Blablacar se ha lanzado a una batalla legal para poner freno a las sanciones de la Comunidad de Madrid contra la propia compañía y contra dos de sus conductores. La empresa, a través de su matriz francesa Comuto SA, presentó ayer mismo una denuncia ante la Comisión Europea contra España, dado que la legislación comunitaria obliga a emprender acciones legales contra estados miembro, no contra regiones concretas.

La Comunidad de Madrid sancionó el pasado octubre a Blablacar y a dos usuarios por ofrecer servicios de transporte público sin disponer de la licencia administrativa preceptiva. La compañía esgrime que su actividad no es la de una empresa de transportes, sino que Blablacar es tan sólo una aplicación digital que funciona como una red social para poner en contacto a particulares que quieren compartir coche y repartir los gastos del viaje.

«Compartir coche es igual de legal hoy de lo que lo ha sido siempre», ha dicho hoy Jaime Rodríguez de Santiago-Concha, director general de Blablacar para España y Portugal. «Las sanciones de la comunidad de Madrid se basan en la exigencia de unas licencias que ni Blablacar ni sus usuarios necesitan en ninguna parte de Europa. No somos una compañía de transporte, somos una red social de viajes».

Aunque los conductores de ofrecen su coche en principio no obtienen un beneficio por hacerlo, y que tan sólo han de compartir los gastos del viaje, la plataforma sí cobra una comisión a sus usuarios y es en ese ingreso al que se agarran los detractores de Blablacar para acusarle de ofrecer de manera fraudulenta un servicio de transporte. El Ejecutivo regional de Cristina Cifuentes interpreta que tanto la plataforma como los usuarios que ponen a disposición su coche para otros viajeros han de tener la licencia administrativa para prestar servicios de transporte de pasajeros. El resultado es que la Comunidad de Madrid ha impuesto una multa de 4.001 euros a cada uno de los conductores sancionados y otras tres multas por un importe conjunto de 8.800 euros directamente a la compañía.

La denuncia en Bruselas contra España se produce a la espera de que un juzgado de Madrid dicte la sentencia que enfrenta a Blablacar con la patronal de autobuses Confebús. El juez debe dictaminar a la postre en esa sentencia si la actividad de la plataforma online es la de una empresa de transporte y, por tanto, se trataría de competencia desleal como denuncia Confebús al no cumplir con la reglamentación del sector del transporte de viajeros; o, por el contrario, si sólo es una red social que pone en contacto a usuarios y, por ello, está regulada por la directiva comunitaria de los servicios de la sociedad de la información. Una decisión que podría derivar en la prohibición para Blablacar de operar en España o, en todo caso, obligarle a transformar su modelo de negocio.

España como excepción

«Blablacar opera en 22 países y España es el único en el que tiene problemas», se queja Rodríguez. La plataforma, que está presente en España desde 2010 y que cuenta en el país con 3 millones de usuarios (de los 35 millones con que cuenta en todo el mundo) considera que con su actuación la Comunidad de Madrid es contraria al derecho de la Unión Europea, ya que vulnera la Directiva sobre Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, así como la libertad de establecimiento de empresas y de prestación de servicios dentro del mercado único por los que velan los tratados de la UE.

«En ningún país de la UE se requiere licencia ni a Blablacar ni a sus usuarios y, de hecho, el coche compartido se fomenta desde los gobiernos de países como Francia o Italia. Mientras, España es el primer país en el que se ha tratado de obstaculizar esta actividad», apuntan desde la compañía.

Blablacar asegura que ha presentado la denuncia en Bruselas, sin esperar a que el juez decida sobre la legalidad de la naturaleza de su servicio en el mercado español, porque la Comunidad de Madrid ha cumplido su amenaza de seguir realizando inspecciones contra conductores que están a punto de iniciar su viaje junto a otros usuarios. Y, además, por «el enorme daño reputacional» que han supuesto las declaraciones del director general de Transportes madrileño poniendo en duda la legalidad del servicio de Blablacar, que ha provocado que se disparen las consultas de usuarios a la compañía por el temor a estar cometiendo alguna infracción.