La hoja de ruta de Tardón sobre la entrada en Ceuta: quién la organizó, qué sabía España y quién es responsable

La jueza María Tardón acaba de empezar. La magistrada de la Audiencia Nacional ha pisado esta semana el acelerador de su investigación para reconstruir de principio a fin qué ocurrió antes, durante y después de la entrada masiva en Ceuta de los pasados días 30 y 31 de julio, en la que fallecieron 83 personas. La instructora quiere llegar al origen de la movilización, averiguar quién pudo estar detrás y seguir su rastro hasta la frontera con Marruecos. Pero también quiere reconstruir qué información llegó a las autoridades españolas en los días previos, hasta dónde ascendieron esos avisos y qué decisiones se tomaron al respecto.

Para ello, Tardón ha desplegado una batería de diligencias que van desde el rastreo de los canales utilizados para organizar la entrada hasta el análisis de imágenes de la frontera, los movimientos económicos que pudieron financiarla o la identificación de los agentes marroquíes uniformados y "dinamizadores". También ha reclamado a las autoridades españolas la información que manejaron entre el 20 de julio y el 7 de agosto. En resumen, según la propia instructora, las diligencias sobre comunicaciones digitales "pretenden identificar a los promotores y coordinadores"; las biométricas y audiovisuales, "la identificación de los participantes en los niveles superiores"; y el análisis de la financiación, "esclarecer los mecanismos de apoyo material".

Fuentes cercanas al caso explican que, por ahora, la jueza no tiene previsto seguir ampliando las diligencias hasta recibir todo ese material, pero anticipan que la causa podrá prolongarse por la necesidad de identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales, y de determinar si de todo ello se derivarían eventuales responsabilidades para las autoridades españolas.

Quién organizó la movilización

La primera pregunta que trata de responder Tardón es quién puso en marcha la entrada, adentrándose para ello en las redes sociales y en los canales utilizados para difundir los llamamientos. La jueza ha pedido a las principales plataformas tecnológicas —Meta, Google o Telegram, entre otras— la información que permita identificar los perfiles desde los que se propagaron las convocatorias. De direcciones IP, números de teléfono y correos electrónicos, al historial de conexiones y perfiles utilizados entre el 1 de julio y el 15 de agosto. Todo ello irá a parar a una pieza separada secreta.

La investigación busca además saber si detrás del desplazamiento de miles de personas hubo una estructura económica. La UDEF y la UCO tendrán que analizar los movimientos de dinero relacionados con la movilización y comprobar si se utilizaron sistemas de transferencia informal, como la 'hawala', para financiarla. El siguiente paso será tratar de identificar a quienes estuvieron sobre el terreno, para lo que la jueza ha pedido un análisis biométrico y de reconocimiento facial de los agentes marroquíes que aparecen identificados en el informe elaborado por el CENIF con el objetivo de cruzar sus identidades con las bases de datos de Interpol y Europol.

A partir de ahí la investigación podría avanzar hacia Marruecos. Una vez identificados los agentes, una de las vías sería solicitar su declaración mediante una comisión rogatoria y, en función de lo que aportasen esos testimonios, profundizar en la cadena de mando y en quién pudo dar las instrucciones que siguieron sobre el terreno, según explican fuentes del caso. Es una de las partes de la investigación que más dependerá de la cooperación con Rabat. Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional consultadas por este medio consideran, sin embargo, que todavía es pronto para saber hasta dónde puede llegar la causa y confían en que las autoridades marroquíes colaboren.

Los avisos previos

La otra gran pata de la investigación mira hacia España. Tardón quiere reconstruir qué información manejaron las autoridades durante los días previos a la entrada y, sobre todo, qué ocurrió con ella una vez que llegó a los responsables de los distintos organismos. La jueza ha reclamado a los cuerpos policiales, a Interior, Defensa y los servicios de inteligencia toda la documentación relacionada con el riesgo de una entrada masiva entre el 20 de julio y el 7 de agosto. No busca únicamente conocer qué avisos existieron, sino seguir su recorrido para determinar quién los recibió, cuándo fueron comunicados y qué se hizo después.

También ha pedido las imágenes de la zona de Fnideq y Ceuta-El Trampolín obtenidas durante esos días mediante satélites, drones y otros medios de vigilancia. La instructora busca poner fecha y hora a lo que estaba ocurriendo al otro lado de la frontera y comprobar cómo evolucionó la concentración de personas antes de que comenzara la entrada.

A todo esto se suman los 40 documentos que el Gobierno desclasificó la semana pasada, que la jueza ha pedido incorporar a la causa. Entre ellos figuran los avisos que el CNI había trasladado antes de la avalancha, como el mensaje enviado el 29 de julio a la Delegación del Gobierno en Ceuta en el que un agente advertía de un llamamiento en redes sociales para intentar acceder a la ciudad por la valla y por mar al día siguiente.

Esa misma noche se produjo además una conversación telefónica de once minutos entre el agente del servicio de inteligencia y Gonzalo Sanz, entonces jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Gonzalo Sanz será uno de los primeros testigos que se sentará ante la instructora. Su declaración está fechada para el 1 de octubre, y podrá ahondar en la información que estaba llegando a la Delegación y si esta fue trasladada a Pérez Triano.

Las 83 personas fallecidas

El tercer gran bloque mira hacia las víctimas. Tardón quiere reconstruir cómo se produjeron los 83 fallecimientos y si alguna decisión —o la falta de ella— tuvo algo que ver. Para arrancar este frente, ya ha requerido a las plazas 3 y 4 de la Sección de Instrucción de Ceuta que le remitan las causas abiertas por esas muertes. La jueza ha acordado también diligencias periciales y una reconstrucción audiovisual de los hechos, con el objetivo de ordenar imágenes y testimonios hasta tener una secuencia lo más precisa posible de lo que pasó durante la entrada y qué relación pudo tener con los fallecimientos.

En esta causa se investigan los presuntos delitos contra la paz e independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de organización criminal. Eventualmente, podrían apreciarse supuestos delitos de comisión por omisión si se demuestra esa relación causal, según apuntan fuentes jurídicas. Estas mismas fuentes explican que esas conductas se investigarían en concurso con los posibles homicidios imprudentes derivados de los 83 fallecimientos.

Tardón busca ir dibujando ese mapa con los primeros testimonios. La jueza ha citado como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; a Gonzalo Sanz, que fue jefe de gabinete del delegado del Gobierno; y al jefe de la Policía Local de la ciudad autónoma. Son, según la instructora, testimonios "prioritarios" por la información que pueden aportar sobre lo ocurrido antes de la entrada y sobre la respuesta desplegada cuando comenzó.