El Gobierno quiere frenar el 'boom' de centros de datos con una regulación para autorizar sólo "los mejores"

Una parte lo ve como una gran oportunidad para atraer inversión y dar un salto adelante. La otra como un riesgo de ‘morir de éxito’ con un elevado coste. Los centros de datos se han convertido ya en una infraestructura esencial e imprescindible en una economía digitalizada y que cada vez requerirá más de este tipo de instalaciones. En nuestro país, el anuncio de nuevos proyectos hace años que se suceden dibujando un futuro próximo de gran desarrollo. Sin embargo, desde el Gobierno temen que un crecimiento descontrolado y sin límites podría acarrear un impacto irreparable en el medio ambiente, en el uso de recursos como el agua y la energía o en el precio de la electricidad de nuestro país.

El dilema pasa ahora por cómo poner orden a un desarrollo que promete decenas de miles de millones en inversiones en no pocas comunidades autónomas y miles de puestos de trabajo en el próximo lustro. El regulador y el sector libran ahora una batalla enfrentada por establecer la senda y límites al crecimiento de proyectos que se anuncian.

Un dilema entre inversión y regulación

El de los centros de datos es probablemente uno de los sectores con mayor proyección de crecimiento en los próximos años. Solo en España, en apenas cinco años, el número y potencia instalada de los centros de datos se estima que podría multiplicarse por cuatro o por cinco. Hace años que las grandes compañías tienen la mira puesta en nuestro país y los anuncios de nuevos centros se suceden. Actualmente en España existen cerca de 120 centros de datos y una potencia instalada de alrededor de 430 megavatios. Representa una cifra pequeña si nos comparamos con EEUU y en Europa en comparación con Fráncfort, Londres, Ámsterdam o París.

El proceso de permisos y construcción de un data center puede requerir entre 3 y 5 años. La previsión es llegar en 2030 a unos 2 gigavatios de potencia instalada en centros de datos en España. Pero a la patronal de centros de datos de nuestro país, SpainDC, le preocupa que todas estas previsiones se frustren por el nuevo marco normativo que prepara el Gobierno. En SpainDC aseguran que “nadie está en contra de los objetivos de ser cada vez más eficiente, sostenible y soberano” pero sí “en la forma que se plantea y cómo se ha hecho”.

El real decreto que el Ejecutivo ha presentado para regular los futuros centros de datos que se instalen en España -y para adecuar a un nuevo marco los ya existentes- no les gusta. Y no son los únicos. El decreto por ahora ha recibido ya 600 alegaciones. Recuerdan que están en peligro proyectos muy importantes y que están en peligro parte de los 67.000 millones de euros que se esperan de aquí a 2030 en la implantación de centros de datos en España. Señalan que algunos de los grandes inversores ya han advertido que reconsiderarán sus proyectos si el decreto sale adelante tal y como ahora está planteado.

El rechazo del sector al real decreto

Las principales cuestiones que están provocando el rechazo del sector pasan por la obligación para los futuros proyectos de consumir energía de fuentes renovables procedentes de instalaciones con menos de 18 meses de antigüedad en el momento en que entre a funcionar el centro de datos. A los ya en funcionamiento se les concede seis meses de adaptación a la norma. Además, se obligará a demonstrar cada hora que el 80% de la energía consumida procede de estas fuentes renovables. Esta exigencia exigirá en muchos casos incluir en los proyectos de centros de datos instalaciones de autoconsumo o contratos a largo plazo con compañías eléctricas.

Solo esta exigencia es “imposible de cumplir”, según el sector. Advierten que este tipo de requerimientos supondrían lastrar la competitividad del sector y la fuga de inversores. SpainDC recuerda que compañías como Microsoft han reclamado un marco regulador que ofrezca “seguridad jurídica, previsibilidad y condiciones que permitan seguir impulsando inversiones a largo plazo”. SpainDC cuestiona que las instalaciones que ya están en marcha y cuentan con suelo comprometido, licencias adjudicadas, obras y financiación adjudicadas e incluso con contratos energéticos comprometidos “deban empezar a planificar de nuevo todo desde cero”: “No podemos permitirnos que se nos perciba como el país que cambia las reglas de juego a mitad del partido”, denuncia Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC.

El desarrollo y futuro de los centros de datos afecta especialmente a comunidades como Aragón, Extremadura, Madrid, Andalucía o Castilla-La Mancha, donde se han proyectado algunas de las iniciativas más importantes para los próximos años y a las que afectaría directamente el real decreto que ahora aborda la fase de alegaciones.

"Escoger el mejor proyecto"

El Gobierno insiste en que el crecimiento que se prevé en el sector debe ser ordenado. Apuesta por no acoger todas las iniciativas sino ser más selectivos y “escoger los mejores proyectos”, los que aporten más beneficios “con el menor impacto ambiental y sin provocar subidas de la factura eléctrica”, aseguran fuentes del MITECO. Recuerdan el especial atractivo de nuestro país para captar buenos proyectos por la ubicación privilegiada de España, por su clima y por su “liderazgo en energía renovable”.

Por ello, consideran imprescindibles los requisitos que en materia de sostenibilidad hídrica -uso de agua- y de energía se han establecido, así como de resiliencia.

Entre otras medidas que defiende el decreto gubernamental figura que los centros de datos deberán estar operados por entidades establecidas en la Unión Europea, de modo que los datos que opere el centro se mantengan en territorio comunitario y protegidos del acceso no amparado por el derecho europeo de terceros países.

El riesgo de saturación en las redes eléctricas

El Gobierno quiere además que el desarrollo de este sector en crecimiento no se concentre en un puñado de comunidades autónomas, sino que se abra la puerta al conjunto del país. Considera que las previsiones de crecimiento que maneja la patronal de centros de datos son “irreales” y de algún modo inviables con la infraestructura eléctrica actual. Recuerda que se han concedido ya derechos de acceso y conexión a la red eléctrica por 12 GW. Subraya que comunidades como Aragón han concedido 3,6 GW de acceso a centros de datos, lo que triplicaría, según el Ministerio, la demanda eléctrica de la comunidad. En el caso de Madrid apuntan que hay otorgada una potencia de conexión de 4,1 GW a centros de datos, que duplicaría su consumo.

El Ejecutivo advierte de que sin este tipo de medidas de control España podría verse atrapada en un escenario similar al ocurrido en países como Irlanda, EEUU o Holanda, donde el crecimiento desordenado de este tipo de instalaciones ha derivado en tensiones por el abastecimiento de agua, por el incremento de la tarifa eléctrica y “un fuerte rechazo social”.