Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) se reunirán de urgencia el próximo martes para hablar sobre la llegada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos a Ceuta en los últimos días.
Así lo anunció este sábado el primer ministro irlandés, Micheál Martin, tras las peticiones por parte de veintidós Estados miembros, y del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para convocar este encuentro extraordinario.
"Seguimos en estrecho contacto con todos los Estados miembros y las instituciones, y continuamos siguiendo de cerca la situación", añadió en un mensaje en redes sociales el ministro irlandés, cuyo país ostenta la presidencia de turno del Consejo de la UE.
Por su parte, los líderes de 22 países europeos han advertido de que políticas como la regularización de un "número muy elevado" de migrantes pueden actuar como "factores de atracción".
Además, han vinculado la crisis en Ceuta con la reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirmó que la legislación española de extranjería no permite las denominadas devoluciones en caliente, una resolución que, según sostienen, ha sido utilizada para "desencadenar este ataque" y "abusar" del sistema europeo de migración y asilo.
En una carta dirigida a los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, así como al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin -cuyo país ejerce la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE-, los firmantes pedían una videoconferencia urgente de los ministros de Interior del bloque.
Asimismo, avisan de que están dispuestos a "reforzar o reintroducir controles temporales" en las fronteras interiores para afrontar el riesgo de movimientos secundarios, pese a que todavía no se ha detectado ningún desplazamiento no autorizado desde la ciudad autónoma hacia el resto de Europa.
"No podemos permitir que los cruces masivos descontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas creen la percepción de que es posible entrar ilegalmente en la Unión Europea", han avisado los dirigentes. Consideran especialmente peligroso que pueda extenderse la idea de que "la entrada ilegal de un migrante puede convertirse en una estancia legal".
A su juicio, esta percepción podría alentar nuevos intentos de entrada, debilitar la confianza en la política migratoria común y provocar "repercusiones para todos los Estados miembro". Por ello, han defendido que la UE tiene el deber de "disuadir eficazmente y combatir sin descanso la migración ilegal", coordinando su actuación, reforzando las fronteras exteriores y abordando "todas las políticas que puedan servir como factores de atracción".
La misiva está suscrita por los líderes de Italia, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia, varios de los cuales ya habían reclamado endurecer la respuesta europea, llegando algunos, como el Gobierno de Meloni, a defender el restablecimiento de controles fronterizos internos o incluso que se estudiara la suspensión de España del espacio Schengen.
Una posibilidad que Francia, por el contrario, ha descartado "absolutamente", tal y como ha confirmado su ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien además ha reivindicado la "muy, muy, muy buena cooperación" bilateral con su país vecino en materia migratoria, desmarcándose así de esta iniciativa, a la que tampoco se han sumado Irlanda, Luxemburgo y Portugal.
En una carta previa, el dirigente socialista español ha criticado a los ejecutivos que han optado por "atacar a España" y reclamar su exclusión temporal del espacio Schengen, una posición que considera contraria al Derecho europeo y a los principios de solidaridad comunitaria.
Al mismo tiempo, ha defendido la gestión de la crisis junto a Marruecos, que ha permitido "retornar a la práctica totalidad de los migrantes que cruzaron de forma irregular" y "evitar cualquier movimiento posterior no autorizado hacia la Europa continental".
1 Comentarios
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hace 9 segundos
Pedro es muy divertido, acusa de insolidarios a los demás.
Parece no darse cuenta que cualquier trabajador que regulariza su situación en España tiene el derecho de ir a trabajar a otro país.
Es decir somos los proveedores de mano de obra a los países que por su propia decisión no quieren inicialmente a esos trabajadores.
Una manera de ser insolidaria con esos países.