Un juicio de 'Champions': así fueron los tres días en el Tribunal Supremo que marcarán el futuro del fiscal general

Todo empezó en París. El 28 de mayo de 2022, el día en que el Real Madrid disputó la final de la Champions contra el Liverpool en la capital francesa, el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le comentó al jefe de gabinete de su compañera sentimental, Miguel Ángel Rodríguez, que tenía abierta una inspección de Hacienda y que no estaba tranquilo. "Como tantos otros en España", le respondió el asesor político.

Todo continuó en Madrid. El 13 de marzo de 2024, los jefes del fiscal de delitos económicos Julián Salto, a quien por reparto le correspondió la denuncia de Hacienda contra González Amador, le sacaron del estadio Metropolitano mientras el Atlético de Madrid jugaba un partido de Champions contra el Inter de Milán. Lo hicieron con un único objetivo: que les entregara los correos electrónicos que había intercambiado con el abogado del empresario, para dejar constancia de que habían sido ellos, y no la Fiscalía, quienes habían propuesto llegar a un acuerdo.

Y todo acabará en la plaza de la Villa de París. El 3 de noviembre de 2025, ahí, en el Tribunal Supremo, comenzó un juicio insólito: el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que el novio de Ayuso ha sentado en el banquillo... de las defensas, acusado de un delito de revelación de secretos. Como se ha negado a dimitir, y el alto tribunal rechazó suspenderle cautelarmente, sigue siendo fiscal general del Estado, por lo que se le permite no sentarse en el tradicional banquillo de los acusados, sino junto a sus abogados (del Estado, para variar), y con la toga puesta. Por ello también puede acceder al Supremo por la puerta principal, y no por la entrada ubicada en la calle del Marqués de la Ensenada.

Que a un fiscal se le juzgue por la presunta comisión de un delito cometido en el ejercicio de su cargo es atípico. Que ese fiscal sea el jefe de todos los fiscales de España era impensable, hasta el punto de que Álvaro García Ortiz sigue al frente del Ministerio Público por un vacío legal: cualquier otro, por ley, hubiera sido apartado.

Ante la avalancha de medios que desean cubrir in situ unos días que quedarán grabados en la historia de España, el alto tribunal ha habilitado todas las salas de su biblioteca para dar cabida a los más de 200 periodistas acreditados que quieren contar todo lo contable de unas jornadas que marcarán el futuro de la Fiscalía, un organismo esencial dentro del engranaje democrático. Como sucedió en el juicio del amnistiado procés, aquellos en los que el Estado se juega algo despiertan una atracción informativa mayor de lo habitual.

El tribunal, compuesto por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Manuel Marchena, Ana Ferrer y Susana Polo, está juzgando a la séptima autoridad del Estado, tras el Rey, el presidente del Gobierno, del Congreso, del Senado, del Constitucional y del Supremo: el fiscal general del Estado.

Este escenario, esta Liga de Campeones judicial con el Estado juzgando al Estado, es al que viene asistiendo la ciudadanía española durante los últimos días. Y seguirlo, además, no es sencillo: se entremezclan una amalgama de testimonios, correos, mensajes y publicaciones periodísticas que contribuyen a oscurecer una causa ya de por sí oscura.

Un breve repaso cronológico antes de comenzar la función; el 12 de marzo, el diario.es anuncia que el novio de Ayuso ha defraudado a Hacienda; el 13 de marzo, a las 21:29, El Mundo publica que la Fiscalía ha ofrecido pactar; a las 21:54, La Sexta desmiente esa información; a las 21:59, García Ortiz recibe en su correo personal las comunicaciones de Salto con el abogado de González Amador; a las 23:25, la Cadena SER avanza el contenido de uno de los correos del letrado, y a las 23:51 publica la noticia en la web.

Acto 1: La guerra de los fiscales

Lunes. Prácticamente al mismo tiempo que García Ortiz llegaba al Supremo, cuando la mayor parte de los periodistas aún no había abierto el portátil, se difundía la primera noticia de la semana: el alto tribunal acababa de procesar al exministro de Transportes José Luis Ábalos por irregularidades en los contratos de mascarillas durante la pandemia. Ni un instante de tranquilidad.

A las 10:00 comenzó el juicio, con la lectura de unas cuestiones previas que se alargaron más de lo previsto, lo que provocó que solo pudiera testificar el fiscal Salto. Explicó que la noche del 13 de marzo, cuando supuestamente se produjo la filtración, tuvo que salir del Metropolitano para atender la demanda de sus superiores. "El fiscal general no puede esperar", le dijo la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que le requirió que le enviase los correos con "urgencia".

El plato fuerte del día, las declaraciones de la propia Rodríguez, que estuvo a punto de sentarse en el banquillo (de las defensas) con García Ortiz, y de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quedaba postergado a la tarde. Receso.

