La próxima gran ventaja estratégica de China podría no consistir únicamente en desarrollar una inteligencia artificial más potente que la de sus rivales, sino en disponer de un sistema político capaz de imponerle obediencia.

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La hipótesis resulta inquietante porque cuestiona una de las convicciones sobre las que se asienta la confianza occidental en las democracias liberales: que la distribución del poder, el pluralismo y los controles independientes constituyen una fortaleza, no una debilidad. Pero ¿y si, ante una tecnología que exige decisiones rápidas y límites efectivos, esas mismas garantías se convirtieran en un obstáculo?

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Esta es la provocación que plantea Nathan Gardels, director de Noema Magazine, en su artículo "Why China Will Rule AI". Más allá de advertir sobre el ascenso tecnológico chino, Gardels señala una asimetría institucional que a menudo pasa inadvertida. Mientras las sociedades abiertas discuten quién debe gobernar la inteligencia artificial y con qué autoridad, el Partido Comunista Chino dispone de instrumentos para supervisar a las empresas, imponer sus decisiones y subordinar la tecnología a los intereses del régimen.

La cuestión ya no es solo quién desarrolla los sistemas más avanzados, sino quién tiene capacidad para imponerles límites.

Pekín tiene claramente identificadas las grandes amenazas asociadas a la inteligencia artificial, según el inventario expuesto por su ministro de Seguridad del Estado. Entre ellas figuran la desestabilización política e ideológica, los ciberataques, el espionaje y las filtraciones, los monopolios tecnológicos extranjeros, las alteraciones de la gobernanza social y la transformación de la guerra. Son preocupaciones que también comparten otras potencias, especialmente en materia de seguridad y defensa. La diferencia está en cómo las interpreta el régimen chino, para el que la protección del Estado está estrechamente vinculada a la continuidad del poder del Partido y a su control sobre la sociedad.

En ese contexto, la alineación de una inteligencia artificial no consiste únicamente en evitar comportamientos peligrosos o garantizar que respete determinadas instrucciones. También implica su subordinación a los límites ideológicos establecidos por el poder. Las células del Partido presentes en las empresas tecnológicas ilustran esa capacidad de intervención. Las autoridades no dependen exclusivamente de la voluntad de los directivos ni de los compromisos voluntarios de las compañías, porque disponen de estructuras para hacer cumplir sus directrices.

Pero esa capacidad encierra una limitación fundamental. Controlar políticamente una inteligencia artificial no equivale a garantizar su control técnico. Un gobierno puede ordenar que un sistema respete determinadas instrucciones sin que eso demuestre que será capaz de anticipar todos sus comportamientos, detectar sus vulnerabilidades o evitar consecuencias imprevistas. La autoridad para imponer obediencia y la capacidad de garantizar la seguridad son cuestiones diferentes.

Tampoco cabe confundir la estabilidad del régimen con la protección de la sociedad. Una inteligencia artificial puede obedecer a las autoridades y, al mismo tiempo, perjudicar a los ciudadanos, consolidar discriminaciones o restringir su autonomía. Si el objetivo último de la alineación es preservar el monopolio político del Partido, queda pendiente una pregunta esencial: ¿quién controla a quienes ejercen ese poder? La eficacia de una decisión no garantiza su legitimidad.

El 'hándicap' democrático

Las democracias afrontan el problema desde el extremo contrario. La fragmentación institucional, los intereses empresariales enfrentados y la lentitud legislativa pueden impedir que los riesgos tecnológicos reciban una respuesta a tiempo. Las advertencias científicas no siempre se traducen en decisiones, mientras los cambios de gobierno y las dificultades para alcanzar acuerdos internacionales complican la continuidad de las políticas. En una carrera tecnológica, esperar a que todos los actores se pongan de acuerdo puede significar llegar demasiado tarde.

Sin embargo, el pluralismo no es una anomalía que deba corregirse para hacer más eficiente el Estado. La separación de poderes, la independencia judicial y la posibilidad de cuestionar las decisiones permiten detectar errores y evitar que una autoridad convierta sus propios intereses en la medida de lo aceptable. También hacen posible discutir qué valores debe respetar una inteligencia artificial y exigir responsabilidades cuando su uso causa daños. El reto consiste en impedir que las garantías democráticas se conviertan en parálisis, no en suprimirlas para ganar velocidad.

La encíclica Magnifica Humanitas, publicada por León XIV en mayo de 2026, aborda esta dimensión política de la inteligencia artificial y advierte de los riesgos de delegar decisiones que afectan a los derechos y la libertad. La cuestión de fondo es quién responde por las consecuencias de una tecnología capaz de influir en ámbitos cada vez más amplios de la vida humana. Cuanto mayor sea esa capacidad, menos aceptable resultará que las decisiones queden fuera del escrutinio público.

Conciliar libertad y eficacia

Europa debe extraer de esta paradoja una conclusión concreta. No basta con aprobar normas ambiciosas si carece de capacidad tecnológica propia y de medios para hacerlas cumplir. La soberanía digital seguirá siendo una aspiración mientras dependa de infraestructuras y sistemas desarrollados por otros, y mientras los Estados miembros no consigan coordinar sus decisiones ante riesgos compartidos.

La respuesta exige invertir en investigación y talento, reforzar las capacidades tecnológicas europeas y establecer mecanismos independientes para evaluar los sistemas más avanzados. También requiere una coordinación política que permita anticiparse a los riesgos, en lugar de reaccionar cuando sus consecuencias ya sean difíciles de revertir. La regulación debe servir para gobernar la tecnología, no para sustituir la capacidad de hacerlo.

En definitiva, las democracias tendrán que demostrar que el pluralismo no les impide actuar con rapidez y que la eficacia no exige renunciar a la libertad. Su responsabilidad es demostrar que una democracia puede gobernar la inteligencia artificial sin someterse a ella ni someter a sus ciudadanos en nombre de la seguridad. De esa capacidad dependerá que sus valores sigan siendo una fuente de poder y no el inventario de aquello que perdió por no saber ejercerlo.

Beatriz Becerra es psicóloga y escritora. Doctora en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas, fue eurodiputada y vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (2014-2019) y es vicepresidenta y cofundadora de España Mejor.