Getxo no es un municipio más. Además de ser la quinta localidad en población del País Vasco, es uno de los feudos en los que siempre ha gobernado el PNV. Vinculada al poder industrial y económico de Euskadi, estos días vive más agitada que nunca. El origen está en un ‘palacete’ del siglo XIX y en una presunta trama de prevaricación que salpica a tres concejales del PNV y a tres funcionarias del Consistorio que gobiernan los nacionalistas junto al PSE.

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En el municipio vizcaíno ayer se vivió una escena pocas veces vista, menos aún en una localidad como Getxo: la alianza del PP, EH Bildu y Podemos contra la alcaldesa del PNV, Amaia Agirre. La ‘guerra’ abierta de la oposición contra la formación que lidera Aitor Esteban se vivió con intensidad en el Pleno del Ayuntamiento que durante cinco horas protagonizó un duro cruce de acusaciones para reclamar la dimisión de la primera edil.

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El PNV hace días que salió en su defensa. Lo hizo antes con los concejales ahora dimitidos y a los que poco después –una vez imputados- forzó a dimitir. Durante semanas llegó a defender su inocencia con vehemencia, antes de que el Juzgado número 2 de Getxo les imputara por un presunto caso de prevaricación y atentado contra el patrimonio.

Amaia Agirre, alcaldesa de Getxo: "Esto es un akelarre político"

Ayer el arrope lo necesitaba la alcaldesa. El fin de semana se dejó fotografiar y apoyar por el presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola. Este jueves, en el Salón de Plenos, varios exalcaldes de Getxo del PNV regresaron al Ayuntamiento para expresarle su apoyo. Lo hizo incluso José Luis Bilbao, exdiputado general de Bizkaia entre 2003 y 2015 y que no acostumbra a dejarse ver en actos públicos.

Pero PP, Bildu y Podemos no se dejaron intimidar por el respaldo jeltzale. Intentaron hasta en tres ocasiones alcanzar un acuerdo para forzar la salida de Agirre. Cada formación presentó su propia moción. Las de los populares y EH Bildu no salieron adelante. La coalición abertzale no reclamó de modo expreso la dimisión de la alcaldesa, pero en cambio sí apoyo, junto al PP, la moción de Podemos que sí la reclamaba.

Pero Agirre lo dejó claro: no dimitirá. “Esto es un akelarre político”, dijo, un intento por “atacar a mi partido y a mi figura” a través de “inflar escándalos”. El PNV insiste en que no hay razones para que ella abandone el cargo. Ni está imputada ni hay indicios de que participara en la operación que ahora investiga la Justicia: “Ni hay condenas ni hay hechos probados”.   

Quiénes son los concejales del PNV imputados por el 'caso Palacete'

Un hecho que ayer sí era visible era la ausencia de tres de los nueve concejales del PNV. Se trata de Ignacio Uriarte, Irantzu Uriarte e Iñigo Urkitza. Todos ellos están imputados, junto a otros tres funcionarias, por el llamado ‘caso Palacete’.

La causa que ha incendiado las relaciones políticas en el Consistorio vizcaíno arrancó en 2024. En agosto de ese año se descubrió que el inmueble, el palacio ‘Irurak Bat’ que debía ser rehabilitado en realidad había sido demolido.

Construido en 1845, el edificio había recibido autorización para rehabilitarse con la condición de mantener sus fachadas y el tejado del edificio. En la solicitud concedida por los técnicos municipales se planteaba la construcción de seis viviendas de lujo en el ‘palacete’ y otras seis en otro edificio anexo que se iba a levantar. Considerado un edificio protegido, bien de interés cultural, un informe municipal había determinado que el coste de la rehabilitación rondaría los 3,2 millones de euros.

El ahorro del derribo ilegal: 700.000 euros de beneficio

Sin embargo, en algunos casos empezar de cero es más barato. Es lo que debieron concluir los promotores del proyecto. El coste de levantar un nuevo edificio en la parcela, una vez limpio el solar, costaría 2,5 millones, es decir, 700.000 euros menos. Y así lo hicieron. La multa posterior por haber incumplido las condiciones de la licencia fue de apenas 50.000 euros. Es precisamente en este ahorro donde la jueza sospecha que se esconde una posible colaboración entre técnicos, políticos y promotores.

La sorpresa y la razón del revuelo que se vive en Getxo radica en que en la cooperativa que promovía el complejo de pisos de lujo participaban dos concejales del PNV: Ignacio e Irantzu Uriarte. Ambos son pareja y hasta hace poco también eran concejales del Ayuntamiento de Getxo. Según ha trascendido, ambos tenían reservados dos pisos en la promoción de viviendas para cuyas licencias y permisos, junto al resto del Gobierno, habrían participado para ser aprobadas. Las reticencias de algunos de los técnicos municipales al tratarse de un edificio protegido no lograron detener la operación.

Además de los tres ediles, también están imputadas la arquitecta municipal, la jefa del departamento de urbanismo y una técnico del área. Se investiga si estas funcionarias omitieron informes clave o facilitaron la tramitación de una licencia que tenía "efectos reales" de demolición a pesar de saber que el edificio era un Bien de Interés Cultural.

"Ni que fuera la Torre Eiffel", la frase que Aitor Esteban rectificó

El pasado día 14 la Ertzaintza registró las oficinas del área de Urbanismo del Ayuntamiento en busca de pruebas. De las oficinas municipales se llevaron varias cajas con documentación. Tras el registro ordenado por la Juez, los tres concejales del PNV fueron imputados y serán llamados a declarar dentro de un mes. Su declaración ante la jueza está previsto para el 25 de febrero y será decisivo para saber si hubo una orden política de obviar los incumplimientos o si fue una negligencia técnica.

La causa le ha estallado al PNV, que desde el primer momento intentó minimizar su impacto. El propio presidente de la formación llegó a rebajar la importancia del derribo y el caso, “ni que fuera la Torre Eiffel”, aseguró. Unas manifestaciones que poco después reconoció que no habían sido acertadas. Sobre la alcaldesa, el presidente del PNV siempre ha defendido que actuó de modo diligente en este caso.