La Audiencia Nacional sostiene que la red de Zapatero se impuso a la de Ábalos por el rescate de Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sostiene que Plus Ultra intentó lograr el rescate mediante "mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos" articulados a través de dos vías de influencia diferenciadas. Según el auto por el que cita como investigado a José Luis Rodríguez Zapatero, una de esas líneas se canalizó a través del exministro de Transportes José Luis Ábalos y otra mediante el entorno del expresidente del Gobierno. Ambas habrían operado simultáneamente durante la tramitación de las ayudas públicas.

La resolución judicial señala que finalmente fue la vía vinculada a Zapatero la que adquirió un "papel predominante" y permitió a la compañía alcanzar los objetivos perseguidos. El magistrado describe una presunta trama organizada sustentada en los contactos personales del expresidente y dedicada, supuestamente, al ejercicio ilícito de influencias en favor de terceros a cambio de contraprestaciones económicas canalizadas a través de un entramado societario.

El auto atribuye a esa estructura un funcionamiento jerarquizado en el que el empresario Julio Martínez Martínez actuaba como intermediario habitual con los clientes y gestor de las sociedades utilizadas para canalizar los pagos, mientras que María Gertrudis Alcázar, secretaria de la oficina de Zapatero, y Cristóbal Cano asumían tareas operativas y de coordinación diaria.

La investigación también recoge que algunos de los investigados tuvieron conocimiento anticipado de la concesión de la ayuda a Plus Ultra antes de la aprobación definitiva del rescate por parte de la SEPI. Para el magistrado, la secuencia de reuniones, mensajes y contactos evidencia la existencia de una estrategia orientada específicamente a influir en la resolución administrativa que desbloqueó los 53 millones de euros concedidos a la aerolínea.

Además, Calama sostiene que la trama utilizó sociedades instrumentales y estructuras internacionales para ocultar el destino de los fondos. El auto menciona la creación de una sociedad en Dubái —Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco— destinada a canalizar el cobro del 1% del rescate público, equivalente a 530.000 euros. Según el juez, la proximidad temporal entre la constitución de esa mercantil y la firma de contratos vinculados al rescate refuerza la sospecha de que se creó para recibir pagos fuera de España.

La resolución añade que parte de los fondos procedentes de Plus Ultra y de otras sociedades acabaron en el entorno económico de Zapatero y en Whathefav SL, empresa administrada por sus hijas. El magistrado considera que estos movimientos podrían encajar no solo en un delito de tráfico de influencias, sino también en un posible delito de blanqueo de capitales por la utilización de estructuras societarias destinadas a dificultar el rastreo del dinero.

El instructor sostiene que la investigación ha permitido constatar la existencia de una "trama organizada de ejercicio ilícito de influencias" liderada presuntamente por el expresidente socialista, que habría puesto "sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".

El magistrado sitúa a Julio Martínez como una pieza central de la operativa. Le atribuye funciones de interlocutor habitual con los clientes de la red, receptor de instrucciones directas de Zapatero y responsable de un entramado empresarial utilizado para canalizar los fondos recibidos. De acuerdo con la resolución, esos pagos se formalizaban mediante contratos de asesoría o consultoría empleados como "mera justificación documental frente a terceros".

La investigación judicial también pone el foco en el supuesto acceso a información privilegiada. El juez destaca que dos de los investigados intercambiaron mensajes celebrando la concesión de la ayuda antes de la decisión formal del Consejo Gestor y de la aprobación definitiva del rescate de 52 millones de euros. Para Calama, ese episodio evidencia la capacidad de influencia de la red y el acceso anticipado a información sobre la operación financiada con fondos públicos.

Tráfico de influencias

El auto recoge además que la actividad de la presunta trama no se limitó al rescate articulado por la SEPI. Según el instructor, los investigados también realizaron gestiones ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela para facilitar autorizaciones de vuelo a Plus Ultra. En este punto, el magistrado sostiene que Julio Martínez mantenía una posición de influencia sobre el presidente del organismo venezolano, el mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz.

Calama considera que tanto las actuaciones vinculadas al rescate español como las gestiones en Venezuela forman parte de una misma estrategia y deben entenderse como un único delito de tráfico de influencias.

Para Calama, el conjunto de indicios recabados encaja con los requisitos típicos del delito de tráfico de influencias previstos en el Código Penal: la existencia de una influencia ejercida o simulada, la orientación a obtener una resolución administrativa concreta y la vinculación entre esa actuación y un beneficio económico.

Asimismo, el juez aprecia indicios compatibles con un delito de blanqueo de capitales. En concreto, señala la utilización de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia, estructuras fiduciarias y movimientos internacionales de dinero destinados presuntamente a ocultar la titularidad real de los fondos y desvincular su origen de su destino final.

Pese a la gravedad de los hechos descritos en el auto, el magistrado ha rechazado autorizar el registro del domicilio particular de Zapatero solicitado por los investigadores policiales. Calama considera que la medida sería desproporcionada y entiende que existen vías menos invasivas para obtener documentación relevante.