Cuando los periodistas se disponían a ir a por algo de comer en alguno de los restaurantes de la calle Génova, un inquietante runrún empezó a circular: el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que presuntamente implicaba al ministro Ángel Víctor Torres en la 'trama Koldo' estaba al caer. Y así fue. La pausa para comer quedó anulada. Un sándwich y al ordenador, 1antes de que se reanudara el juicio, no fuera a ser que el Instituto Armado provocara el tercer terremoto político del día, tras el procesamiento de Ábalos y la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana.

A las 15:30 se reanudó la sesión con la declaración de Rodríguez. Defendió que la noche del 13 de marzo nada se hizo "con clandestinidad" y que no le sorprendió que el fiscal general le pidiera que le enviara los correos electrónicos a su cuenta personal. "Si el fiscal general me lo pide a su gmail, se lo mando a su gmail", explicó a los magistrados del Supremo.

La fiscal jefe provincial de Madrid también dijo que a la única persona de la Fiscalía a la que escuchó hablar de "filtraciones" fue a Lastra. Fue el día anterior, el 12 de marzo, cuando coincidió en una reunión con ella y con Salto, después de que eldiario.es hubiese publicado que González Amador había defraudado a Hacienda. Aseguró que Lastra dijo que "esos lo han filtrado", en referencia a la Fiscalía General.

Después, Lastra dio su versión de lo ocurrido. Contó que la noche del día 13 pactó con García Ortiz realizar una nota informativa al día siguiente para desmentir la información que circulaba a raíz de la noticia publicada por El Mundo, según la cual la Fiscalía había ofrecido un pacto.

Relató que después escuchó en directo a un periodista de la Cadena SER afirmar que la Fiscalía estaba preparando una nota de la que ella no tenía conocimiento. También contó que le pidió por teléfono a Rodríguez que no enviase los correos: "Pilar, lo van a filtrar, por favor, no hagas nada".

A la mañana siguiente, cuando García Ortiz la llamó por teléfono para pedirle que publicaran la nota, le dijo: "¡Has filtrado los correos". Y él respondió: "Eso ahora no importa". "Se me quedó grabado en el alma", narró Lastra ante la mirada de su jefe.

Las comparecencias de Rodríguez y Lastra evidenciaron la fractura interna que existe en la Fiscalía, que asiste dividida al juicio de su máximo responsable. Sin ir más lejos, una de las acusaciones populares es la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Acto 2: El delicuente confeso del Reino de España

Martes. "Soy el delincuente confeso del Reino de España." Entre las cinco y las siete de la tarde, Alberto González Amador clamó ante el tribunal del Supremo. En una intervención milimétricamente preparada, la pareja de Ayuso trató de explicar, por activa y por pasiva, que el mayor perjudicado de este proceso ha sido él: que ha sido un "ariete" contra su compañera sentimental, que su reputación está por los suelos, que se ha gastado un dineral en abogados, que va a ir a juicio y que será condenado con toda seguridad.

"El fiscal general me había matado públicamente", aseguró mientras fulminaba con la García Ortiz, cuando explicó cómo vivió la difusión de los correos de su abogado, quien le explicó que jamás pensó que una comunicación suya con la Fiscalía pudiera filtrarse. Al final de su intervención, el empresario se dirigió al tribunal: "Señoría, o me voy de España, o me suicido."

El presidente del tribunal, Martínez Arrieta, irónico tras una larga e intensa sesión vespertina, le recomendó que no se decantara por ninguna de las dos opciones. "En cualquier caso, hable con su abogado", le aconsejó.

La tarde del martes en el Tribunal Supremo estuvo cargada de encontronazos, acusaciones cruzadas y lamentos. Antes de González Amador testificó Miguel Ángel Rodríguez, que, como era de esperar, mantuvo un tenso diálogo con la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que pide la absolución García Ortiz. "No estamos aquí por mí, sino por la filtración", le espetó el asesor de Ayuso.

La fiscal le preguntó cómo supo que el fiscal general acabaría investigado y por qué lo difundió en redes sociales asegurando que "iría p’alante". El asesor aludió a una intuición que, dijo, no fue "desacertada": "Dije que el fiscal general iría p’alante. No era desacertado". En resumidas cuentas, el asesor de Ayuso explicó que la noche del 13 de marzo se limitó a compartir en un chat con periodistas un pantallazo de uno de los correos que le había hecho llegar el propio González Amador para desmentir la noticia que había dado La Sexta. A partir de ahí, "se desató la locura", en sus palabras.

Para colmo, en uno de los momentos álgidos del interrogatorio a Rodríguez, se fue la luz en la sala principal de la biblioteca del Supremo. Habían saltado los plomos. Los periodistas, histéricos, empezaron a correr de un lado para otro. El juicio no se retransmite en directo, por lo que escuchar lo que dicen los testigos es esencial para escribir las crónicas. La Sala fue informada y la vista se detuvo hasta que volvió la luz.

A estas alturas, nadie duda de que González Amador sufrió una revelación de secretos. Tampoco que García Ortiz maniobró para hacerse con los correos, como él mismo reconoció durante la instrucción. Lo que tendrá que dictaminar el tribunal es si cometió un delito al dar publicidad una información reservada a la que tuvo acceso por razón de su cargo, o por el contrario no reveló nada, o bien no reveló nada que no hubiese sido ya revelado.

