Por qué Trump puede arruinar el verano a Sánchez: las represalias del contrato con Huawei

España trabaja con los enemigos de América. Es la percepción que tienen los congresistas estadounidenses más ligados al presidente Donald Trump. La razón: el contrato del Gobierno de Pedro Sánchez con Huawei para que los servidores OceanStor 6800V almacenen las escuchas telefónicas de SITEL, el sistema de interceptaciones con autorización judicial que utilizan las fuerzas de seguridad que dependen del Ministerio del Interior. A partir de esta semana se conocerán las represalias de EEUU por este contrato, por valor de 12,3 millones de euros, desvelado por The Objective. Pueden ir desde restringir la cooperación, las sanciones e incluso resetear la relación.  

Desde el 17 de julio la directora de la Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, tiene en su poder una carta, firmada por los responsables del Senado, Tom Cotton, y de la Cámara de Representantes, Rick Crawford, en la que demandan que se revisen "los acuerdos de intercambio de información con el Gobierno de España para garantizar que cualquier información compartida con los servicios de inteligencia, defensa y fuerzas del orden españoles no revele secretos de seguridad nacional de los Estados Unidos al Partido Comunista chino". Explican que Huawei tiene conexiones con el partido y que si así se lo requirieran tendría que ceder los datos en su poder. A su juicio, "China tiene acceso por la puerta trasera", gracias a España, a la inteligencia de los aliados. 

España juega con fuego

En un comunicado, Crawford señalaba: "España está jugando con fuego al poner en peligro su seguridad nacional y la seguridad de sus ciudadanos. Al aprovechar a un agente conocido del Partido Comunista de China para recopilar y almacenar cantidades insuperables de datos sensibles, España se ha vuelto vulnerable a amenazas claras para la seguridad y la soberanía no solo de sí misma, sino también de sus aliados en todo el mundo". 

Es una cuestión muy delicada, que preocupa a los republicanos más críticos con China y a grupos de influencia relacionados con The Heritage Foundation. Tulsi Gabbard, muy cercana a Donald Trump, que ha apostado por ella a pesar de su falta de preparación para el cargo, probablemente compartirá con el presidente esta inquietud.

Ha empezado la cuenta atrás para que se den a conocer las represalias. Hay quienes, como el analista Michael Walsh, evocan el ejemplo de Sudáfrica, país con el que las relaciones que mantiene EEUU son cada vez más turbulentas. Ya lo fueron en la primera Administración Trump, pero han empeorado por la posición de Sudáfrica sobre Israel y su acercamiento a China. Las relaciones se están revisando a fondo y se plantean sanciones contra sus líderes. 

Los hay muy radicales, como Gordon G. Chang, autor de Plan Rojo: El proyecto chino para destruir América, que sostiene en su cuenta de X: "España les está complicando la vida a las democracias occidentales. Es hora de perder la paciencia. La OTAN podría ser más eficaz con un miembro menos".

Es la segunda vez en poco más de un mes que Trump le vendrán a decir que Pedro Sánchez es un socio díscolo que va por su cuenta.  En la cumbre de la OTAN, a finales de junio, Sánchez se desmarcó de cara a la galería del aumento del presupuesto de defensa al 5%, solicitado por Trump a los aliados. A la hora de la verdad en la reunión a puerta cerrada no se encaró con Trump y aceptó lo mismo que todos, pero a Trump le llegaron sus reticencias. Ahora la sospecha es que se inclina hacia China y que deja que Huawei acceda a datos que, según España no comprometen la seguridad, algo que ponen en duda desde Washington y desde Bruselas. 

Claves del caso Huawei: el contrato

España lo que ha hecho es contratar con Huawei su línea de servidores de alto rendimiento OceanStor 6800V como apoyo para conservar y clasificar las comunicaciones interceptadas legalmente por las fuerzas de seguridad del Estado. El 12 de julio el Ministerio del Interior reconoció esta adjudicación por 12,3 millones de euros. La oferta china es más asequible que la de competidores occidentales como IBM o Dell EMC. 

La decisión forma parte del acuerdo de licitaciones centralizadas entre 2021 y 2025 e incluye la custodia digital de las interceptaciones ordenadas por jueces y fiscales, como, por ejemplo, los proporcionados por la Unidad Central Operativa (UCO) en el caso de corrupción de Koldo.

