El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado este jueves la solicitud del exasesor ministerial Koldo García de imponer una indemnización al empresario Víctor de Aldama para asegurar posibles responsabilidades derivadas del procedimiento. El juez sí impuso fianzas de 60.000 euros tanto a Koldo como al exministro José Luis Ábalos.

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Así consta en una providencia a la que ha tenido acceso El Independiente. Puente explica que su decisión de abrir una pieza de responsabilidad civil únicamente para Koldo y Ábalos, y no para Aldama, no se debe a que los dos primeros se encuentren en prisión provisional y el empresario en libertad.

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El magistrado aclara que "la razón es más simple", precisando que "las eventuales responsabilidades civiles que con ello tratan de asegurarse traerían causa de la posible comisión de ilícitos penales que solo a aquéllos (y no a Aldama) se atribuyen por las acusaciones en esta causa especial".

Concretamente, alude a posibles indemnizaciones a favor de las empresas públicas Ineco y Tragsatec, "constituyendo dichas responsabilidades civiles la parte notablemente sustancial de las posibles responsabilidades pecuniarias cuya satisfacción trata aquí de asegurarse cautelarmente".

El magistrado también subraya que Koldo "carece por completo de legitimación" para pedir la adopción de medidas cautelares destinadas a asegurar responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del juicio frente a otro de los acusados. "Es claro que, no estando legitimado para interesar en este procedimiento frente a otros de los acusados responsabilidad pecuniaria alguna, mal podría estarlo para solicitar el aseguramiento cautelar de unas eventuales responsabilidades que no puede interesar".

Puente añade que, aunque la responsabilidad civil sea solidaria entre los condenados por un determinado hecho delictivo, “ninguno de los así declarados responsables, si hubiere lugar a ello, podría exigir que aquélla se ejecutara sobre el patrimonio de otro y no sobre el propio, fuera mayor o menor la capacidad patrimonial de uno u otro”.

Koldo había solicitado que se impusiera fianza también a Aldama, argumentando que la responsabilidad civil debe ser "solidaria entre todos ellos” —los tres procesados— y destacando la “exuberante capacidad económica y solvencia material" del empresario.