Un empresario vinculado al caso Plus Ultra ordenó pagar 2.000 euros a Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos

Un empresario vinculado a la presunta trama de tráfico de influencias investigada en el 'caso Plus Ultra' ordenó el pago de 2.000 euros a Jessica Rodríguez, expareja del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Así consta en un auto, al que ha tenido acceso en El Independiente, dictado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que este martes ha levantado el secreto de las actuaciones y señalado al expresidente del Gobierno José Luis Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias que supuestamente facilitó el rescate público de la aerolínea.

Según la resolución, en diciembre de 2020 el empresario peruano Felipe Baca ——investigado en la causa— encargó a un colaborador identificado como "Palomero" la realización de dos pagos. Uno de ellos, por importe de 2.000 euros, iba dirigido a una persona identificada únicamente como "Jessica". La investigación logró asociar posteriormente ese nombre a Jessica Rodríguez García a través de una captura de pantalla de un contacto guardado como "Jess" junto a un número español, cuyo titular correspondía a la entonces pareja del ministro.

El auto no aclara cuál era el motivo concreto de ese abono ni el concepto asociado a la transferencia. No obstante, sí recoge que la entrega del dinero sufrió retrasos debido al temporal Filomena, que paralizó buena parte de España en enero de 2021, y que finalmente los pagos se habrían efectuado entre los días 18 y 20 de ese mismo mes. El otro pago se realizó por un importe de 3.000 euros a "Alejandra", un contacto con un número de teléfono de prefijo venezolano.

La vía de Transportes: "Tocamos a Ábalos"

Este episodio se enmarca en la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional por el rescate de 53 millones de euros concedido a la Plus Ultra por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante la pandemia. Según el instructor, los directivos de la compañía habrían intentado conseguir esa ayuda pública "mediante mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos", activando dos vías de influencia diferenciadas: una vinculada al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y otra ligada directamente al entorno de Zapatero.

La vía del exdirigente socialista habría sido la que adquirió finalmente un "papel predominante" y permitió a la aerolínea alcanzar sus objetivos, pero en un primer momento intentaron recurrir a Ábalos. El 23 de marzo de 2020, el accionista de facto de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, dice a Palomero que necesitan acceder a las ayudas y le pregunta "qué se le ocurre" a nivel político. Textualmente: "Dónde tocar puertas". Palomero le responde: "Tocamos a Ábalos", según los mensajes incorporados en la resolución a la que ha tenido acceso este periódico.

Una semana más tarde, el 1 de abril, Reyes envía a Palomero una noticia de prensa en la que el entonces ministro de Transportes aboga por un plan de recuperación para el sector aéreo, y se preguntan "cómo y cuándo tocar" a la puerta de Ábalos. La vía hacia el titular de la cartera continuó activa, y el juez recoge que Palomero confirmó a Reyes el 6 de junio de 2020 que había "hecho contacto" con "el amigo del amigo". Se refiere al asesor del ministro, Koldo García.

Apenas un mes después, el 7 de julio, Rodolfo Reyes insiste a Palomero que "necesitan llegar al Ministro de Transportes": "Necesitamos llegar a Ábalos", "A su mano derecha". Palomero responde: "Vamos a intentarlo". Al día siguiente celebran una reunión con los responsables de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, Roberto Roselli y Alejandro Delgado para "acelerar" los contactos con el Ministerio. Esta línea de influencia desembocó en un encuentro con el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, apenas dos semanas más tarde.

Zapatero, supuesto líder de la trama

El magistrado ha levantado este martes el secreto de las actuaciones de la causa y ha acordado citar a declarar como investigado al expresidente socialista el próximo 2 de junio por los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, tal y como informó este periódico.

Calama considera que Zapatero lideraba una trama organizada que cobraba a empresas privadas a cambio de conseguirles decisiones favorables del Gobierno o de autoridades extranjeras y articulada a través de sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ocultar el origen y destino de fondos y obtener beneficios.

Según la investigación, para ello utilizaban empresas "pantalla" —como Análisis Relevante SL, empresa de Julio Martínez Martínez— y falsos contratos de asesorías. En concreto, la investigación apunta a que Análisis Relevante habría canalizado más de 490.000 euros a Zapatero y cerca de 240.000 a la empresa de sus hijas, Whathefav. En paralelo, Gate Center habría enviado casi 353.000 euros al exdirigente y más de 171.000 a la empresa de sus hijas, mientras que sociedades del entorno de Thinking Heads habrían remitido más de 681.000 euros al socialista y unos 13.000 a Whathefav. En total, más de un millón y medio de euros para Zapatero y unos 424.000 para su entorno.