900 euros por dormir en un garaje y 6.000 por llegar a la Península: así hacen negocio las mafias con los migrantes en Ceuta

El negocio del tráfico ilícito de migrantes no comienza necesariamente cuando estos suben a una embarcación rumbo a la Península. En Ceuta, una organización investigada por la Policía Nacional habría convertido también el tiempo de espera en una fuente de ingresos. Esta organización cobraba hasta 900 euros al mes por dormir en una plaza de garaje, cantidades adicionales por disponer de un colchón o una manta y entre cinco y diez euros por cargar el teléfono móvil. Para abandonar la ciudad y llegar irregularmente a la Península, la tarifa podía alcanzar los 6.000 euros.

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Ceuta como presuntas responsables de una organización criminal dedicada al favorecimiento de la inmigración irregular y que habría obtenido importantes beneficios económicos aprovechándose de la situación de especial vulnerabilidad de personas migrantes recién llegadas a la ciudad.

La investigación ha permitido reconstruir una estructura que no se limitaba a organizar los desplazamientos hacia la Península. Según las pesquisas, la red se ocupaba también de localizar y captar a personas recién llegadas, proporcionarles alojamiento en espacios precarios, gestionar los pagos y ejercer labores de control sobre quienes permanecían en ellos.

30 euros al día por un lugar donde dormir

El negocio, por tanto, comenzaba antes de la salida de Ceuta. Los migrantes que esperaban una oportunidad para continuar su viaje podían convertirse en una fuente de ingresos mientras permanecían ocultos en garajes, trasteros y otros espacios que no reunían condiciones adecuadas de habitabilidad.

Las pesquisas comenzaron después de que los agentes detectaran de forma reiterada la presencia de personas migrantes en las zonas comunes de un garaje comunitario situado en las inmediaciones de la barriada del Príncipe. La situación había generado la alerta de los vecinos ante la presencia de varias personas que pernoctaban en el suelo, en espacios destinados al estacionamiento de vehículos.

En determinados momentos, alrededor de una veintena de personas habrían utilizado estas instalaciones como lugar de pernocta. Los espacios, según la investigación, no reunían las condiciones adecuadas de habitabilidad.

Sin colchones o mantas

Dormir allí, sin embargo, tenía un precio. Las declaraciones recabadas por los investigadores apuntaron a que algunos de estos alojamientos se ofrecían por cantidades próximas a 30 euros diarios. Mantener ese precio durante un mes supondría unos 900 euros.

El cobro no se limitaba al espacio para dormir. Según la Policía, determinados elementos básicos para el descanso, como colchones o mantas, estaban condicionados al pago íntegro de las cantidades exigidas. Incluso cargar el teléfono móvil se había convertido en una prestación por la que se cobraba. Los investigadores sitúan entre cinco y diez euros el precio de una carga completa.

La organización habría convertido así distintas necesidades cotidianas de personas especialmente vulnerables en fuentes de ingresos. Un lugar donde pasar la noche, una manta o un colchón para descansar y hasta la posibilidad de mantener cargado el teléfono tenían un coste.

Hasta 6.000 euros para salir de Ceuta

El alojamiento era sólo una parte de la actividad investigada. La organización también habría ofrecido a los migrantes la posibilidad de trasladarse irregularmente hasta la Península por cantidades de hasta 6.000 euros.

Para desarrollar esta actividad, sus integrantes habrían asumido diferentes funciones. Mientras algunos se encargaban de localizar y captar a personas recién llegadas, otros gestionaban los pagos y realizaban los desplazamientos hasta los lugares de alojamiento. Otros miembros de la estructura ejercían labores de control sobre quienes permanecían en estos espacios. Esta distribución de tareas habría permitido mantener una estructura de intermediarios alrededor de los responsables de mayor nivel.

La investigación conocida ahora se suma a las operaciones policiales que han puesto de manifiesto el elevado precio que las redes dedicadas al tráfico ilícito cobran por sacar a migrantes de Ceuta. En agosto, la Policía Nacional desarticuló dos organizaciones dedicadas a estos traslados y detectó tarifas de hasta 9.000 euros por persona.

La diferencia en este caso está en lo que sucede antes. La investigación no se centra únicamente en el precio de abandonar la ciudad, sino también en cómo la red habría obtenido ingresos mientras los migrantes permanecían en Ceuta a la espera de una oportunidad para continuar su viaje.

Amenazas para imponer la ley del silencio

El control sobre los migrantes no se habría limitado al dinero. Durante la investigación adquirieron especial relevancia las manifestaciones realizadas por algunas de las personas localizadas, que señalaron haber recibido instrucciones para ocultarse y evitar el contacto con los agentes mientras esperaban la posibilidad de ser trasladadas a la Península.

Los testimonios recogidos por los investigadores apuntaron asimismo a la existencia de amenazas de muerte y coacciones dirigidas contra las víctimas con el objetivo de imponer la ley del silencio y evitar que declarasen contra los responsables de la organización.

El dispositivo policial permitió localizar inicialmente a varios migrantes en situación irregular y personas especialmente vulnerables. Algunas reaccionaron con temor ante la presencia de los agentes que participaban en el operativo.

Posteriormente, varias personas decidieron colaborar voluntariamente con los investigadores y fueron trasladadas a dependencias policiales, donde prestaron declaración. Sus testimonios permitieron reconstruir parte del funcionamiento de la red y determinar las diferentes funciones que presuntamente desempeñaban sus integrantes.

La investigación se ha desarrollado con la coordinación de diferentes plantillas policiales desplegadas tanto en la costa andaluza como a nivel central, que trabajan conjuntamente con la Fiscalía contra la lucha del tráfico ilícito de migrantes.