Desde 2019 los salarios han crecido un 1% mientras la vivienda se ha disparado un 64%

España es una de las economías desarrolladas que más ha crecido económicamente desde la pandemia. Son datos que celebra el Gobierno y a los que aluden los organismos internacionales, desde el Fondo Monetario Internacional hasta el Banco Central Europeo. Sin embargo, este crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) desde el cuarto trimestre de 2019 también tiene otras implicaciones. El desarrollo económico se ha apoyado en un mercado laboral en expansión y unos precios que se han disparado a costa del bolsillo del ciudadano. El ejemplo más claro es la vivienda, cuyo precio se ha disparado un 63,7% en el caso de la vivienda nueva y un 46,4% en la de segunda mano, según los datos del Índice de Precios de la Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución de los precios al alza no tendría por qué ser un problema si se hubiesen trasladado al conjunto de los actores económicos a través de los salarios. Pero este no ha sido el caso. De acuerdo con la Encuesta del Coste Laboral Unitario (ECLU), también del INE, el coste salarial medio por hora ha aumentado un 24,2% en el mismo periodo, lo que supone tan solo algo más de un tercio sobre lo que han aumentado los precios de la vivienda.

Sin embargo, este dato no incorpora la inflación. Desde 2019, la inflación media acumulada ha sido del 21,8%. De una forma simplificada significa que, si en 2019 se compraba un producto por 100 euros, en 2025, por ese mismo producto, el ciudadano debe pagar 128 euros. Cuando se traslada al salario, se conoce como pérdida de poder adquisitivo y, para obtener el valor real, se debe descontar del incremento salarial la inflación. De esta forma, el cálculo revela que el incremento salarial prácticamente se ha estancado: tan sólo ha crecido un 1,1% desde 2019.

Así las cosas, con unos salarios que apenas han mantenido su poder adquisitivo frente a una vivienda en plena escalada de precios, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales focos de tensión económica en España. De hecho, los indicadores macroeconómicos ya reflejan esta realidad. El dato más reciente ha aparecido en la Encuesta Financiera de las Familias (EFF), publicada el pasado jueves por el Banco de España, donde se refleja que en 2024, el porcentaje de hogares con una vivienda principal en propiedad cayó al nivel más bajo de la serie, que comienza en 2002. Concretamente, hasta el 70,6%.

Las cotizaciones sociales aumentan un 26%

Por otro lado, la ECLU del INE también registra el incremento que han soportado los empresarios en el apartado de "cotizaciones sociales obligatorias" a la Seguridad Social, que ha sido del 26,2%. En términos absolutos, suponen un aumento del coste medio desde los 625,98 euros en el cuarto trimestre de 2019 hasta los 789,70 en el mismo trimestre de 2025.

En este caso, y a diferencia de los salarios, a esta partida no se le debe restar la inflación porque no es dinero que perciba el trabajador, sino un coste que asume la empresa, por lo que no tiene sentido ajustarlo por poder adquisitivo. Así, mientras que estos costes han aumentado un 26,2%, los salarios apenas lo han hecho un 1,1% en términos reales. Un diferencial que no es neutro.

Como ya explicó anteriormente para El Independiente el catedrático de Organización de Empresas de la Universidad CEU San Pablo, José Ignacio López Sánchez, el aumento de las cotizaciones sociales por encima de los salarios tiene "más efectos negativos que positivos". El beneficio evidente es que la Seguridad Social recauda más, pero la contrapartida es que se incrementa el coste laboral sin que ni el trabajador ni el empresario reciban una compensación directa. Es decir, el trabajador no ve un cambio en su salario aunque el empresario asuma una carga social creciente.

De hecho, esta estructura salarial en España —donde las cotizaciones crecen por encima de los salarios— ha sido cuestionada por numerosos organismos nacionales e internacionales. Por ejemplo, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha instado al Gobierno a "reequilibrar la composición impositiva hacia impuestos menos distorsionantes" si necesita ampliar los fondos de la Seguridad Social, ya que una "carga elevada de los impuestos sobre el trabajo, podría desincentivar el empleo y la creación de puestos de trabajo". Precisamente, el eje principal sobre el que se sustenta el avance del PIB en los últimos años.