La Justicia de Madrid cerró 2025 con una carga de trabajo creciente, retrasos en la tramitación de procedimientos y una plantilla que las cuatro jefaturas de la Fiscalía de la Comunidad consideran insuficiente. Este lunes, el Ministerio Público de la comunidad ha presentado su Memoria Anual, que alerta además de los problemas derivados de la implantación de los nuevos tribunales de instancia de la Ley de Eficiencia, que han provocado, según el Ministerio Público, descoordinación entre las oficinas judicial y fiscal, así como "graves retrasos y paralizaciones" en la tramitación de algunas causas.
La fiscal superior madrileña, Isabel Martín, ha presentado los resultados de la memoria durante el acto de apertura del año judicial. La representante de la Fiscalía Superior de Madrid ha reconocido que el número de fiscales aumentó durante el año pasado hasta los 384, frente a los 373 del ejercicio anterior, pero ha advertido de que el incremento "continúa siendo insuficiente para atender el crecimiento sostenido de los asuntos y las crecientes necesidades de especialización".
Martín ha vinculado parte de las dificultades a la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia promovida por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que conlleva la implantación progresiva de los tribunales de instancia. Así, aunque ha defendido de que se trata de una reforma necesaria para conseguir una Justicia "más eficiente, más flexible y mejor adaptada a las necesidades de los ciudadanos", ha advertido de que una reforma de esta magnitud requiere "medios suficientes, planificación adecuada y herramientas tecnológicas capaces de sostener el cambio".
Las distintas fiscalías del territorio han puesto de relieve problemas derivados de la reorganización de las oficinas judiciales, la adaptación de los sistemas de gestión y la coordinación entre los distintos operadores jurídicos. "Las reformas son necesarias. Pero también nos recuerdan que el éxito de cualquier transformación institucional depende tanto de la calidad de las normas como de los recursos destinados a hacerlas efectivas", señaló.
En esta misma línea se ha pronunciado durante su discurso la presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, María Aurora de la Cueva. "No habrá eficiencia sin inversión", ha defendido. "La eficiencia que defiende este tribunal es la que mejora el servicio al ciudadano sin debilitar las garantías constitucionales".
155.650 diligencias previas pendientes
Los datos de la memoria reflejan el volumen de trabajo al que se enfrenta la Fiscalía. Al cierre de 2025 permanecían pendientes 155.650 diligencias previas en la Comunidad de Madrid, frente a las 143.602 del año anterior, un incremento del 8,4%. En la capital se concentraban 95.143. De las diligencias que se cerraron durante el ejercicio, 98.911 terminaron en sobreseimiento provisional, mientras que 32.205 dieron lugar a un procedimiento abreviado.
La situación también se refleja en los señalamientos. Los juzgados de lo penal de la Comunidad celebraron durante el año 20.012 juicios, mientras que 13.698 señalamientos fueron suspendidos, un 11% más que en 2024. En Madrid capital se celebraron 14.420 vistas y se suspendieron 10.118. Las suspensiones aumentaron también un 23% en los juicios por delitos leves, un incremento que la Fiscalía atribuye "probablemente" a la implantación de los tribunales de instancia.
En los delitos económicos, la sección especializada de la Fiscalía Provincial registró 69 suspensiones de juicio frente a 55 juicios celebrados y sentenciados.
35 muertes violentas y cuatro víctimas de violencia de género
La memoria recoge asimismo un aumento de las muertes violentas. Madrid registró 35 en 2025, 14 más que el año anterior, aunque por debajo de las 45 contabilizadas en 2022. Veinte se cometieron con arma blanca y 29 fueron esclarecidas, con 41 detenciones. Cuatro mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Dos de ellas habían presentado denuncias previas y los crímenes dejaron a tres menores huérfanos de madre.
Martín destacó durante su discurso la evolución de la violencia más grave, aunque subrayó que la Comunidad de Madrid "sigue siendo una región segura" y puso en valor la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las instituciones judiciales. También aumentaron los delitos contra la libertad sexual, más de un 7% respecto al ejercicio anterior, con una presencia especialmente significativa de procedimientos en los que las víctimas son menores.
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