, lo que no ha eliminado cierta sensación amarga de que en España hay un latrocinio protegido por el BOE

Así que la última epifanía de Pedro Sánchez resulta sospechosa porque son varias personas a su alrededor las que estaban capacitadas para advertirle, no ya del carácter de los pasajeros del Peugeot, cosa que incluso se observa a simple vista, sino también de los atentados diarios contra el interés general que se han producido en cientos de licitaciones durante décadas en España, incluido el período de tiempo en el que ha gobernado.

Podría citarse aquí la adjudicación, en 2024, de la obra del túnel de Velate a Acciona, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar. El proyecto tuvo un presupuesto de 76 millones de euros y los técnicos de la mesa de contratación llegaron a advertir de que el proceso estaba viciado, ante lo que el Gobierno de Navarra se fumó un puro. No resulta en absoluto sospechosa la relación de Santos Cerdán con Servinabar, como tampoco el hecho de que Pedro Sánchez fuera totalmente ajeno a los presuntos manejos de su hombre de máxima confianza en el partido.

El lobo que cuida de las ovejas

Tampoco puede etiquetarse como oportunista su arrebato contra la corrupción -sustanciado el miércoles en el Congreso- y su anuncio de crear una "agencia" coordinadora e independiente tan sólo unas semanas después de que su Gobierno comenzara una campaña salvaje con el objetivo de desprestigiar a la UCO, en un momento en el que se tramita la Ley Bolaños -que pondrá al lobo (Fiscal General del Estado) a cuidar de las ovejas- y en un contexto en el que Cerdán dirigió una célula de espionaje en Ferraz en la que Leire Díez se dedicó (todo presuntamente) a mercadear con escándalos de los fiscales anticorrupción.

Los socios parlamentarios han celebrado la rápida reacción de Sánchez porque, en realidad, están enchufados a la manguera. Están bien pagados y temen que, sin Sánchez en Moncloa, el flujo de dinero público que cae en sus manos o en las de sus redes clientelares se corte. De ahí su desvergüenza, su falta de moral y su nulo sentido del interés general. Si los principios democráticos de estas formaciones comienzan y terminan con un minuto de aplausos ante el enésimo truco de embaucador del presidente del Gobierno, podría concluirse que es flaco el favor que hacen al país... y a sus propios votantes, a los que se presenta hoy un plan de regeneración que estará comandado por una persona asediada por corrupción de varios tipos.

Lo más hiriente es quizás la desfachatez con la que engañan y el porcentaje de obscenidad de sus palabras. Quien firma estas líneas hablaba desde 2018 con altos cargos de la CNMC y recogía sus lamentos por la inacción de Hacienda con respecto a la prohibición de contratar para empresas que, por ejemplo, amañaron decenas de contratos, por cientos de millones de euros, para el desarrollo de la alta velocidad, que de milagro tuvo poco, pues fue corrupto, como tantas y tantas cosas en este país en decadencia. Ahora, Sánchez reacciona para intentar seguir vivo, pero creer en su discurso, a la vista de los elementos de juicio que tenemos, implica ser muy inocente o hacerse el tonto.