La jueza responsabiliza al Ministerio para la Transición Ecológica del suceso de El Bocal dónde murieron seis jóvenes

La investigación judicial sobre el suceso de El Bocal, en Santander, en el que fallecieron seis jóvenes tras el colapso de una pasarela en una senda costera, ha publicado hoy un auto en el que la jueza considera la Demarcación de Costas "la única responsable".

Según el auto dictado este martes, 24 de marzo, la magistrada instructora considera que la Demarcación de Costas, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es “la única responsable” de garantizar el adecuado mantenimiento y conservación de la infraestructura donde se produjo el accidente.

La resolución, dada a conocer por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, ha dirigido la acción penal contra dos funcionarios vinculados al organismo: el jefe de servicio de proyectos y obras de la Demarcación de Costas y el director de las obras de la senda costera ejecutadas en 2012, quien actualmente ocupa la jefatura de ese departamento.

La jueza insiste en su auto en que corresponde a Costas la “responsabilidad exclusiva del mantenimiento de las unidades de obra ejecutadas” en la senda peatonal, incluida la pasarela que terminó cediendo. De este modo, la instrucción se centra en posibles deficiencias en la conservación de la estructura y en si existió una actuación negligente por parte de los responsables técnicos.

Reparación "insuficiente" en 2024

La magistrada encargada del caso ha calificado de "insuficiente" la reparación ejecutada por la Demarcación de Costas en el verano de 2024, advirtiendo de "serios indicios de negligencia" al omitirse el avanzado estado de oxidación de los elementos metálicos de la estructura. Según la resolución judicial, las obras de la senda costera de Santander nunca finalizaron formalmente —con un segundo proyecto en 2016 que ni siquiera fue aprobado—, lo que significa que el Ayuntamiento no había recepcionado la obra y la responsabilidad del mantenimiento seguía siendo competencia exclusiva de Costas.

No obstante, la jueza señala que el consistorio santanderino sí ostentaba la potestad en materia de seguridad y debió "acotar, señalizar o precintar" el paso al detectar un riesgo, especialmente al incluir la zona en rutas turísticas. La investigación busca ahora determinar si el peligro de colapso era perceptible antes del siniestro, para lo cual se ha citado a declarar a los ciclistas que auxiliaron a las víctimas, a los vecinos que denunciaron previamente el mal estado de la pasarela y a la policía local investigada por la gestión de un aviso recibido el día anterior al accidente

Este nuevo paso en la causa se enmarca en la investigación abierta tras el trágico suceso ocurrido en El Bocal, que puso el foco en el estado de las infraestructuras costeras y en los mecanismos de supervisión administrativa.

La imputación de estos dos cargos públicos abre ahora una nueva fase en el procedimiento, en la que se determinará si los fallos en el mantenimiento pudieron ser determinantes en el desenlace del accidente.