El Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil lleva casi diez meses sin titular. La vacante se mantiene desde noviembre de 2025, cuando el teniente general Manuel Navarrete Paniagua pasó a retiro, y desde entonces no consta en el Boletín Oficial del Estado ningún nombramiento para cubrir la jefatura. El puesto tampoco figura con responsable en el directorio oficial del Ministerio del Interior.
La situación adquiere especial relevancia después de que el Gobierno haya desclasificado documentación de la Guardia Civil relacionada con la crisis migratoria de Ceuta. Uno de los documentos, fechado el 8 de julio de 2026, procede precisamente del Mando de Fronteras y Policía Marítima y plantea la necesidad de reforzar el dispositivo de la Guardia Civil en Ceuta ante el riesgo de un aumento de las entradas irregulares por vía marítima.
La nota interna analiza las consecuencias de la sentencia 814/2026 del Tribunal Supremo, dictada el 29 de junio, sobre las entradas a nado en Ceuta y Melilla. El Alto Tribunal estableció que la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería no resulta aplicable a las personas interceptadas en el mar cuando pretenden acceder a nado a las ciudades autónomas y que, en estos casos, no puede aplicarse el rechazo en frontera, sino que debe tramitarse el correspondiente procedimiento de devolución.
El posible "efecto llamada"
La Guardia Civil advertía en ese documento de las consecuencias operativas que podía tener el nuevo escenario. En concreto, señalaba que la sentencia podía provocar un incremento de la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla y generar un "efecto llamada" hacia las entradas a nado ya el 8 de julio, una modalidad que, según el propio informe, presenta una elevada dificultad para su detección e interceptación temprana. La nota contemplaba incluso una progresiva sustitución de los intentos de entrada por los pasos terrestres por modalidades marítimas desde zonas próximas a la frontera.
Y ante ese riesgo, el Mando de Fronteras planteaba medidas concretas. La primera de ellas era reforzar el Servicio Marítimo Provincial de Ceuta, la unidad encargada del dispositivo de prevención del acceso de nadadores a la ciudad autónoma. Para ello proponía incrementar su personal mediante comisiones de servicio. Para Melilla planteaba una medida similar, con el refuerzo de efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).
La nota proponía además potenciar los sistemas tecnológicos de detección temprana y vigilancia costera en ambas ciudades autónomas, con el objetivo de anticipar los intentos de entrada irregular, advertir a las autoridades marroquíes y reducir los riesgos para las personas implicadas. También planteaba impulsar una modificación de la Ley de Extranjería para extender el régimen de rechazo en frontera a cualquier intento de entrada irregular en Ceuta y Melilla fuera de los pasos habilitados, independientemente de que se produjera por vía terrestre, marítima o cualquier otro medio.
22 días antes de la crisis migratoria
La fecha del documento resulta especialmente relevante. Está firmado el 8 de julio, 22 días antes de que comenzara la crisis migratoria que llevó a miles de personas a intentar acceder a Ceuta a finales de ese mes. La nota no anticipaba específicamente ese episodio ni identifica una futura entrada masiva. Pero sí deja constancia de que, tres semanas antes, la propia Guardia Civil contemplaba un escenario de incremento de los accesos a nado y reclamaba expresamente más efectivos para el Servicio Marítimo de Ceuta.
Todo ello sucede mientras el órgano desde el que se formula esa advertencia permanece sin jefe titular. El último responsable del Mando de Fronteras y Policía Marítima fue el teniente general Manuel Navarrete Paniagua, cuyo nombramiento se publicó en octubre de 2024. En noviembre de 2025 pasó a retiro al alcanzar la edad reglamentaria. Desde entonces, el puesto permanece sin un nombramiento publicado en el BOE.
La vacante no supone que el Mando haya dejado de funcionar. El órgano continúa formando parte de la estructura oficial de la Guardia Civil y mantiene competencias esenciales en materia de fronteras, policía marítima e inmigración irregular. Pero su máxima jefatura continúa sin cubrirse de manera formal casi un año después de la salida de su anterior responsable.
De ese mando depende la vigilancia de protección de fronteras
La propia estructura de la Guardia Civil sitúa al Mando de Fronteras y Policía Marítima como un órgano con nivel orgánico de subdirección general. De él dependen las unidades encargadas de distintas funciones relacionadas con la vigilancia y protección de las fronteras y los espacios marítimos españoles.
La cuestión cobra mayor importancia en el caso de Ceuta porque la presión migratoria por vía marítima no constituye un fenómeno nuevo. La propia nota desclasificada explica que las entradas a nado presentan especiales dificultades para su detección e interceptación temprana y que el cambio en el tratamiento jurídico podía incentivar esa modalidad.
La Guardia Civil planteaba, por tanto, una respuesta eminentemente operativa: más agentes para el Servicio Marítimo, más efectivos especializados en Melilla y mayores capacidades tecnológicas para detectar los movimientos antes de que alcanzasen la costa.
La propuesta, el DAO y Marlaska
El puesto no se cubre mediante un concurso ordinario ni es una designación que corresponda directamente a la Guardia Civil. El Mando de Fronteras y Policía Marítima tiene rango orgánico de subdirección general y está reservado a un teniente general de la Guardia Civil en situación de servicio activo. La estructura del Ministerio del Interior establece además que este mando depende de la Dirección Adjunta Operativa y ejerce sus funciones de acuerdo con las directrices de la cúpula de la Guardia Civil.
El procedimiento de nombramiento deja claro el papel que corresponde a cada escalón. La propuesta parte de la directora general de la Guardia Civil, que actualmente ocupa Mercedes González, y necesita la conformidad del secretario de Estado de Seguridad antes de que el ministro del Interior formalice el nombramiento mediante una orden publicada en el BOE. Así se hizo con el último titular del puesto, el teniente general Manuel Navarrete Paniagua: su nombramiento, publicado en octubre de 2024, fue acordado por Fernando Grande-Marlaska "a propuesta de la Directora General de la Guardia Civil y con la conformidad del Secretario de Estado de Seguridad".
Un riesgo en las entradas a nado
La secuencia deja así un dato difícil de pasar por alto, ya que el órgano de la Guardia Civil especializado en fronteras y policía marítima elaboró el 8 de julio un documento en el que alertaba de un posible aumento de las entradas a nado y proponía reforzar específicamente el dispositivo marítimo de Ceuta. Menos de un mes después, la ciudad autónoma se enfrentó a una entrada masiva de inmigrantes.
No puede afirmarse, a partir de esta nota, que la Guardia Civil hubiera previsto aquella crisis concreta. Sí puede sostenerse que había identificado con anterioridad un riesgo específico relacionado con las entradas marítimas y había planteado medidas para reforzar el dispositivo.
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