El PSOE arranca la campaña electoral sin entregar a Pedraz la lista de abogados que contrató en la etapa de las 'cloacas'

El PSOE ha empezado la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre con una cuenta pendiente en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz, instructor del 'caso Leire', sigue esperando la documentación sobre los abogados y consultoras que el partido contrató entre 2021 y 2025, según han confirmado fuentes jurídicas a El Independiente. El último plazo que le dio vence el próximo lunes, 16 de noviembre.

Fuentes del partido aseguran a este medio que entregarán el listado en plazo. La petición se remonta a principios de octubre, cuando Pedraz requirió al PSOE una relación completa de los abogados, despachos profesionales y consultoras contratados por la formación entre 2021 y 2025, tanto por sus órganos centrales como territoriales, según una providencia a la que tuvo acceso este periódico. También reclamó la documentación que justifique esos servicios y los expedientes internos que se tramitaron en la formación para autorizarlos. La providencia ya dejaba fuera la información que pudiera estar protegida por el secreto profesional.

Ferraz no contestó. Pasadas dos semanas, el juez les dio 48 horas para que entregasen la información. La respuesta de los servicios jurídicos socialistas fue que no podían entregar la documentación todavía. Alegaban que debían preservar el secreto profesional, y advertían de que la campaña electoral estaba mermando su "capacidad de respuesta inmediata" y dificultando la recopilación de la información solicitada. Además, dijeron estar esperando un pronunciamiento del Consejo General de la Abogacía Española acerca de si la información requerida afectaba al secreto profesional.

El 23 de octubre, Pedraz rechazó esos argumentos y fijó un nuevo plazo de quince días, no prorrogable. Según el juez, la consulta ante el Consejo General de la Abogacía Española carecía de todo efecto suspensivo respecto del requerimiento. Le reprochó también que su escrito "no identifica documentos concretos ni extremos determinados respecto de los cuales concurra una efectiva afectación del secreto profesional". Si el partido creía que algún documento está protegido, debía identificar de forma precisa e individualizada los documentos afectados y las razones. Y tampoco aceptó la campaña como excusa.

Los pagos a abogados de las 'cloacas'

Según la investigación, el PSOE habría pagado con fondos del partido a dos letrados investigados en la causa: el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, y el primer defensor del exasesor ministerial Koldo García, Ismael Oliver. Según la UCO, la exmilitante socialista Leire Díez habría promovido el pago, con cargo a fondos de la formación, de los honorarios de ambos. La gerente del PSOE, Ana María Fuentes —también investigada—, firmó sus contratos.

El partido fichó a Teijelo en noviembre de 2024 y le pagó al menos 125.000 euros por servicios de consultoría jurídica. La nota de encargo fija unos honorarios de 250 euros la hora, con un mínimo mensual de 15.000 y un máximo de 25.000 euros. Ante el juez, el letrado explicó que su trabajo consistía en hacer "interpretaciones prospectivas" sobre investigaciones judiciales.

En el caso de Oliver, el PSOE abonó 27.225 euros a su despacho mediante una nota de encargo firmada por la gerente del partido. Después, Oliver transfirió exactamente la misma cantidad a Díez desde otra de sus sociedades, Oliver Gruppe SL, con el objetivo de "romper la trazabilidad" de los fondos. En total, unos 54.450 euros. Además, la supuesta 'fontanera' habría recibido cuatro pagos de 4.000 euros a través de una empresa del exdirigente socialista Gaspar Zarrías.

En su declaración, la gerente descargó en Santos Cerdán la responsabilidad de los encargos y facturas. Según su versión, el entonces secretario de Organización justificaba la contratación de abogados por el elevado volumen de pleitos del partido, y ella solo autorizaba los gastos superiores a 5.000 euros. El juez, en cambio, le atribuye una "indiciaria responsabilidad" en la confección de las notas de encargo que sirvieron para justificar esos pagos.

A finales de julio, Pedraz abrió una pieza separada para reconstruir el recorrido del dinero. Pidió los movimientos de unas 80 cuentas, entre ellas las del PSOE y las de varios investigados.

Una imputación en suspenso

Todo ello se enmarca en el avance de la investigación del 'caso Leire' —o 'caso cloacas'—, en el que el PSOE se enfrenta a la posibilidad de terminar imputado como persona jurídica. A principios de octubre, el Partido Popular pidió al juez investigar a la formación de los de Pedro Sánchez, pero tanto la Fiscalía Anticorrupción como el propio instructor lo consideraron "prematuro".

Según confirmaron entonces fuentes del Ministerio Público a este periódico, apreciaban indicios de presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, pero consideraban que antes de la imputación debían practicarse otras diligencias pendientes. Entre ellas, la declaración del ex 'número tres' de los socialistas, Santos Cerdán, investigado por ser el supuesto cabecilla de una trama creada para torpedear las investigaciones que afectasen al entorno de los socialistas.

Pedraz se alineó con Anticorrupción y decidió mantener en suspenso la imputación del PSOE. En su auto, al que tuvo acceso este periódico, el juez explicaba que con las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento no se acreditaba un "principio de prueba" que permitiese la imputación del partido, y aplazaba la decisión para cuando se hubiesen practicado esas diligencias pendientes.

Todo ello durante el arranque de la pre-campaña por el 29-N. Sin embargo, tal y como informó este periódico, la convocatoria para los comicios no implica la paralización de las actuaciones judiciales. Fuentes jurídicas explicaron a este medio que el procedimiento seguiría su curso durante la campaña y que el juez podrá continuar acordando declaraciones y nuevas diligencias. Otra cuestión son aquellas actuaciones que, sin ser urgentes, puedan tener un impacto político especialmente directo.