La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado prorrogar seis meses más la investigación sobre la venta de un sistema antidron a un milica Libia por parte de empresarios españoles. En un auto firmado a principios de este mes de julio, la magistrada accede así a la petición de la defensa de Aurelio Estrella, uno de los investigados, para tener más tiempo para entregar un informe pericial.

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La Policía Nacional detuvo en enero de 2024 a cinco personas entre Madrid y Valencia, cuatro españoles y un extranjero. Los arrestados eran los responsables de la antigua empresa militar SDLE, los hermanos Aurelio y Manuel Estrella Río. También cayeron otros directivos de la compañía. El quinto tenía un rango medio en la organización y servía de enlace con la milicia RADA-SDF de Libia, un grupo paramilitar afincado en Tripoli, donde se concentran los grupos violentos contrarios al Gobierno de Bengasi y al mariscal Jalifa Haftar, que lidera el Ejército Nacional Libio (LNA).

La investigación arrancó en 2020 centrada en el extranjero detenido que, según El Español, estuvo relacionado con la llegada del líder saharaui, Brahim Ghali, a nuestro país en abril de 2021. Pero con el avance de las pesquisas, los agentes de la Comisaría General de Información (CGI) dieron con los cuatro españoles investigados.

La causa gira en torno a un presunto delito de tráfico ilegal de material de doble uso, aquel que puede servir para fines civiles y militares. El sistema antidrones de SDLE tenía como destino final el aeropuerto de Tripoli. La infraestructura está bajo control de la milicia RADA-SDF. El valor en el mercado se estima en más de dos millones de euros. Vender material militar a Libia está prohibido por las sanciones que afronta el país de oriente medio.

Desde la detención de Aurelio Estrella a principios de 2024, la empresa familiar ha dado muchas vueltas y noticias. El Independiente ha publicado algunas operaciones, cuanto menos sospechosas: la venta de unos chalecos antibala a Ucrania por un lado y, por otro, unos drones chinos que no eran capaces de volar. Además, se han deshecho de la compañía militar, vendiéndola a unos nuevos propietarios que la han bautizado como Alfariver. Ya no tienen ningún tipo de vinculación con la sociedad, según afirman los nuevos dueños.

Desde la muerte de Muammar Gadafi en 2011, Libia ha vivido enfrentamientos constantes entre dos grupos: los liderados por Jalifa Haftar, con la capital en Bengasi, y un grupo de distintas milicias y rebeldes que controlan Trípoli. Los primeros concentran el 80% del territorio del país, incluídos los pozos de petróleo nacionales más importantes, donde opera Repsol.

Delegación de Bengasi en Madrid

La idea de Haftar y el parlamento que lo respalda es terminar de conquistar toda Libia y acabar con los "grupos islamistas radicales", según confirman fuentes de su gabinete a este periódico. De hecho, esperan que se pueda cumplir antes de terminar este año. Entonces comenzará la reconstrucción del país. Un pastel de "90 billones de dólares" del que España se está quedando fuera.

Recientemente, una delegación del ejército libio ha visitado Madrid. El grupo llegó el miércoles 2 de julio, y los últimos representantes salieron de la capital el domingo 13. Entre sus citas ha estado la de reunirse con un alto cargo de la compañía energética que opera en su país. Es el cuarto encuentro que han mantenido en España en lo que va de año.

En la Audiencia Nacional hay abierta otra investigación sobre venta de material de doble uso a Libia, pero esta sí afecta al grupo de Haftar. Este periódico contó en exclusiva que el Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga a tres empresas españolas por participar en una supuesta trama para vender 44 drones al Ejército Nacional Libio por valor de 14.298.000 euros. 

Fuentes jurídicas explican a El Independiente que en la causa, que se abrió a finales de 2023, todavía no hay nadie imputado. Tampoco se han practicado diligencias desde que el nuevo juez titular, Antonio Piña, llegase a su juzgado, a pesar de solicitarlo en varias ocasiones las defensas. La investigación de los drones derivó de una operación anterior, en la que se vendieron 20 visores térmicos acoplables a fusiles de asalto en 2023.

Aunque la causa está parada, los informes de la Guardia Civil señalan al LNA como "una milicia", lo que ha molestado "profundamente" al ejército, según ha transmitido a este medio la delegación que ha visitado Madrid. Entre las figuras clave que señalan los investigadores hay dos personas muy cercanas a la cúpula militar: Josep Saad Fonte y Awad Ali Kumati.

"No entendemos que tienen contra nosotros". Los representantes de Bengasi tenían como objetivo poder reunirse con el juez que investiga la venta de drones, con algún representante del Ministerio del Interior o con algún miembro del Gobierno, para poder aclarar lo ocurrido en 2023 y recuperar las relaciones con España. "Las empresas españolas no van a hacer nada en la reconstrucción. El resto de Europa ya se está moviendo para conseguir los contratos".

El mariscal Haftar, y su hijo Saddam, que es el teniente general de mayor rango, pretender vender una imagen positiva del país al mundo para atraer inversiones. El Independiente tiene en su poder imágenes del teniente general Haftar con destacados miembros de ejércitos de varios países de Europa, entre ellos el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra español, el general Amador Enseñat y Berea. Uno de los que aparecen en el informe de la Guardia Civil, Josep Saad, ha mantenido reuniones con altos mandos de Información de la Benemérita. En una de esas fotos, aparece en un restaurante con el coronel Francisco José Vázquez.

"No sabemos por qué se reúnen con nosotros y nos llaman milicias, y por qué persiguen a Josep en los tribunales si hay jefes de la Guardia Civil que tienen relación con él". Hasta que los temas judiciales "no se solucionen", España tiene poco negocio que hacer en Libia. "Estamos contentos con Repsol, pero nunca se sabe".

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