España

La declaración de Vivas pone contra las cuerdas al delegado del Gobierno por la crisis de Ceuta

El presidente ceutí aseguró a la Audiencia Nacional que Moncloa le indicó que Pérez Triano era el "cauce" para comunicarle la situación

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ofrece una rueda de prensa, este miércoles en la ciudad autónoma
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ofrece una rueda de prensa, este miércoles en la ciudad autónoma | Europa Press/ Marcos Moreno

Llegó a la Audiencia Nacional treinta minutos antes de la hora prevista. Se sentó ante la jueza María Tardón a las diez de la mañana y no salió hasta ya entrado el mediodía. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pasó dos horas y media desgranando ante la magistrada lo ocurrido "antes, durante y después" de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma el pasado julio. Lo hizo siguiendo la cronología de aquellos días, llamada a llamada, reunión a reunión, hasta desembocar en el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y su papel durante los días previos al traspaso de la frontera por parte de unas 80.000 personas.

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Vivas ha sido el primer testigo del 'caso Ceuta' en declarar ante la jueza Tardón. Se cumplían este miércoles dos meses del inicio de la crisis migratoria en la ciudad autónoma, y el presidente ceutí ha comenzado a reconstruir su relato desde el 27 de julio, cuando mantuvo su primer contacto con Moncloa. Vivas asegura que trasladó a la Presidencia del Gobierno la preocupación por el aumento de las llegadas y por el efecto que podía tener la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente. La respuesta llegó de Diego Rubio, jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que le comunicó que trasladaría el asunto directamente a los ministerios competentes.

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A las nueve de la mañana de ese mismo día, el Ejecutivo de Ceuta se reunía con Pérez Triano en la Delegación del Gobierno. También estaban el jefe superior de Policía y un representante de la Guardia Civil. Sobre la mesa estaban ya más de mil entradas en una semana, el sistema de acogida de menores colapsado y el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) saturado. Según las declaraciones de Vivas ante los medios a su salida de la Audiencia Nacional, trasladó entonces a los presentes que se necesitaba reforzar los efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, declarar la emergencia nacional y establecer un mando único.

Moncloa remitió a Vivas a la Delegación del Gobierno

Vivas aseguró que desde ese 27 de julio intentó contactar con el presidente del Gobierno hasta en diez ocasiones, pero solo tres de sus intentos prosperaron. Y siempre a través del jefe de Gabinete de Sánchez, no del propio presidente. En la última de esas tres llamadas que prosperaron, Rubio pidió a Vivas que "no llamasen más", y le remitió a la Delegación de Pérez Triano como "cauce" para comunicar los pormenores de la crisis migratoria, tal y como detalló el presidente ceutí a los medios.

El 29 de julio, día previo a la entrada masiva, el dirigente de la ciudad autónoma hablaba ya de más de 1.500 entradas y de una sobreocupación del 1.600% en los centros de menores. Ese mismo día consiguió finalmente hablar con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, pero también recibió de ella una indicación que devolvía la gestión a la Delegación del Gobierno en Ceuta: cualquier "cuestión urgente" debía tratarla con Pérez Triano.

Las llamadas entre el Ejecutivo de Vivas y el delegado del Gobierno en la ciudad fueron "prácticamente diarias" en las jornadas previas a la entrada masiva de migrantes. El presidente ceutí llegó así al 30 de julio después de haber trasladado sus advertencias a Moncloa, a varios ministerios y, de forma reiterada, al responsable del Gobierno central en Ceuta. La cuestión que ahora trata de esclarecer Tardón es qué información llegó a esa Delegación y qué se hizo con ella antes de que comenzara la avalancha.

Las contradicciones entre el delegado y su jefe de Gabinete

Esa pregunta tiene ya una respuesta dividida en dos versiones que no encajan entre sí. Entre los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) desclasificados por el propio Gobierno central, un agente del servicio de inteligencia en Ceuta trasladó por escrito a la Delegación, el 29 de julio, que circulaba en redes sociales un llamamiento para intentar entrar en la ciudad por la valla y por mar al día siguiente. Esa misma noche, el agente mantuvo además una conversación telefónica de once minutos con el entonces jefe de Gabinete del delegado, Gonzalo Sanz.

Tras conocerse esos mensajes, Pérez Triano sostuvo que no había recibido ninguna alerta ni informe, y que se trataba de una conversación entre el agente del CNI y su jefe de Gabinete ajena a él. Sanz dijo lo contrario al presentar su dimisión: que la información del CNI se la trasladó al delegado ese mismo día, y que también le informó de la llamada de los once minutos. La contradicción sigue sin resolverse, pero este jueves el exjefe de Gabinete de Pérez Triano se sentará ante la jueza Tardón para declarar como testigo.

En este sentido, la magistrada ya ha pedido a Pérez Triano que entregue todas las alertas, informes, correos electrónicos y documentación operativa relacionada con el riesgo de una llegada masiva entre el 20 de julio y el 7 de agosto, tal y como informó en su momento este periódico. La instructora pidió además que la documentación permitiera identificar a los destinatarios de cada una de las alertas, así como "la fecha y hora de recepción" y las "medidas adoptadas en respuesta a las mismas". 

Tardón acordó incorporar a principios de septiembre la causa que se había abierto en los Juzgados de Ceuta sobre la actuación del delegado del Gobierno. En concreto, sobre sus "decisiones" y posibles "omisiones", tal y como trasladó la Fiscalía de Ceuta en el escrito que presentó para pedir que las diligencias se remitieran a la Audiencia Nacional. Por el momento, Pérez Triano no está formalmente investigado ni la jueza le ha citado a declarar. En la causa previa sobre su actuación que se abrió en Ceuta, la querella de Hazte Oír ponía sobre la mesa que el delegado del Gobierno podría haber incurrido en posibles delitos de prevaricación omisiva, denegación de auxilio y homicidio o lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión.

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