La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se ha personado este viernes en las sedes de Correos y del Ministerio de Transición Ecológica, así como en varios organismos públicos dependientes de Hacienda, para recopilar información vinculada a la investigación abierta contra Leire Díez. Según confirman a El Independiente fuentes cercanas a la investigación, los agentes han acudido por orden del Juzgado Central Número 6 de la Audiencia Nacional al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y las Direcciones Generales de Patrimonio del Estado y Política Energética y Minas para solicitar la entrega de documentación sobre la adjudicación de contratos y subvenciones bajo sospecha de la Fiscalía Anticorrupción.

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En concreto, los agentes han requerido en el Ministerio de Transición Ecológica la entrega de dos expedientes administrativos.

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Con estos ya serían más de 20 los registros o entradas en diferentes empresas públicas, viviendas o locales autorizados por el magistrado Antonio Piña en el marco de una causa abierta contra Leire Díez, Antxón Alonso y Vicente Fernández por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Cabe recordar que la operación dirigida por la UCO, por orden de la Audiencia Nacional y con la colaboración del departamento capitaneado por Alejandro Luzón, comenzó el pasado miércoles con las detenciones de la exmilitante socialista, el expresidente de la SEPI y el socio de Santos Cerdán.

La Guardia Civil continuó este jueves con la entrada en la sede de la SEPI, Sepides, Enusa, Mercas y en la empresa Forestalia. Un total de 19 registros en menos de 24 horas en ubicaciones como Madrid, Sevilla y Zaragoza.

La operación ha culminado este viernes con la entrada en varios organismos públicos dependientes de los Ministerios de María Jesús Montero y Sara Aagesen donde los agentes han requerido información clave sobre el presunto amaño de contratos públicos.

La investigación abierta a raíz de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia Nacional tiene fuertes lazos con el conocido 'caso Koldo'. Aunque los contratos objeto de investigación estarían fuera de la órbita del dúo Ábalos-Koldo, uno de los detenidos en esta operación también permanece investigado por el Tribunal Supremo.

Antxón Alonso, dueño de Servinabar y conocido por su relación con Santos Cerdán, permanece bajo el foco de la UCO por el presunto amaño de contratos públicos. Figura clave en ambas causas por sus vínculos empresariales a los que hay que sumar la influencia de Vicente Fernández en la Administración, incluso tras su salida de la SEPI.

El exdirectivo pasó a trabajar en la empresa vasca de Antxón Alonso justo después de su salida del organismo público. Fernández llegó a la presidencia de la SEPI aupado por la ministra María Jesús Montero y tuvo que dejar el puesto después de ser imputad por el presunto amaño de una obra de minas.

Ahora, la UCO pone el foco en su patrimonio valorado en más de 4 millones de euros. La Guardia Civil registró este jueves un local ubicado en La Cartuja (Sevilla) llamado 'La Bola' que podría haber sido utilizado para el blanqueo de fondos.

Además de la coincidencia Antxón Alonso y Vicente Fernández en Servinabar, cabe destacar que el expresidente de la SEPI presidió dicho organismo público mientras la otra investigada, Leire Díez, ocupaba un alto cargo en Enusa. Tiempo después, la exconcejal del PSOE pasó a Correos, entidad en la que también se han personado esta mañana los agentes de la UCO.