Marlaska y el deshonor

El juez Santiago Pedraz ha imputado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al DAO (Director Adjunto Operativo) de la benemérita, Manuel Llamas, por dos graves delitos: prevaricación y obstrucción a la justicia. Nunca antes, un juez había dado el paso de investigar a las dos personas que conforman la cúpula de la Guardia Civil. Es, por tanto, algo extraordinario, que da idea de la profundidad de la trama creada por Leire Díaz y el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para abortar las investigaciones que afectan al gobierno o a la familia del presidente.

Desde los tiempos de Luis Roldán, el director general que huyó de España antes de ser detenido por cobrar comisiones ilegales, la Guardia Civil no había pasado por una situación tan delicada, tan bochornosa. Aquello sucedió en 1994 y pensábamos que nunca volvería a ocurrir nada similar. Es verdad que Mercedes González no se ha llevado un euro que sepamos, pero estar acusada de prevaricación y de obstruir a la justicia me parece de una gravedad extrema. Por cierto, tampoco nunca antes hasta ahora un DAO del Cuerpo había sido imputado.

El juez de la Audiencia Nacional asume la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que González y Llamas utilizaron el mecanismo de las 'informaciones reservadas' contra el entonces jefe de la UCO, Rafael Yuste, como un "mecanismo de presión" para que la Unidad dejara dormir las causas que afectan al gobierno y a la familia de Pedro Sánchez. Pero, afortunadamente, ni Yuste, ni el general jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, Alfonso López Malo, se "pusieron de perfil", como hubiera sido el deseo tanto de la directora general como del DAO.

La razón por la que se les imputa de esos dos delitos no se basa en ningún recorte de prensa, o una denuncia de un sindicato de extrema derecha, sino en los testimonios de dos generales que resistieron las presiones y pusieron por delante sus obligaciones y el honor del Cuerpo. Sus testimonios ante el juez Pedraz han sido la base de la imputación.

Ante un suceso de esta trascendencia, el gobierno ha decidido mantenerles a los dos en sus puestos. El ministro Grande Marlaska ha sido rotundo: "Seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora". Bueno, esperemos que no las sigan ejerciendo como hasta ahora. ¿O le parece bien al ministro que los dos máximos responsables de la Guardia Civil sigan insistiendo en boicotear las investigaciones molestas para el gobierno?.

¿Qué piensa Margarita Robles sobre la imputación de la directora general y el DAO de la Guardia Civil?

Lo normal sería que se le abriera un expediente disciplinario al DAO, como establece el artículo 4 de la Ley Disciplinaria. Al menos, hasta ahora toda imputación penal conllevaba la apertura de un expediente. Pero pedirle normalidad a este gobierno es pedirle peras al olmo.

La Guardia Civil tiene una doble dependencia: Interior y Defensa. Y en todo este asunto llama la atención el silencio de Margarita Robles. Me imagino que no estará feliz. De hecho, ella impuso la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo (publicado en el BOE del pasado 20 de junio) a Rafael Yuste, el ex jefe de la UCO que el DAO y la directora general quisieron que se pusiera de perfil. Si es coherente, Robles podría impulsar ese expediente disciplinario. Claro que eso sería abrir una crisis de gobierno, cosa poco probable. Pero sería lo que la ministra debería hacer.

Ni Marlaska ni Pedro Sánchez son conscientes de lo que supone la imputación de la directora general y del DAO de la Guardia Civil. El ministro porque sigue actuando como si fuera un juez (malo) y el presidente porque tiene muy poco respeto a las instituciones. No se dan cuenta de que, por disciplina, la benemérita siempre le ha sido leal al gobierno. Pero que todo tiene un límite. Y el límite es la legalidad.

La sentencia del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 2023 por la que se obligó a Marlaska a reponer en su puesto al coronel Pérez de los Cobos, marca un antes y un después en el pulso entre la obediencia debida y el cumplimiento de la ley. Dice la sentencia: "Hay un ejercicio desviado de la potestad discrecional de cese, pues el motivo para acordarlo era ilegal y, de haberse accedido a la solicitud de información, en contra del mandato judicial, podría haber incurrido (Pérez de los Cobos) en un delito".

Cuando hay una investigación abierta, los agentes de la Guardia Civil están a las órdenes de juez instructor. Sus jefes directos no pueden entrometerse en la investigación bajo el pretexto que sea. Hacerlo, ceder a esa presión, les llevaría a cometer un delito.

Lo que se deduce del auto de Pedraz, basado en el escrito de la Fiscalía, es que si Yuste, como jefe de la UCO, hubiera ordenado al teniente coronel Balas que se pusiera de perfil, el que estaría cometiendo un delito sería él, porque estaría obstruyendo la acción de la justicia.

Cuando en el acto de entrega de despachos de los suboficiales -último acto al que acudieron juntos Marlaska, Mercedes González y Manuel Llamas- un grupo de los asistentes gritó "¡Viva la UCO!" no estaban reivindicando la eficacia de esa unidad de élite, sino que estaban apelando al valor de los que no se han plegado a los deseos de la cúpula del Cuerpo, que ha priorizado salvar al gobierno antes que cumplir con su obligación.