Cada año, desde hace seis, las empresas energéticas españolas hacen aportaciones dinerarias al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, el instrumento financiero que articula las políticas para conseguir recortes del consumo de energía comprometidos con Bruselas. Las aportaciones de las empresas van desde las decenas de millones de euros a apenas unos céntimos en función del tamaño de cada compañía.
Cerca de 360 compañías de los sectores del petróleo, la electricidad y el gas inyectarán al fondo conjuntamente algo más de 203 millones de euros, según el presupuesto marcado por el Gobierno. El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera, decreta ahora las obligaciones de aportación entre ellas, que tendrán que afrontar en cuatro pagos a lo largo del año.
Casi la mitad de esos más de 200 millones los asumirán sólo tres compañías de esos más de tres centenares de sociedades: Repsol, con 39,2 millones de euros; Endesa, con casi 28,5 millones; y Naturgy, antigua Gas Natural Fenosa, con cerca de 25,5 millones. En todos los casos se trata de pagos que asumen los grupos a través de varias de sus filiales.
Los siguientes en la lista de mayores paganos son la petrolera Cepsa, con 22,4 millones; Iberdrola, con 15,5 millones de euros; BP, con 12,8 millones; y Galp, con algo más de 9 millones.
El objetivo de este año en eficiencia energética marcado por el Ministerio es un ahorro agregado de 262 miles de toneladas equivalentes de petróleo (ktep) o 3.046,5 gigavatios hora (GWh), y se establece una equivalencia financiera a razón de 789.728 euros por cada ktep o de 67.916 euros por cada GWh.
El Gobierno establece el reparto mediante una compleja metodología que toma como base el proporción de ventas de energía anuales de cada compañía. Para este ejercicio se utilizan para el cálculo las ventas correspondientes a 2017. En el caso del sector eléctrico, se computa la energía vendida al consumidor final, mientras que en el de los operadores petrolíferos al por mayor se contabiliza la energía vendida al nivel nacional para su posterior distribución al por menor y a consumidores finales.
El Fondo de Eficiencia Energética se creó en 2014 para articular el compromiso de de ahorro energético establecido por la Unión Europea. Las empresas del sector energético obligadas a realizar estas aportaciones se han embarcado en una batalla legal ante el Tribunal Supremo, por separado o a través de asociaciones empresariales para tumbar las cantidades que se les ha obligado a aportar al fondo en los últimos años.
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