España superó en diciembre de 2025 el millón de pensiones de incapacidad permanente en vigor, hasta las 1.054.935, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La cifra, que en diciembre de 2022 era de 951.067 y en diciembre de 2024 de 995.503, dibuja una tendencia de fondo que se suma a la gran presión demográfica sobre el conjunto del sistema de pensiones.
Peso dentro del sistema
La incapacidad permanente sigue siendo una prestación relativamente contenida en el gasto total. La nómina mensual de incapacidad permanente fue de 1.278,7 millones de euros en noviembre de 2025, frente a los 10.054,1 millones de las pensiones de jubilación, que suponen el 73,1% de una nómina contributiva total de 13.750,1 millones. En otras palabras, la incapacidad permanente representa en torno al 9% de la nómina contributiva: es una prestación de segundo orden por volumen, pero de primer orden por sensibilidad social.
Cuantías al alza
Según el Ministerio, la prestación media de incapacidad permanente creció a partir del 1 de enero de 2025 en 32,6 euros mensuales de media, pasando de los 1.165,60 euros anteriores a rozar los 1.200 euros al mes. Las pensiones contributivas subieron un 2,8% en 2025 y un 2,7% en 2026, conforme a la Ley 21/2021 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones.
El factor demográfico y la salud mental
Dos vectores presionan la prestación. El primero es el envejecimiento de la población activa: a mayor edad media, mayor incidencia de patologías incapacitantes. El segundo, emergente, es la salud mental. En 2024 se registraron 671.618 bajas por incapacidad temporal por trastornos mentales, el dato más alto desde 2016, según el informe “Salud mental y trabajo 2025” de UGT. El INSST ya sitúa los trastornos mentales como la segunda causa de incapacidad temporal en España, con una duración media muy superior a la de una baja ordinaria. Y la incapacidad temporal prolongada es la antesala habitual de la permanente.
Sostenibilidad a largo plazo
La AIReF y el Informe de Envejecimiento 2024 proyectan un gasto en pensiones al alza como porcentaje del PIB hasta mediados de siglo. Aunque la incapacidad permanente no es el principal motor de ese incremento —lo es la jubilación—, el crecimiento del número de pensiones y de su cuantía media añade tensión a un sistema ya presionado.
El INSS reconoce entre 80.000 y 90.000 nuevas pensiones de incapacidad permanente al año, según el propio organismo, y revisa una media de unos 65.000 expedientes de grado en el mismo periodo. Desde Grupo Novalegal —NOVA SEGURIDAD SOCIAL Y CONSULTORÍA S.L.P., dirigido por Roberto Toro Pujol— apuntan que el endurecimiento en la valoración convive con un aumento de la demanda social de la prestación. De acuerdo con la firma, los abogados de incapacidad permanente observan que muchos reconocimientos llegan solo tras recurrir. El fenómeno, más allá del debate jurídico, es también macroeconómico y demográfico: un termómetro del envejecimiento y de las nuevas dolencias del mundo del trabajo.
Fuentes:
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (notas de diciembre de 2025); Ley 21/2021; informe “Salud mental y trabajo 2025” (UGT); INSST; AIReF e Informe de Envejecimiento 2024.
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