El Ministerio de Hacienda ha rectificado y ha introducido cambios en su propuesta de deducciones fiscales para facilitarle al Ministerio de Trabajo un acuerdo tripartito sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026. Según fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero consultadas por El Independiente, el incentivo fiscal que inicialmente se articulaba a través del Impuesto sobre Sociedades se extenderá finalmente a los autónomos que tributan en el régimen de estimación directa, después de las críticas de la patronal al diseño inicial.

PUBLICIDAD

El giro llega en plena negociación de la subida del SMI, tras cinco años consecutivos en los que las subidas del salario mínimo han salido adelante únicamente con el respaldo de los sindicatos, sin el aval de la patronal. En este contexto, el Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, ha buscado atraer a CEOE y Cepyme a un acuerdo tripartito para elevar el SMI en 2026 un 3,1% —hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas—, un incremento que más que duplica el planteamiento defendido por los empresarios, que proponían limitarlo al 1,5%.

PUBLICIDAD

Así, ante el rechazo de Hacienda de implementar la desindexación de los contratos públicos, se ha planteado una nueva fórmula con la que Trabajo intentará atraer a las asociaciones empresariales. El diseño inicial de las deducciones fiscales en el Impuesto sobre Sociedades se filtró en la noche del miércoles y provocó un rechazo inmediato por parte de ATA. Su presidente, Lorenzo Amor —que además es vicepresidente de la CEOE— denunció que el esquema planteado dejaba fuera a cientos de miles de autónomos empleadores, al estar vinculado exclusivamente al Impuesto sobre Sociedades, cuando buena parte de los trabajadores por cuenta propia tributan a través de IRPF en estimación directa o estimación objetiva. Sin embargo, según las fuentes consultadas, el Ejecutivo ha optado por reformular el alcance del incentivo para incluir ahora a los autónomos en estimación directa.

Aun así, la CEOE y Cepyme han fijado este jueves su oposición frontal a la propuesta en un comunicado conjunto en el que aseguran que "establece condiciones inalcanzables para la mayoría de las empresas", zanjan en el texto. Las organizaciones empresariales también sostienen que, “de lo que hemos podido conocer por la prensa”, el incentivo sustituye la esperada indexación de los contratos públicos "por unas fórmulas trileras que no compensan los costes asociados a la actualización del SMI".

En este sentido, la patronal ha reprochado que el esquema, tal y como se planteó inicialmente, "deja fuera a todos los autónomos y a la inmensa mayoría de las empresas de todos los sectores" y excluía "de manera insólita" a compañías en pérdidas, a cooperativas y a entidades sin ánimo de lucro. Con este escenario de rechazo previo a la reunión prevista para este jueves por la tarde, el margen para un acuerdo tripartito sigue siendo limitado, pese a los ajustes que el Gobierno prepara a última hora para ampliar el perímetro del incentivo.

El incentivo fiscal

Hacienda contempla un incentivo fiscal progresivo en el Impuesto sobre Sociedades y en el régimen de estimación directa, con el que las empresas podrían compensar hasta el 100% del coste asociado a la subida del salario mínimo, siempre que la compañía aumente el número de trabajadores que ganen por encima del salario mínimo y mantenga ese incremento en el tiempo.

En concreto, en el caso de las compañías de menos de 100 empleados, la medida exige sumar al menos un trabajador a jornada completa durante un año, mientras que en las empresas de mayor tamaño el aumento deberá ser como mínimo de dos empleados o del 1% de la plantilla.

Además, el beneficio fiscal quedaría limitado a firmas en las que el gasto en personal supere el 70% del total de su cuenta de resultados y obligaría a no reducir plantilla y a sostener esas mejoras salariales durante al menos dos años; de incumplirse las condiciones, el incentivo tendría que devolverse. Así, la rebaja sería progresiva y compensaría entre el 25% y el 100% del coste que la subida del SMI suponga para la empresa, en función del aumento de trabajadores que pasen a cobrar por encima del salario mínimo.