Interludio: Los políticos

Aunque parezca mentira, en el inicio de este proceso shakesperiano, el mayor interés no era saber si García Ortiz había filtrado información privada sobre un ciudadano particular: era conocer si lo había hecho siguendo las órdenes de Moncloa. La mañana del 14 de marzo, el PSOE utilizó los correos para cargar contra Ayuso en la Asamblea de Madrid, e inmediatamente se desataron las preguntas: ¿la Fiscalía había entregado esos correos para que unos políticos cargaran contra otros políticos, interfiriendo así de lleno en el debate público? ¿O había sido a través de la prensa?

Esta cuestión nunca será resuelta. Primero, porque el borrado de su correo y de su teléfono impidió a la UCO ver los mensajes y llamadas que el fiscal general mantuvo durante el 13 y 14 de marzo. Y después, porque la Sala de Apelación enmendó al instructor, Ángel Luis Hurtado, que aseguró que éste filtró los correos "siguiendo órdenes de Presidencia". Consideraron que no había indicios que justificaran tal información, por lo que los políticos han quedado al margen de este juicio.

No obstante, dos de ellos sí que han comparecido como testigos: el exsecretario general del PSOE madrileño Juan Lobato y Pilar Sánchez Acera, la que fuera en aquellas fechas jefe de Gabinete del entonces jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López, hoy ministro para la Transformación Digital.

Lobato, al que esa mañana del 14 de marzo pidieron que utilizaran los correos contra Ayuso, se negó a hacerlo hasta que no los vio publicados en la prensa. Técnico de Hacienda de profesión, dudaba de la legalidad de exhibir datos privados de un ciudadano particular en un parlamento, por mucho que fuera la pareja de una rival política.

Para cubrirse las espaldas, cuando comenzó la investigación, levantó acta ante notario de los mensajes en los que Acera le hizo llegar la confesión para que quedara constancia de que a él nadie le había filtrado nada. Ante el Supremo, Acera aseguró que la información se la hizo llegar "un medio de comunicación", pero que no recordaba cuál. Lobato, por su parte, aludió a la "prudencia" para justificar su protocolización de los mensajes ante notario.

Acto 3: Los dilemas morales de los periodistas

Miércoles. Lo primero que le dicen a un estudiante de periodismo es que el secreto profesional es sagrado, y que el derecho a no revelar las fuentes es la piedra angular sobre la que debe girar toda su actividad. Si un periodista revela sus fuentes, está acabado. Nadie volverá a hablar con él. Sin embargo, este juicio no versa sobre la naturaleza del secreto profesional y sus límites, sino sobre una posible vulneración de derechos fundamentales a un ciudadano anónimo por parte de un funcionario público del más alto nivel.

Los testimonios de los comunicadores son importantes, puesto que muchos de ellos han contado que poseían la información antes que García Ortiz, y que por lo tanto no reveló ningún secreto. También han declarado que él no fue la fuente original, algo incuestionable a estas alturas, puesto que no tuvo en su poder los correos del fiscal Salto hasta la noche del día 13.

Así lo aseguraron en la Sala de lo Penal tres periodistas. "Tengo un dilema moral, porque sé quién es la fuente, pero no puedo desvelarla", aseguró uno de ellos. Arrieta reaccionó diciéndole: "Una cosa es que no la diga pero otra cosa que nos amenace con que la sabe".

Lo cierto es que había información sobre la situación tributaria de González Amador circulando antes de que el jefe del Ministerio Público recibiera los dos correos a las 21:59. Sin embargo, tal y como detalló el juez Hurtado cuando le procesó, la clave está en lo que ocurrió en las dos horas posteriores, y en la información que publicó la Cadena SER:

"El correo de 2 de febrero de 2024 fue la base sobre la que se preparó la información que a las 23:25 horas dio el programa Hora 25, y sobre el que se elaboró la información que dio 26 minutos más tarde la web de este medio, ambas tras, presumiblemente, habérselo filtrado García Ortiz", escribió Hurtado cuando procesó al fiscal general.

El juez consideró que la información a la que dio publicidad la Cadena SER esa noche no había sido desvelada previamente, y que fue ahí cuando se cometió la revelación de secretos al publicarse datos privados:

"No hubo filtración previa y anterior de la información confidencial de dicho correo en la que ampararse para exculparse por la información que se difundió a las 23:51 en la web". Es decir, el magistrado estableció una diferenciación esencial: la información sobre quién propuso qué, y la que se reveló en la SER.

Por delante quedan tres días de juicio y la declaración más esperada: la del propio fiscal general del Estado, prevista para el miércoles. Su testimonio marcará el rumbo de un proceso que ha expuesto como nunca las costuras internas de la Fiscalía y puesto en cuestión su modo de actuar. En esta Champions judicial, el Estado sigue jugando su partido, con el resultado todavía por determinar.