Luzón deja la pelota en el tejado del Supremo sobre la rebaja de pena a Aldama

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha situado este pasado miércoles al Tribunal Supremo ante la decisión clave sobre el alcance de la rebaja de pena que podría aplicarse al empresario Víctor de Aldama por su colaboración con la Justicia en el 'caso Koldo'. En su exposición de conclusiones finales, Luzón ha defendido que la declaración del comisionista ha sido relevante para el avance de la investigación, y que su valoración jurídica debería traducirse en una atenuante —incluso de carácter muy cualificado o privilegiado— cuya concreción corresponde al tribunal.

Pese a que la Fiscalía General —con Teresa Peramato al frente— intervino en la fase previa del informe para impedir que la Fiscalía Anticorrupción rebajara más la petición de pena a Víctor de Aldama, al rechazar la aplicación de una atenuante de confesión en su versión más intensa, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha mantenido finalmente la posición de sostener la pena de siete años de prisión. En ese contexto, fuentes fiscales apuntan a que existió un debate interno sobre la intensidad de la rebaja que podía solicitarse por la colaboración del empresario, que Luzón defendía valorar de forma más amplia.

Sin embargo, esa posición no ha impedido que, en su informe final ante el Tribunal Supremo, Luzón haya dejado claramente abierta la puerta a que esa cooperación tenga efectos relevantes en la sentencia. Aunque no ha modificado sus conclusiones ni reducido formalmente la petición de pena, sí ha subrayado que la colaboración de Aldama es jurídicamente relevante y susceptible de ser premiada, desplazando al Alto Tribunal la decisión final sobre si procede aplicar una atenuante cualificada y en qué medida.

Delitos de Ábalos y Koldo

Durante su intervención, el fiscal ha querido enmarcar los hechos dentro de una estructura de criminalidad organizada en la que, según su tesis, cada pieza desempeña un papel funcional. “Las organizaciones criminales son intrínsecamente delictivas, cada integrante establece un papel”, ha señalado, subrayando que la jerarquía interna resulta esencial para entender el funcionamiento del entramado. En ese esquema, ha situado a José Luis Ábalos como figura central y a Koldo García como engranaje operativo, mientras que Aldama habría actuado desde fuera como facilitador interesado.

En ese punto, Luzón ha matizado la relevancia de cada uno de los intervinientes. “Aldama no interviene en algunos de los delitos que se les achacan a Ábalos y Koldo”, ha explicado, añadiendo que los dos principales acusados no necesitaban al empresario para ejecutar determinadas conductas. Con ello, el fiscal ha querido desmontar la idea de una estructura rígida en la que todos los partícipes operaban de forma simétrica o intercambiable.

Uno de los ejes de su intervención ha sido la forma en la que la influencia política se traduce en capacidad de corrupción. Luzón ha descrito un sistema en el que la jerarquía institucional y la cercanía al poder resultan determinantes, hasta el punto de rechazar lecturas simplificadas sobre el liderazgo de la trama. “No se trata de establecer un número uno, dos o tres”, ha advertido, en alusión a la estructura interna, para después remarcar que “el presidente del Gobierno no era el número uno”, en referencia al debate político que ha acompañado el procedimiento.

El fiscal ha incidido especialmente en el papel de Koldo García como intermediario constante entre el ministro y terceros. “Koldo es el asistente, amigo, mano derecha, su sombra”, ha dicho, destacando su capacidad para canalizar peticiones y comunicaciones. En ese contexto, ha reproducido una conversación en la que se evidencia esa dinámica: cuando Jessica solicita que Ábalos intervenga directamente, la respuesta es que no lo hace porque “para eso tiene a Koldo”.

"Una lógica de aprovechamiento"

Sobre Aldama, Luzón ha sostenido que su intervención en la trama se produce desde una lógica de aprovechamiento económico de la influencia política. En su relato, el empresario habría accedido a determinados circuitos de decisión mediante pagos y contraprestaciones. “Aldama fue quien en beneficio propio aprovechó esa influencia, que se garantizó mediante el pago de cantidades de dinero”, ha afirmado.

El núcleo de la acusación por cohecho se sitúa, según la Fiscalía, en los pagos realizados por el empresario, que arrancarían con una entrega inicial de 10.000 euros. Luzón ha enmarcado estos hechos en la lógica habitual de la corrupción: favores, contactos, dádivas o beneficios progresivos. Ha recordado además el pago de la vivienda de la expareja de Ábalos como una de las primeras contraprestaciones detectadas.

En este punto, el fiscal ha subrayado la dificultad de separar responsabilidades individuales dentro del entramado económico descrito en la causa. “El código penal no premia al corrompido y al corruptor”, ha señalado, insistiendo en que la iniciativa o la insistencia en el intercambio de favores es secundaria frente a la existencia del acuerdo ilícito.

Un ministro en la organización criminal

La investigación, según ha defendido, acredita pagos recurrentes y flujos económicos difíciles de justificar. Entre ellos, menciona abonos periódicos que habrían alcanzado cifras relevantes y que, a su juicio, evidencian una relación sostenida en el tiempo. “La organización contaba con sus propios códigos”, ha señalado Luzón, quien ha añadido: “No debe extrañarnos ver a un ministro en la cúspide de una organización criminal”.

Uno de los bloques más extensos de su intervención ha estado dedicado a los contratos de mascarillas durante la pandemia. Luzón ha reconocido la excepcionalidad del contexto, pero ha descartado que ello impida el análisis penal de las decisiones adoptadas. Ha defendido que la contratación de emergencia no excluye la existencia de irregularidades si se acredita que el procedimiento fue condicionado.

En su relato, el fiscal sostiene que existió un acuerdo previo que condicionó la adjudicación de los contratos a determinadas empresas vinculadas a Aldama. “La decisión es de Aldama”, ha llegado a afirmar, en referencia a la influencia del empresario en la configuración del objeto contractual. Según su exposición, las modificaciones en el número de mascarillas o en las condiciones de los contratos responderían a ajustes posteriores a ese acuerdo inicial.

Luzón ha rechazado, no obstante, imputar delitos de prevaricación o malversación en este bloque concreto, al considerar que el contexto de emergencia y la falta de mercado estable dificultan ese encaje jurídico. Aun así, ha sostenido que la existencia de un trato preferente resulta suficiente para sostener la acusación por cohecho.

Un "ornitorrinco procesal"

En el tramo final de su intervención, Luzón ha entrado de lleno en la cuestión clave del procedimiento: la valoración de la colaboración de Aldama con la Justicia. Ha rechazado que su figura deba ser tratada como excepcional o irrepetible, aludiendo incluso a la expresión de “ornitorrinco procesal” utilizada en otros procedimientos para describir figuras similares.

El fiscal ha defendido que la atenuante debe aplicarse conforme a los criterios legales, pero ha dejado claro que su intensidad corresponde al tribunal. “La prueba de cargo no puede depender exclusivamente de su manifestación”, ha advertido, aunque ha reconocido que su declaración ha sido útil para corroborar otros elementos de la causa.

Con ello, Luzón ha cerrado su intervención trasladando al Supremo la última palabra sobre la rebaja de pena que podría beneficiarle. Una decisión que, en última instancia, marcará el alcance penal de la colaboración del empresario en una de las piezas más relevantes del caso Koldo.