La Seguridad Social se ha convertido en un bote lleno de vías de agua y el Pacto de Toledo está llamado a taparlas con urgencia para evitar el naufragio. Pero no todos los agujeros son igual de grandes. Si el Plan Presupuestario 2017 remitido a Bruselas cuenta con que la Seguridad Social cierre el año con un déficit del 1,7% del PIB, alrededor de los 18.000 millones de euros, solo el Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA) es el responsable a estas alturas de 7.000 millones, prácticamente la mitad.

No es de extrañar por ello que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, aprovechara su comparecencia ante el Pacto de Toledo para señalar a los autónomos como uno de los caminos para lograr equilibrar las cuentas de la Seguridad Social. La orientación de la propuesta de la ministra es la misma que la expresada en el acuerdo entre PP y Ciudadanos, en la que se apostaba por “fortalecer la protección social de la que disfrutan los trabajadores autónomos, para hacerla equiparable a las prestaciones del régimen general, siguiendo el principio de que a igualdad de contribución debe corresponder igual grado de protección social”.

Más del 80% de los autónomos cotiza por la base mínima

Tras esta aseveración se encuentra una llamada a los autónomos para que coticen por encima de las bases mínimas. Actualmente, algo más del 80% de estos trabajadores por cuenta propia se decantan por esta opción, lo que supone una menor contribución al sistema de pensiones por parte de este colectivo. Para añadir más leña al fuego en la comparativa con el resto de regímenes, mientras que del año 2005 al 2015 el incremento de la base mínima del RETA fue un 14,8%, el del Régimen General superó el 26%.

Incluso las organizaciones representativas de los autónomos llaman al colectivo a aumentar sus bases de cotización y al Gobierno a destopar las máximas con la idea de poder contar con mejores prestaciones y durante más tiempo en un futuro.

La otra rémora del régimen especial agrario

Pero estas organizaciones también piden al Gobierno que reconozcan que no todo el dinero se va por las cotizaciones y que que parte del agujero del RETA proviene de la incorporación a partir de 2008 a los trabajadores autónomos del Sistema Especial del Régimen Agrario (SETA).

El SETA se creó en los años 60 para dar cabida y protección a los empleados del campo. Sin embargo, el Pacto de Toledo recomendó simplificar el entramado de la Seguridad Social y asimilar la parte del SETA integrado por trabajadores por cuenta ajena en el RETA a partir de ese año. Con ello se produjo la inclusión de cientos de miles de trabajadores con cotizaciones inferiores aún a las de los autónomos y con cifras de jubilación crecientes.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha indicado a El Independiente que si no fuera por esta fusión “el RETA sería rentable”, mientras que el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, cree que, la cuestión no llega tan lejos, pero que “gran parte del déficit se explica por el régimen agrario”.

Los autónomos replican al Gobierno que no todo el dinero se va por las cotizaciones y que que parte del agujero del RETA proviene de la incorporación a partir de 2008 a los trabajadores del campo.

El informe sobre el desarrollo del Pacto de Toledo entre 2011 y 2015 elaborado por el Ministerio de Empleo indica que en 2008 había 3,1 millones de trabajadores autónomos y 234.836 trabajadores del campo incluidos en el SETA. En la práctica, ello habría supuesto incluir nuevos cotizantes al sistema. Sin embargo, mientras que el RETA contaba entonces con algo más de un millón de pensionistas, en el caso del SETA, el número de beneficiarios de pensiones triplicaba al de los cotizantes, de acuerdo con las cifras que maneja ATA.

Desde las organizaciones de autónomos defienden que, a raíz de esta asimilación de regímenes, el RETA pasó en poco tiempo a contar con 1,9 millones de pensiones que sufragar y se deterioró la proporción de cotizantes por cada jubilado.

Los jubilados agrarios en aumentos, los cotizantes autónomos retroceden

Por el lado de los ingresos, el efecto también ha sido negativo para el régimen de autónomos. Por un lado, la edad media de los trabajadores autónomos era en el momento de la redacción del informe de 46 años, una edad que podría haber descendido a raíz de la implantación desde 2013 de la ‘tarifa plana’ de 50 euros en las cotizaciones para los nuevos autónomos, destinada a aquellos que ponen en marcha su primer negocio. Sin embargo, los trabajadores pertenecientes al SETA, el mayor porcentaje se encuentra entre los 50 y 64 años, con lo que es más tendente a sumar jubilados que nuevos cotizantes.

De hecho, los datos que maneja UPTA indican que el gasto en pensiones del RETA se ha incrementado en unos 120 millones mensuales desde 2012. Esta cifra es prácticamente la mitad de los 200 millones que la organización calcula que el RETA suma a su déficit cada mes por el desfase entre unos ingresos medios de 1.227 millones y unos gastos de 3.200 millones.

Además, si las bases de cotización de los trabajadores autónomos son bajas, las de los trabajadores del campo son inferiores. La base mínima, por la que cotizan más del 80% de los autónomos es de 893,1 euros, con lo que una vez aplicados los tipos correspondientes, se queda en una cuota de menos de 280 euros mensuales. Por su parte, los trabajadores agrarios, que en más de un 90% de los casos cotizan por el mínimo, cuentan con unas bases iguales, pero con un tipo de cotización inferior hasta bases del 120% de la mínima. Esto hace que el pago final en los mismos casos no alcancen los 300 euros.

Resultado de todo ello, desde ATA aseguran que los 190.000 cotizantes agrarios dentro del RETA, 155.000 menos que en 2008, aportan unos ingresos de alrededor de 700.000 euros anuales, el 6% del total, mientras que el gasto que arrastran sus 850.000 pensionistas, hasta 50.000 más durante este periodo, asciende a 6.800 millones de euros anuales, el 40% del total y una cifra muy parecida a la que supone el déficit acumulado del RETA.