Policías denuncian las prioridades de Interior en Ceuta: dos patrullas menos en las calles para proteger a los altos cargos

La gestión del dispositivo policial desplegado en Ceuta vuelve a situarse bajo la crítica de los agentes. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado que Interior está retirando efectivos de Seguridad Ciudadana de las calles de la ciudad autónoma para reforzar la protección de los responsables institucionales desplazados para gestionar la crisis.

Según denuncia el sindicato, dos indicativos Z de la plantilla de Ceuta están prestando servicios fijos de seguridad en el Parador y el Hotel Ulises, donde se concentra parte del dispositivo institucional desplegado durante las últimas semanas. Esos mismos efectivos también acompañarían en sus desplazamientos a los responsables del Mando Único y de la Secretaría de Estado de Seguridad que se encuentran en la ciudad autónoma.

Efectivos extra

La denuncia del SUP llega en un momento en el que la plantilla policial de Ceuta continúa soportando una elevada presión operativa como consecuencia del dispositivo activado tras las entradas masivas de migrantes. La organización sindical no cuestiona la necesidad de establecer medidas de seguridad para las autoridades desplazadas, pero sí que esa protección adicional se esté realizando, según sostiene, recurriendo a efectivos de una plantilla que ya se encuentra tensionada.

"Si el Gobierno considera necesarios recursos adicionales para proteger a los responsables desplazados a Ceuta, debe enviar efectivos específicos para ello y no reducir la capacidad policial disponible en las calles", sostiene el sindicato.

La crítica se centra, por tanto, en el reparto de los recursos disponibles. Dos patrullas que, según el SUP, pertenecen a la plantilla de Seguridad Ciudadana de Ceuta estarían destinadas ahora a servicios vinculados a la protección del dispositivo institucional, pese a que los responsables a los que dan cobertura disponen de sus correspondientes servicios de escolta.

La organización mayoritaria en la Policía Nacional plantea así una pregunta sobre las prioridades de Interior en plena crisis: mientras los agentes destinados a las calles continúan soportando la presión derivada del dispositivo, parte de esos recursos están siendo empleados para reforzar la seguridad de los responsables que han llegado a Ceuta para dirigir y coordinar la respuesta institucional.

Las reclamaciones tras los casos de sarna

La denuncia sobre la retirada de efectivos de las calles coincide, además, con otro de los principales frentes abiertos en torno a las condiciones en las que están trabajando y alojándose los policías desplazados a la ciudad autónoma.

El SUP presentó el pasado 18 de agosto un escrito ante la Dirección General de la Policía después de conocerse casos de sarna entre funcionarios desplazados. En ese documento, el sindicato reclamó doce medidas concretas relacionadas con la prevención y la vigilancia sanitaria, además de solicitar un informe que, en un plazo de 48 horas, detallase las actuaciones adoptadas, los plazos previstos y los responsables de ejecutarlas.

Diez días después, según explica ahora la organización sindical, la Dirección General de la Policía había comunicado algunas de las actuaciones realizadas o en marcha. Entre ellas figuraban la solicitud de desinfección de instalaciones, la limpieza de vehículos, el refuerzo de la limpieza de la uniformidad, la contratación de un servicio de lavandería y la búsqueda de alternativas de alojamiento para los funcionarios.

Sin embargo, los agentes del sindicato consideran que la respuesta no ha resuelto buena parte de las cuestiones planteadas inicialmente. El sindicato sostiene que sigue sin recibir una contestación concreta a varias de las medidas sanitarias reclamadas y que tampoco se ha remitido el informe solicitado con los plazos de ejecución y los responsables de cada actuación.

Es precisamente ese contraste el que el SUP utiliza ahora para cuestionar la gestión de los recursos y las prioridades de la Administración en Ceuta. Mientras denuncia que se destinan dos patrullas de la plantilla local a reforzar la protección del dispositivo institucional, el sindicato mantiene que siguen sin aclararse completamente las medidas destinadas a garantizar la salud y seguridad de los agentes que llevan semanas trabajando sobre el terreno.

"No importa quién sea el propietario"

Uno de los aspectos que más preocupa al sindicato es la explicación trasladada por la Dirección General de la Policía sobre las instalaciones utilizadas para alojar a los funcionarios desplazados. En su respuesta, la DGP ha destacado, según el SUP, que esos espacios "no son titularidad de la Dirección General de la Policía, ni se encuentran bajo su gestión o dependencia", atribuyendo a sus titulares las obligaciones relacionadas con el mantenimiento, la limpieza y las condiciones de salubridad.

Para el sindicato, sin embargo, esa explicación no responde a la cuestión de fondo. Ya que sostiene que el debate no debe centrarse en quién es el propietario del edificio, sino en qué Administración tiene la responsabilidad de garantizar las condiciones en las que se encuentran los policías desplazados por orden de servicio.

"La cuestión fundamental no es quién sea propietario del edificio, sino quién tiene la obligación de proteger a los policías que la propia Administración desplaza a Ceuta para cumplir una orden de servicio", defiende la organización.

El SUP considera que la Dirección General de la Policía no puede desligarse de esa responsabilidad por el hecho de que las instalaciones utilizadas para el alojamiento de los funcionarios pertenezcan o sean gestionadas por otra entidad. "La Dirección General es responsable de garantizar una protección eficaz de la seguridad y salud de sus funcionarios", sostiene.

La crisis de Ceuta ha obligado durante las últimas semanas a mantener un amplio despliegue de efectivos y ha incrementado la carga de trabajo de policías, guardias civiles y militares. Las asociaciones profesionales y los sindicatos han ido trasladando en este tiempo distintas denuncias relacionadas con las condiciones del dispositivo, desde la presión operativa y la falta de efectivos hasta las condiciones de alojamiento y los problemas sanitarios detectados entre algunos de los funcionarios desplazados.

Posibles acciones legales

Ante esta situación, el sindicato exige una revisión inmediata de la distribución de los efectivos disponibles en Ceuta. Su principal reclamación es que los servicios extraordinarios de protección institucional se cubran mediante recursos adicionales enviados expresamente para esa función y no recurriendo a policías de una plantilla local que ya soporta una importante presión operativa.

El SUP reclama también una respuesta completa a las medidas preventivas solicitadas para los funcionarios desplazados y que se concrete qué actuaciones se van a adoptar, en qué plazos y quién será responsable de ejecutarlas. "Si hay recursos para reforzar la protección de quienes vienen a gestionar la crisis, tiene que haberlos también para proteger a quienes llevan semanas sosteniéndola sobre el terreno", sostiene el sindicato.

La organización advierte, además, de que si no se adoptan las medidas necesarias para garantizar la salud y seguridad de los funcionarios, sus servicios jurídicos estudiarán las acciones legales que correspondan. La denuncia abre así un nuevo frente sobre la gestión de la crisis en Ceuta. Esta vez, la crítica no se dirige únicamente a las condiciones de trabajo y alojamiento de los agentes desplazados, sino también a la forma en que Interior está distribuyendo sus recursos en una ciudad que continúa sometida a una elevada presión operativa.