Estas escuchas no se refieren a operaciones de espionaje, ni son datos del CNI. De ahí que el Ministerio del Interior español mantenga que el contrato "cumple con la normativa de ciberseguridad establecida por el Centro Criptológico Nacional" y no supone riesgo alguno para la seguridad. Aún así, Huawei es una empresa vinculada al Partido Comunista de China, aunque presuma de independencia. Y a su vez al Gobierno de Pekín. 

No es la primera vez que Huawei participa en sistemas sensibles españoles. La empresa asiática ya ha prestado apoyo tecnológico dentro de los sistemas de interceptación legal (SITEL), lo que ha generado malestar en sectores de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Qué interés tiene el Gobierno de España con Huawei

Desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa, ha visitado tres veces Pekín. Las relaciones son cada vez más estrechas entre los dos países. China, que intenta que la Unión Europea no secunde a EEUU sin rechistar, se ha acercado al Gobierno de Sánchez, gracias a las buenas gestiones de la consultora Acento, de José Blanco, a la que contrató Pekín para hacer lobby a su favor, y del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. 

Por qué se irritan en Washington y Bruselas

Desde Washington ya la Administración de Biden tenía a Huawei en su punto de mira. En 2022 se prohibió a las empresas estadounidenses contratar servicios de telecomunicaciones de Huawei para las redes 5G. El Departamento de Justicia tiene desde hace tiempo una causa contra el conglomerado controlado por el PCCh, acusándolo de "una prolongada práctica de usar fraude y engaño para apropiarse indebidamente de tecnología sofisticada de sus homólogos estadounidenses". 

La Administración de Trump ha seguido en esa línea. China es un competidor  y cada vez más políticos del Congreso la perciben como una amenaza. Cualquier colaboración con Pekín es trabajar para el enemigo, en su percepción. 

Pero también en Bruselas consideran que Huawei es un proveedor de alto riesgo.  En 2018, la Unión Europea excluyó a fabricantes chinos como Huawei de los concursos públicos y del despliegue de redes de telecomunicaciones por el temor a que sirvan como brazo del espionaje chino. Al menos 11 países del bloque han prohibido contratar a Huawei, entre ellos Alemania y Suecia.

De hecho, el grupo de inteligencia Five Eyes, formado por EEUU, Reino Unido, que cambió su posición inicial, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, bien restringido o vetado el uso de Huawei en redes 5G por considerar que pone en peligro la integridad de sus comunicaciones estratégicas.

El eurodiputado liberal Bart Groothuis describía con claridad el contencioso en Politico: "No existen medidas de mitigación de riesgos de ciberseguridad para contrarrestar la amenaza de que ciudadanos chinos entren en instalaciones de almacenamiento y datos… España depende ahora del país con el programa de espionaje ofensivo más grande y sofisticado dirigido contra nosotros". 

Qué puede hacer ahora EEUU

El analista Michael Walsh escribía en El Independiente sobre las opciones que se manejan en Washington. "Se ha debatido la posibilidad de imponer sanciones específicas que restrinjan los viajes y congelen los activos de personas y entidades españolas implicadas en corrupción, delincuencia organizada, violaciones de los derechos humanos y prácticas anticompetitivas", señala Walsh. 

También se ha barajado ir más allá. Se podría "restringir la cooperación bilateral en materia de defensa, seguridad e inteligencia. Esto podría incluir la imposición de restricciones al comercio de material de defensa, la retirada de las fuerzas militares estadounidenses de las bases militares españolas, la suspensión de España de las plataformas de intercambio de inteligencia de Estados Unidos y/o la orden de revisar por completo las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos, de forma similar a lo que se está debatiendo con Sudáfrica". Y Trump sabe que cuenta con el Congreso para ejecutar estas represalias. 

La sensación en Washington la describe bien Sean Turns, en The Washington Examiner: "La administración Trump ha priorizado el reparto de responsabilidades entre los aliados. Puede que España no haya recibido el mensaje, pero el gobierno actual debería ser tomado en serio. Los verdaderos aliados contribuyen a las alianzas. No las socavan".