La asociación profesional JUCIL (Justicia Guardia Civil) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han exigido la dimisión "inmediata" de la directora general del Instituto Armado, Mercedes González, así como el cese del director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, después de que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acordase investigarles por presunta prevaricación y obstrucción a la Justicia en el 'caso Leire'.

Fuentes de la Benemérita aseguran a El Independiente que el teniente general Llamas debe dimitir "para no mancillar el uniforme" del Instituto Armado. Asimismo, para JUCIL, organización que cuenta con más de 15.000 afiliados, la permanencia de ambos al frente de la institución resulta "completamente insostenible" y compromete gravemente el prestigio, la credibilidad y la neutralidad de la Guardia Civil.

El detonante de esta petición ha sido la citación como investigados tanto de la directora general como del DAO. Ambos se sentarán ante el juez el próximo 16 de julio para esclarecer su presunta vinculación a la trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez para "desestabilizar" las causas que afectasen al Gobierno y al PSOE influyendo en jueces y fiscales y "desacreditando" a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Así, desde JUCIL consideran que este escenario representa "la gota que colma un vaso ya desbordado por la sombra de la sospecha" que, a su juicio, viene afectando a la dirección de la Benemérita desde hace tiempo.

La Secretaría Nacional de JUCIL ha sido especialmente contundente al defender la incompatibilidad entre ejercer el máximo mando del cuerpo y estar siendo investigado judicialmente. "Quien debe liderar a los guardias civiles en la persecución del delito no puede estar bajo la lupa de los tribunales como investigada", afirma la asociación. Asimismo, recuerda que, como máxima responsable de la institución, Mercedes González "está obligada moralmente a cumplir con el principio que rige a este cuerpo, 'el honor es mi divisa', y dejar el cargo: "Por dignidad institucional, su salida debe ser inmediata".

Al mismo tiempo, JUCIL ha querido desvincular la actuación de la cúpula del trabajo que realizan diariamente los agentes. En este sentido, ha destacado la labor de la Unidad Central Operativa (UCO), cuya actuación califica de "impecable y rigurosa", lamentando que el esfuerzo y el sacrificio de miles de guardias civiles se vea empañado por la situación judicial de sus superiores.

Responsabilidad política de Marlaska

Las críticas de JUCIL también se dirigen al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuyas explicaciones consideran "inadmisibles y contradictorias". La asociación censura que, pese a la investigación judicial abierta, el ministro haya reiterado públicamente su "plena confianza" en la directora general.

Además, recuerda que el propio Grande-Marlaska reconoció en el Congreso de los Diputados que el nombramiento de Mercedes González fue una decisión exclusivamente suya y que asumía toda la responsabilidad política derivada de esa designación. Por ello, JUCIL le insta a ser coherente con sus propias declaraciones y a demostrar esa responsabilidad "no con palabras vacías, sino con su renuncia inmediata".

La asociación sostiene que la salida tanto de la directora general como del DAO constituye la única vía para recuperar la confianza en la institución y lograr una verdadera "limpieza institucional", evitando que la Guardia Civil y sus integrantes continúen siendo, en sus palabras, "rehenes de la erosión política y judicial de sus máximos responsables".

Por el momento, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como Fernando Grande-Marlaska mantienen públicamente su respaldo a Mercedes González. No obstante, JUCIL recuerda que, según informó previamente este medio, el ministro había manifestado que solicitaría la dimisión de la directora general si esta resultaba imputada, una posición que también defendió en el Congreso y que ahora, a juicio de la asociación, debería mantener siendo "consecuente con sus propias declaraciones".

Diego Madrazo, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, ha reiterado a través de un video las mismas peticiones, después de afirmar que habría "llegado el momento de hablar claro" y que la Guardia Civil no puede "seguir soportando esta situación", además, ha concluido que "si no se marchan, alguien debe invitarles a que se vayan". Por su parte, la AUGC no se ha pronunciado sobre qué medidas debería adoptar el ministro del Interior tras la citación judicial.

La investigación

La decisión del magistrado Santiago Pedraz se enmarca en la investigación sobra las supuestas 'cloacas' del PSOE. En este contexto, los investigadores de la UCO consideran que Mercedes González y la presunta 'fontanera' Leire Díez se habrían reunido hasta en tres ocasiones. En estos encuentros, se habría tratado la restitución de un comandante Rubén Villalba —investigado en el 'caso Koldo' y que declara ante el juez el próximo 7 de julio—, así como las presuntas instrucciones trasladadas a mandos de la UCO para que "se pusieran de perfil" y evitaran una "actitud proactiva" en las investigaciones con repercusión política.

Tanto las acusaciones populares como la Fiscalía Anticorrupción habían solicitado al instructor que investigase a la directora de la Guardia Civil y al DAO Llamas, tal y como avanzó este periódico. Las partes también habían reclamado imputar al anterior director general del Instituto Armado, Leonardo Marcos, pero el juez no ha aceptado citarle por el momento.