Justicia cree que Nervis Villalobos falsificó los papeles para su nacionalidad pero descarga la responsabilidad en la notaría

Nervis Villalobos ha decidido este viernes no declarar ante el juez Santiago Pedraz sobre la documentación con la que obtuvo la nacionalidad española a través de la conocida como "ley de nietos". El exviceministro venezolano, investigado por un presunto delito de falsedad documental, había pedido aplazar su comparecencia hasta disponer de los documentos originales que el magistrado le reclamaba. Pedraz rechazó la petición y Villalobos se acogió a su derecho a no responder, aunque su defensa dejó constancia de que está dispuesto a declarar cuando pueda conocer toda la documentación incorporada a la causa.

El juez le había pedido concretamente los documentos que utilizó para acreditar su derecho a acogerse a la Ley de Memoria Democrática, entre ellos los certificados de nacimiento y el pasaporte de su abuela española. Villalobos sostiene que no dispone de esos originales porque fueron entregados presencialmente y en papel al Registro Civil Central y que, por tanto, debe ser la propia Administración la que los aporte al procedimiento.

El Ministerio no tiene responsabilidad

El Ministerio de Justicia, mientras tanto, sostiene que la tramitación de la nacionalidad se ajustó al procedimiento establecido y que no existe ninguna irregularidad atribuible a los funcionarios que intervinieron en ella. Fuentes del departamento consultadas por El Independiente desvinculan expresamente a los empleados públicos de la posible falsedad que investiga Pedraz y apuntan a la documentación aportada y a su certificación notarial.

Las fuentes consultadas consideran importante separar las gestiones que pudieran haber realizado personas del entorno de Leire Díez y las denominadas cloacas del PSOE del expediente que finalmente permitió a Villalobos obtener la nacionalidad.

Villalobos había intentado obtenerla anteriormente por otra vía. Su primera solicitud de nacionalidad por residencia se presentó en febrero de 2017 y denegada en julio de 2020. La segunda se registró en abril de 2024 y volvió a ser denegada en octubre de 2025. Finalmente, obtuvo la nacionalidad mediante la vía prevista en la Ley de Memoria Democrática. Esa solicitud fue estimada el 21 de abril de 2025 y la inscripción quedó formalizada el 23 de octubre de ese año.

La ley de nietos, bajo investigación

Es precisamente esa tercera vía la que está bajo investigación judicial. La llamada "ley de nietos" permite, en determinados supuestos, que descendientes de españoles puedan optar a la nacionalidad acreditando, entre otras circunstancias, que su ascendiente perdió o renunció a la nacionalidad como consecuencia del exilio. La documentación de Villalobos acreditaba, según las fuentes de Justicia, que su abuela española había salido de España en 1954.

"La presunción para otorgar la nacionalidad es que tu antepasado hubiera salido de España entre 1936 y 1955, y él cumplía", explican las mismas fuentes. Es decir, la Administración sostiene que, desde el punto de vista del expediente que recibió, Villalobos aportó documentación que encajaba en los requisitos de la norma. La cuestión que ahora debe determinar Pedraz es si esos documentos eran auténticos.

El magistrado investiga si Villalobos pudo presentar documentación falsificada para acreditar precisamente ese vínculo con su abuela y el supuesto exilio que le permitía acogerse a la Ley de Memoria Democrática. Por eso, cuando lo citó como investigado, no solo le reclamó que explicara el procedimiento, sino que le exigió que aportara los originales de los documentos utilizados en la solicitud.

Villalobos se escuda en el Registro Civil

La defensa sostiene que Villalobos no puede hacerlo porque esos documentos quedaron en poder del Registro Civil Central. Esta semana trasladó al juzgado que la documentación la presentó "de forma presencial y en soporte papel ante el Registro Civil Central" y pidió que se suspendiera la declaración hasta que pudiera recuperarla e incorporarla a las actuaciones. Pedraz mantuvo la comparecencia y el exviceministro optó finalmente por guardar silencio.

La posición de Justicia es que esa circunstancia no convierte en sospechoso el trabajo de los funcionarios que tramitaron el expediente. "El expediente se tramitó conforme a la ley y tras dar el okey cuatro funcionarios", sostienen las fuentes consultadas por este periódico.

De hecho, dos responsables del Ministerio han comparecido esta semana como testigos ante Pedraz y han asegurado que no apreciaron irregularidades en la concesión de la nacionalidad. El miércoles declaró una funcionaria y este viernes lo hizo otro cargo de Justicia después de la comparecencia de Villalobos. Ambos han defendido que el expediente se tramitó conforme al procedimiento.

La responsabilidad del notario

Aquí es donde el Ministerio establece una frontera clara entre la tramitación administrativa y la eventual falsificación documental que investiga el juez. Los funcionarios resolvieron sobre la base de la documentación que tenían delante, mientras que determinar si esa documentación era auténtica corresponde a la investigación judicial. "La Audiencia Nacional le ha imputado por falsedad documental, porque creen que falsificó los documentos. No imputa a nadie del Ministerio, que hicieron todo según procedía", explican las fuentes de Justicia.

El departamento añade un elemento más, ya que destacan que los documentos aportados por Villalobos estaban "adverados por un notario". Por eso, si finalmente la investigación determina que existió una falsificación, Justicia considera que habrá que buscar la responsabilidad en el origen de esos documentos y en quien certificó su autenticidad, no en los funcionarios que tramitaron el expediente.

El 'caso Leire'

Cabe recordar que la nacionalidad de Villalobos había aparecido previamente en las actuaciones del llamado "caso Leire". Pedraz investiga las gestiones que la exmilitante socialista Leire Díez habría realizado en torno a la situación administrativa y financiera del exviceministro venezolano. En diciembre de 2024, Díez escribió: "Necesito hablar contigo de la nacionalidad de Nervis". En enero de 2025 volvió a presionar al abogado Ismael Oliver para retomar esa cuestión y afirmó que Villalobos estaba "muy vulnerable frente a los policías y fiscales".

Esas gestiones son las que han llevado al juez a investigar si existió algún intento de influir en la concesión de la nacionalidad. Pero las fuentes de Justicia niegan que ese interés tuviera efecto alguno sobre la resolución administrativa. Su argumento es que el expediente que estaba en manos de quienes supuestamente intentaban ayudar a Villalobos se denegó antes y que la nacionalidad la obtuvo finalmente mediante otro procedimiento, el previsto en la Ley de Memoria Democrática. La investigación deberá determinar ahora si los documentos aportados para acogerse a esa vía eran auténticos.