El juez Juan Carlos Peinado ha citado este domingo como imputada a la secretaria general de Presidencia, Judith Alexandra González Pedraz, en el marco de la investigación por un presunto delito de malversación relacionado con la contratación y el trabajo de Cristina Álvarez, asesora en Moncloa de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

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El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid estableció en un escrito que su declaración no puede ser en calidad de testigo, sino que debe comparecer como investigada para ser informada del objeto del procedimiento y de los hechos que se le imputan, conforme establece la Ley del Jurado.

Peinado fundamentó su decisión en que la responsabilidad de González Pedraz abarca tanto el control del personal dependiente de la Secretaría General de Presidencia como la supervisión de que sus funciones se ajusten a la legalidad. Según el juez, la omisión de ese deber de control puede eventualmente derivar en responsabilidad penal, razón por la que la cita como investigada.

También ha sido el motivo por el cual mantiene como investigado a su antecesor en el cargo entre 2021 y 2023, Francisco Martín —actual delegado del Gobierno en Madrid— y por el que elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo para imputar al ministro Félix Bolaños, que ocupó ese puesto entre 2018 y 2021, pretensión que fue rechazada.

En concreto, el togado mantiene bajo la lupa la actividad de Álvarez en relación al Máster de Transformación Social Competitiva que Begoña Gómez dirigía dentro de la Cátedra que poseía en la Universidad Complutense de Madrid, y si se extralimitó en el desempeño de sus funciones públicas para "favorecer el plan delictivo" de la esposa de Pedro Sánchez mediante la utilización de unos recursos puestos "indebidamente" al servicio de intereses estrictamente privados, como en este caso era la relación de Gómez con la universidad madrileña.

En un informe basado en los correos electrónicos aportados por el exvicerrector de la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indicó que fue Álvarez quien se encargó de gestionar con distintas empresas los patrocinios de la Cátedra de la Complutense.

En este punto, el juez rechaza que pueda emplearse como argumento de defensa la existencia histórica de una figura informal de "asistenta de la esposa del presidente del Gobierno". Según Peinado, ese razonamiento no resulta pertinente para el análisis actual, centrado en determinar si Álvarez realizó funciones ajenas a su puesto.

Peinado subraya que no cabe justificar una presunta irregularidad amparándose en prácticas previas y lo ilustra con dos ejemplos: que el hecho de que otra persona haya "robado una gallina" no habilita a alguien a "robar tres o cinco", ni que alguien haya conducido ebrio permite a otro hacerlo con una tasa aún mayor o bajo los efectos de estupefacientes.

Aunque estaba instruyendo en una pieza separada la parte de la investigación que afecta a la asesora, la Audiencia Provincial de Madrid obligó a Peinado a acumularla a la causa principal. El togado mantiene que Gómez, imputada por cinco delitos relacionados con la corrupción, utilizó la estructura de la Presidencia y la influencia de su marido para obtener beneficios de carácter personal.

El magistrado también quería investigar el papel que pudo desempeñar la esposa de Pedro Sánchez en el rescate público de Air Europa, cuestión que la Audiencia madrileña le negó esta semana, al no estar relacionada con el núcleo del procedimiento.

Peinado rechaza la declaración de Sánchez

En el mismo auto en el que imputó a González Pedraz, el juez rechazó tomar de nuevo declaración al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como al ministro Félix Bolaños. En el caso del jefe del Ejecutivo, explicó que su testimonio sería "inútil e impertinente", puesto que cuando "tuvo ocasión de colaborar" con la Justicia no lo hizo, acogiéndose a su derecho "legítimo" de no declarar contra su cónyuge.

No obstante, Peinado dejó un recado a Sánchez en su auto: "Si bien, no es descartable que, como él mismo ha manifestado públicamente, puede cambiar de opinión en cualquier momento, al igual que cualquier otro ciudadano".

En los mismos términos se expresó sobre Bolaños, aludiendo a su comparecencia previa, de la que dijo que "de poco sirvió": "Aunque no hayan sido consideradas como válidas para un hipotético delito de falso testimonio, por la Sala de Admisiones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, nada hace pensar en que cambiara en su posible posterior declaración".

Declaraciones

Este domingo, Peinado también tomará declaración como testigo del presidente del Instituto de Empresa, Diego de Alcázar, que en su primer interrogatorio explicó al juez que se contrató a Gómez para la dirección del Africa Center porque tenía un currículum adecuado. Tanto él como Miguel Escassi, responsable institucional y políticas públicas de Google, y Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) declararán también esta tarde.

Por su parte, la asociación Hazte Oír, que ejerce una de las acusaciones populares, pidió una nueva testifical de Escassi por "por su conocimiento de la cátedra" que codirigía Gómez en la UCM y "por su conocimiento directo del tejido de relaciones para obtener financiación a la hora de desarrollar el software".

Con respecto a Doadrio, declaró en julio de 2024 que no tenía competencias sobre las facturas de la cátedra de Gómez, incluidos los pagos derivados del software, según señalaron fuentes jurídicas a esta agencia de noticias.

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