La Seguridad Social se enfrenta a un déficit del 1,6% del PIB en 2016, algo más de 16.000 millones de euros. Y subiendo, porque la previsión es que los alrededor de 9,5 millones de beneficiarios de pensiones contributivas sigan aumentando a golpe de envejecimiento.

En esta tesitura, la ministra de Empleo, Fátima Báñez ha comparecido este martes en la Comisión del Pacto de Toledo para dejar claro que la situación es “complicada” y que hacen falta ingresos. Según ha asegurado, el hecho de que los ingresos por cotizaciones no alcancen en estos momentos para pagar las pensiones no se debe a una mala gestión del Ejecutivo, sino a una destrucción “masiva” de más de tres millones de puestos de trabajo durante la crisis.

Ahora el empleo se recupera, la tasa de paro ya ha bajado del 20% y se han creado casi 600.000 puestos de trabajo en el último año. Pero no es suficiente. Báñez también ha señalado que deben jugar un papel importante en el plano de los ingresos de la Seguridad Social la productividad por trabajador, las políticas de impulso a la natalidad o la inmigración. Y tampoco es suficiente, hacen falta medidas de ingresos a corto plazo.

En este punto en el que la ministra de Empleo, quien ha encomendado al Pacto de Toledo la responsabilidad última de decidir qué medidas adoptar, ha puesto sobre la mesa una serie de soluciones a corto plazo que pasan, a grandes rasgos, por financiar parte de los actuales gastos del sistema público de pensiones con impuestos, hacer pagar más cotizaciones a los trabajadores autónomos y seguir recaudando por la lucha contra el fraude.

Las reducciones de cotizaciones, a los Presupuestos

La primera medida planteada, por novedosa, es el trasvase del impacto económico de las reducciones de cuotas a la Seguridad Social del sistema a los Presupuestos.  Actualmente, existen reducciones que persiguen favorecer la apertura de negocios y la creación de empleo, que suponen un agujero implícito para la Seguridad Social.

Actualmente, existen reducciones que persiguen favorecer la apertura de negocios y la creación de empleo, que suponen un agujero para la Seguridad Social.

 

Con esta medida, lo que plantea Empleo es que la Seguridad Social siga recibiendo todos los ingresos por cotizaciones que le corresponderían y que la reducción de las cotizaciones sea soportada por la vía de los impuestos. De reducciones a bonificaciones.

Fuentes de la Seguridad Social han cifrado el trasvase de esta medida en algo más de 1.800 millones de euros, el equivalente a alrededor del 0,2% del PIB,  y han asegurado que cuenta con el beneplácito del Ministerio de Hacienda.

Fuentes de la Seguridad Social han cifrado el trasvase de esta medida en algo más de 1.800 millones de euros

En años anteriores, el impacto de las reducciones sobre la ejecución del gasto alcanzó los 771 millones en 2013  –año de entrada en vigor de la ‘tarifa plana’ para autónomos–, los 1.286 millones en 2014 –entrada en vigor de la ‘tarifa plana’ para la contratación—y los 1.921 millones en 2015, según datos del Ministerio de Empleo.

Dentro de estas reducciones se incluyen las conocidas como ‘tarifas planas’: la reducción de 50 euros de cotización durante seis meses para los nuevos autónomos, que el Gobierno se plantea ampliar a un año, y la de 500 euros en la base de cotización mensual por contingencias comunes para las empresas que contraten a trabajadores indefinidos  con un incremento neto de plantillas. En este caso, la medida finalizó su vigencia el pasado mes de agosto, al estar el Gobierno en funciones, pero es previsible que se recupere.

En este caso, la cuantía de este trasvase no está cifrada, en tanto que aún no hay Presupuestos para 2017. Sin embargo, las cuentas anuales de 2016 cuantificaron este impacto en 2.100 millones el impacto para este año.

Las reducciones y bonificaciones encaminadas a la generación de empleo, en general, y las ‘tarifas planas’, en particular, han sido duramente criticadas por los sindicatos, que han denunciado precisamente el agujero que suponen para las cuentas de la Seguridad Social y su escasa efectividad.

En su favor, desde Empleo se defiende que el gasto en estos instrumentos casi no ha variado entre 2011 y 2015, al pasar de los 3.204 millones de euros a los 3.371 millones, respectivamente. Lo que ha cambiado, en cambio, es que si en 2011 se perdían 225.000 empleos, en 2015 se recuperaron unos 500.000. La razón, según Empleo, es que el gasto se ha destinado con mayor criterio a través de la ‘tarifas planas’ para autónomos y el fomento del empleo estable.

Por otro lado, Báñez ha apostado por sacar las pensiones de muerte y supervivencia (viudedad, orfandad y a favor de familiares), que suponen un coste anual de unos 20.000 millones, del ámbito contributivo al no contributivo. Esto supone, dejar de pagarlas con cotizaciones y hacerlo con impuestos.

Báñez ha recalcado que este cambio “no significaría cambiar la naturaliza jurídica de las prestaciones”, algo que se teme del PSOE. Concretamente, los socialistas han mostrado su preocupación por que, una vez se saque su financiación del ámbito de la Seguridad Social, estas prestaciones puedan eliminarse como un partida presupuestaria más.

Los autónomos deben cotizar más

El segundo pilar de este recate de las pensiones públicas se encuentra en el empleo autónomo.  Según ha asegurado Báñez, el Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA) aporta 7.000 millones de euros al déficit de la Seguridad Social.

El Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA) aporta 7.000 millones de euros al déficit de la Seguridad Social

La razón de este otro agujero, según Empleo, es que casi el 90% de los autónomos cotizan por la base mínima. Y no solo Empleo, sino también las propias organizaciones de autónomos han tratado de reducir este porcentaje, por cuanto un autónomo que cotiza por la base mínima tendrá menor nivel de protección cuando se retire.

Lucha contra el fraude en el empleo

Finalmente, Empleo apuesta por seguir incrementando los ingresos del sistema por la vía de la lucha contra el fraude fiscal. Según los datos que maneja empleo, a lo largo de este año se han aflorado 395.976 empleo fraudulentos y se han destapado más de 5.500 empresas ficticias. Hasta la fecha, Empleo estima un ahorro desde el inicio de la legislatura de 16.600 millones por esta vía.