La libertad tiene un precio. Y, si no, que se lo digan a Mario Villarroel. Este abogado venezolano, nacido en Caracas en 1947, fijó su residencia en Madrid hace más de dos años, cuando se vio obligado a abandonar su país ante las presiones y el acoso del régimen de Nicolás Maduro.
Su caso ejemplifica cómo los Estados autoritarios chocan frontalmente con quienes actúan con independencia y se resisten a acatar directrices arbitrarias. Villarroel presidió la Sociedad de la Cruz Roja Venezolana hasta agosto de 2023.
“El Gobierno tuvo un interés desmedido en apoderarse legalmente de la Cruz Roja en julio de 2023. Fabricaron una corriente de opinión para desacreditarme a mí y a mi familia”, narra a El Independiente. “Todo empezó con un programa televisivo de Diosdado Cabello, quien afirmó que yo conspiraba contra la revolución bolivariana, que desconocía el mandato del presidente, me tildó de delincuente y llegó a decir que muchos años atrás había intentado apropiarme de una herencia”.
Antes de su destitución, Villarroel ya había sufrido presiones directas. La vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, le pidió que nombrara como vicepresidente de la institución a Luis Manuel Farías, hoy al frente de la Cruz Roja. Él se negó, y a partir de ahí comenzaron los problemas. “Mi filosofía era garantizar una independencia total respecto a los Gobiernos. Sí a la colaboración, no a la dependencia”.
La campaña en su contra se intensificó. Jorge Rodríguez, hermano de la vicepresidenta y presidente de la Asamblea Nacional, llegó a difamar a Villarroel desde la tribuna parlamentaria, asegurando que había prescindido arbitrariamente de los servicios de unos médicos. “Fue una operación orquestada para sacarme, y el mecanismo elegido fue el descrédito personal”.
Para ejecutar su salida, el Gobierno recurrió a la Fiscalía General, que se basó en unas denuncias nunca tramitadas, según las cuales Villarroel habría maltratado a empleadas de la Cruz Roja. “El fiscal llevó el caso al Tribunal Supremo. En 36 horas, la Sala Constitucional, en un tiempo récord, nombró una junta ad hoc en la Cruz Roja, le otorgó poder para modificar los estatutos y designar una nueva directiva. Era la vía para apartarme de inmediato”.
Ante el acoso sostenido, Villarroel abandonó Venezuela y se instaló en Madrid, destino de centenares de compatriotas en los últimos años y donde ya residía su hijo Miguel, también abogado. “Tuve que irme del país volando. Sentí que podía perder hasta la libertad”. Pero la tiranía encabezada por Maduro no se conforma con expulsar a quienes le plantan cara ni perdona a quienes no comulgan con su ideario populista-totalitario.
Hace unos meses, el periodista venezolano Norvey Marín investigó la situación en la Cruz Roja y emitió un programa que molestó profundamente al Gobierno. A partir de ahí se activó una campaña en la que distintos medios satélite del régimen promovían artículos difamatorios y sin firma, con la esperanza de que alguno fuera publicado en medios que asumieran esa mercancía informativa averiada.
En esos textos no solo se atacaba al abogado, sino también a sus hijos. Según denuncia la familia, estos portales aliados del régimen están dirigidos en la sombra por Oliver Blanco, responsable de las redes sociales de Delcy Rodríguez.
Uno de esos artículos llegó a publicarse, por error, en un medio generalista español. En él se difundió una noticia falsa y manipulada en la que se atacaba a Villarroel y a su hijo Morris, al relacionarlos con el secuestro de César de Caro. La dictadura lo utilizó para repostearlo y reproducirlo simultáneamente en más de 80 de sus portales falsos.

El episodio afectó especialmente al expresidente de la Cruz Roja venezolana, que insiste en que no pretende “ni polemizar ni abrir un debate”, sino limpiar su nombre, ligado durante décadas a labores humanitarias. Antes de presidir la Cruz Roja en Venezuela, dirigió entre 1987 y 1997 la Liga Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
“Soy víctima de unos ataques desmedidos que son falsos. Cuando dicen que yo había acosado a algunas personas por cuestiones laborales, estaba en una terapia intensiva por la enfermedad que padezco", cuenta indignado. “Todo ha sido una patraña que me ha afectado profundamente. El peor daño para una enfermedad de este tipo es el estrés, y me ha estresado ver dañada a mi familia y a mí por el Gobierno”.
El régimen de Maduro también ha puesto el foco en su familia, tratando de despojar a Miguel Villarroel de la vicepresidencia de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cargo para el que fue elegido por primera vez en 2017 y reelegido en 2022.
La familia relata que, a través de distintos intermediarios, el régimen les ha hecho llegar el mensaje de que los ataques cesarían si Miguel renunciara a ese puesto. Pero para los Villarroel “se trata de un asunto de dignidad no negociable”, y, al igual que hizo su padre, Miguel no ha cedido y mantiene un cargo al que accedió mediante dos elecciones democráticas. También ha sido objeto de ataques Marion Villarroel, que reside en Miami y ejerce como jefa de Gabinete de la alcaldesa de Doral, en Florida.
Corren malos tiempos para la tiranía chavista. El incremento de la presión militar de la administración Trump ha colocado a Nicolás Maduro en una situación más delicada que nunca, en un contexto en el que ha tenido que ver además cómo la figura más visible de la oposición, María Corina Machado, lograba huir del país en una operación digna de película.
La premio Nobel de la Paz pasó tres horas a la deriva en un pequeño bote, en un mar picado, después de que el GPS cayera al agua, hasta ser rescatada por un veterano del Ejército de Estados Unidos. La Casa Blanca monitoreó toda la operación.
“Tuve que irme hace casi tres años, prácticamente huyendo”, relata Mario Villarroel a El Independiente. “Afortunadamente tenía el pasaporte vigente y pude hacerlo, pero me he visto despojado de muchos derechos: no he podido vender algunos bienes que tengo en Venezuela y se han apoderado de otros”.
Hoy, desde Madrid, observa a distancia un país, su país, del que fue expulsado por negarse a someter una institución humanitaria a los dictados del poder. Su historia resume el coste personal de mantener la independencia en un sistema autoritario: exilio, descrédito y pérdida de derechos. Un precio alto por defender que, incluso bajo una dictadura, hay principios que no deberían negociarse.
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